25 Mayo 2008
FRUSTRADO ANHELO. Numerosas personas que se reciben de docente después de los 35 años, no pueden ejercer. LA GACETA / ANTONIO FERRONI
La edad se ha convertido en el principal elemento de discriminación para el acceso laboral en nuestro país. En los avisos de solicitud de personal habitualmente se indican topes de edad que excluyen a personas mayores de 35 años.
Aunque parezca insólito, el propio Gobierno de Tucumán auspicia esta clase de discriminación. Entre las denuncias más frecuentes que recibe la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) en el rubro laboral, se destacan las de docentes que no pueden acceder a inscribirse en la Junta de Clasificación. Una disposición del Ministerio de Educación no admite que ingresen al padrón personas mayores de 35 años.
"Hay mucha gente que ha podido recibirse de maestro o profesor después de los 30 años, cuando pudo acomodar un poco su vida y continuar los estudios. Por ejemplo, gente que trabaja en la administración pública y que pudo obtener un título de profesor. Pero no pueden ejercer a raíz de este límite de edad", explicó la delegada, Graciela Cárdenas.
En el organismo también se reciben denuncias de personas que están en edad de jubilarse y no quieren dejar de trabajar porque les gusta lo que hacen. Además, se niegan a retirarse porque saben que van a cobrar una jubilación miserable.
"Por otra parte, también hay otras personas que se acaban de recibir y quieren ejercer, pero no pueden porque los cargos están ocupados por adultos mayores -admitió Cárdenas-. El problema es complejo. En realidad, cualquier persona después de los 65 años debería gozar de una buena jubilación. No verse obligada a seguir trabajando porque no le alcanza el sueldo".
La precarización
Un reciente dictamen del Inadi señala que, durante la década del 90, la precarización laboral y el desempleo tuvieron como resultado en la Argentina la expulsión del mercado laboral de una enorme cantidad de personas mayores. Muchos sin tener la edad suficiente para acogerse a la jubilación. Otros, no incluidos en sistemas previsionales, al tiempo que los que accedieron al sistema jubilatorio encuentran que los ingresos son mínimos y no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.
La reseña consigna también que las diferencias cada vez más agudas entre ricos y pobres se proyectan con mayor fuerza sobre las personas de la tercera edad carentes de recursos, excluidas por la sociedad y sin políticas públicas adecuadas por parte del Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, agudizando los niveles de marginación y discriminación hacia los adultos mayores de los sectores más pobres.
"La exclusión del adulto mayor del ámbito productivo se hace extensiva también a otras facetas de la vida. Se despoja a las personas mayores de todo potencial activo y creativo, en la vida sexual, afectiva, y en todo otro ámbito familiar, social, laboral, profesional o político", agregó la delegada.
Con respecto a la ley que impide el trabajo en el ámbito docente por motivos de edad, el Inadi sostiene que estos motivos "resultan claramente arbitrarios e inconstitucionales". A pesar de que el organismo notificó de este dictamen al Ministerio de Educación y giró las actuaciones al Poder Legislativo de la provincia, en noviembre del año pasado, todavía no se tomaron medidas para corregir la norma. "Se sigue presentando gente que viene a reclamar por esta situación. No ha cambiado nada", comentó la representante.
Aunque parezca insólito, el propio Gobierno de Tucumán auspicia esta clase de discriminación. Entre las denuncias más frecuentes que recibe la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) en el rubro laboral, se destacan las de docentes que no pueden acceder a inscribirse en la Junta de Clasificación. Una disposición del Ministerio de Educación no admite que ingresen al padrón personas mayores de 35 años.
"Hay mucha gente que ha podido recibirse de maestro o profesor después de los 30 años, cuando pudo acomodar un poco su vida y continuar los estudios. Por ejemplo, gente que trabaja en la administración pública y que pudo obtener un título de profesor. Pero no pueden ejercer a raíz de este límite de edad", explicó la delegada, Graciela Cárdenas.
En el organismo también se reciben denuncias de personas que están en edad de jubilarse y no quieren dejar de trabajar porque les gusta lo que hacen. Además, se niegan a retirarse porque saben que van a cobrar una jubilación miserable.
"Por otra parte, también hay otras personas que se acaban de recibir y quieren ejercer, pero no pueden porque los cargos están ocupados por adultos mayores -admitió Cárdenas-. El problema es complejo. En realidad, cualquier persona después de los 65 años debería gozar de una buena jubilación. No verse obligada a seguir trabajando porque no le alcanza el sueldo".
La precarización
Un reciente dictamen del Inadi señala que, durante la década del 90, la precarización laboral y el desempleo tuvieron como resultado en la Argentina la expulsión del mercado laboral de una enorme cantidad de personas mayores. Muchos sin tener la edad suficiente para acogerse a la jubilación. Otros, no incluidos en sistemas previsionales, al tiempo que los que accedieron al sistema jubilatorio encuentran que los ingresos son mínimos y no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.
La reseña consigna también que las diferencias cada vez más agudas entre ricos y pobres se proyectan con mayor fuerza sobre las personas de la tercera edad carentes de recursos, excluidas por la sociedad y sin políticas públicas adecuadas por parte del Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, agudizando los niveles de marginación y discriminación hacia los adultos mayores de los sectores más pobres.
"La exclusión del adulto mayor del ámbito productivo se hace extensiva también a otras facetas de la vida. Se despoja a las personas mayores de todo potencial activo y creativo, en la vida sexual, afectiva, y en todo otro ámbito familiar, social, laboral, profesional o político", agregó la delegada.
Con respecto a la ley que impide el trabajo en el ámbito docente por motivos de edad, el Inadi sostiene que estos motivos "resultan claramente arbitrarios e inconstitucionales". A pesar de que el organismo notificó de este dictamen al Ministerio de Educación y giró las actuaciones al Poder Legislativo de la provincia, en noviembre del año pasado, todavía no se tomaron medidas para corregir la norma. "Se sigue presentando gente que viene a reclamar por esta situación. No ha cambiado nada", comentó la representante.
Lo más popular
