La realidad embarga lo que la estadística oculta

Cuentan que un encumbrado funcionario del Gobierno prefirió no observar el último informe sobre la incidencia de la Pobreza y de la Indigencia, elaborado y difundido el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Y no lo hizo porque las cifras resultaron negativas para el aglomerado urbano del Gran San Miguel de Tucumán. Simplemente consideró, en su fuero interno, que la pobreza había bajado, pero no al punto de tener a sólo el 29% de la población urbana bajo la línea de pobreza. Como el silencio es salud y se cotiza en la Bolsa de Valores K, prefirió callar, con todo el riesgo que ello implica ante los ojos de una sociedad cada vez más incrédula de las estadísticas oficiales.
Sin embargo, la realidad embarga a cada uno de los miembros del gabinete del gobernador José Alperovich. Si bien es cierto que la situación cambió en gran parte de los barrios periféricos del Gran San Miguel de Tucumán, durante los últimos años, no es menos cierto que la recuperación de la economía nacional no redistribuyó la riqueza de un modo más proporcionado. La clase media baja y los pobres de ayer siguen siendo los más vulnerables de la Argentina de hoy. Ascender en la escala social cada vez es más difícil cuando los precios suben por el ascensor y los índices oficiales por la escalera.
De ello dio cuenta el presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto ("se percibe que aumentó la pobreza") y generó la ira de los colaboradores de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El "índice" de la Iglesia se basa en los relevamientos que realizan las cáritas parroquiales, donde -según el obispo de San Isidro- se incrementó el pedido de alimentos. Pero también tiene sustento científico: los pobres son más pobres que en 2003 y la inflación puede arrastrar a la clase media a un escalón inferior en su condición social si el Estado no frena el aumento de precios. Palabras más, palabras menos, esa es la conclusión a la que arriba un informe de la Universidad Católica Argentina, sobre el Barómetro de la Deuda Social Argentina 2008.

El autoengaño
Los problemas en el Indec se agudizaron a principios de 2007, cuando el Gobierno decidió intervenir el organismo y los precios.
Desde entonces, los cuadros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), con los que se elaboran los indicadores socioeconómicos, fueron guardados bajo siete llaves y ni el público en general ni los consultores ni los directores de Estadística provinciales pueden acceder a ello. Se centralizó la información y nadie sabe cómo surgen los resultados que se difunden.
El daño al sistema estadístico nacional está hecho. La sociedad, desde hace tiempo, se divorció de los informes que difunde el Indec. Sin embargo, el Gobierno se obstina en quedarse en ese escenario de autoengaño sobre la realidad social y económica. Contar mal la cantidad de pobres no contribuye a generar políticas públicas que posibiliten a unos 10 millones de argentinos escalar en la pirámide social. Aún más, se intenta disimular la situación social con la vigencia de planes asistenciales que cambian de denominación, pero no de beneficiarios. Sólo así puede explicarse que en el país queden 670.000 planes Jefes de Hogar Desocupados y que en Tucumán la cifra llegue a 23.326 casos. Las colas en las entidades oficiales para cobrar el plan demuestran que son muchos más los asistidos por la mano estatal. Negar la inflación también genera riesgos. El Gobierno intenta, por todos los medios, presentar a la sociedad un escenario de estabilidad de precios, pero las góndolas lo desmienten. Sin ir más lejos, analizando el comportamiento del cobro de Ingresos Brutos, puede llegarse a una primera conclusión: este año la inflación en Tucumán rozaría el 23%, un porcentaje que tritura el poder adquisitivo del asalariado y los informes oficiales que hablan de reducción de la pobreza.