Las irregularidades pueden llegar a los Tribunales

Como tales, los tribunales de cuentas cumplen dos funciones específicas, una administrativa y la otra -que se relaciona con las características propias de un tribunal-, jurisdiccional. "En este último caso, está muy conectada con la gestión de los recursos públicos. Siempre que haya dinero del Estado de por medio, es tarea del Tribunal de Cuentas (TC)", explicó uno de los vocales de ese organismo, Sergio Díaz Ricci.
La fase administrativa, según explicó, comienza con un control preventivo y finaliza con la aprobación de la rendición de cuentas. La etapa jurisdiccional se inicia cuando esta rendición no está debidamente documentada o cuando se dañó el patrimonio del Estado. En otras palabras, estas dos situaciones derivan en un juicio de cuentas y en uno de responsabilidad, respectivamente.

Sin control preventivo
Díaz Ricci destacó que, por una imposibilidad operativa, en las comunas rurales no se realiza un control preventivo, a la vez que advirtió que la aprobación de la rendición de cuentas muestra facetas particulares. "Es imposible controlar preventivamente las 93 comunas; tendríamos que tener un cuerpo de 93 contadores. Ellos rinden cuentas al final", explicó el abogado.
Los balances de las delegaciones rurales se presentan cada dos meses. Sin embargo, no es el TC el que recibe estos números, sino el Ministerio del Interior. Una vez que esta cartera da el visto bueno, recién recaen en el órgano de contralor. "El ministerio puede devolverlos para que los corrijan. Pero si pasa un tiempo en que no han sido presentados, nosotros iniciamos un juicio de cuenta", aseguró. Según el vocal, el proceso se inicia con un sumario al comisionado que adeuda los informes. Este es un paso previo que funciona como advertencia; mientras dura, el delegado puede intentar justificar los gastos. Si esto ocurre, el sumario finaliza sin pasar a la siguiente etapa. Pero si el funcionario no puede explicar sus gastos o los aclara parcialmente, sobreviene el juicio de cuentas.
Durante este proceso, el instructor del Tribunal (que hace las veces de fiscal) pide pruebas y el delegado debe cumplir con esto. "Puede ser que, en su momento, el comisionado no haya realizado una correcta rendición pero que, durante el juicio, aporte las pruebas. Si es así, incluso podría terminar sobreseído", puntualizó.
En caso de que el comisionado no pueda justificar los gastos, el Tribunal establece el cargo fiscal, que es el resultado de lo que no está rendido menos lo que pueda justificar el cuentadante. Es decir, si no se informó el gasto de $ 100 en su momento, pero durante el juicio se justifican $ 75, el cargo fiscal que deberá pagar el delegado será de $ 25. Pero si no se aclara ningún gasto, el cargo fiscal será del total: $ 100. La base de este monto es el cruce de pruebas del instructor y el comisionado rural cuestionado. El delegado tiene, entonces, dos opciones: o lo devuelve o se somete a un proceso en los tribunales ordinarios.
En el caso de que durante el juicio de cuentas se haya detectado la existencia de una maniobra ilícita, el Tribunal pone en conocimiento del fiscal de turno la situación puesto que el organismo no puede realizar la investigación penal. "Pero seguimos adelante por el cargo fiscal: una cosa es el ilícito y otra es la deuda que se tiene con el Estado. El problema es cuando se lo cita al delegado comunal y este no concurre. Entonces, como en todo juicio, se lo declara rebelde; se publica en el Boletín Oficial y se sigue el proceso en rebeldía", aseveró el vocal del Tribunal de Cuentas.