A partir del segundo mandato de la actual gestión, que comenzó el pasado 29 de octubre, los 93 comisionados rurales viene demostrando un cumplimiento sin fisuras en materia de presentación de rendiciones de cuentas. Sin embargo, las cuentas públicas de las comunas distan mucho de encontrarse regularizadas.
Esto surge de la estadística que conforman las acordadas que dictó el Tribunal de Cuentas en lo que va de este año, referidas a la realidad financiera de las delegaciones del interior.
Según pudo constatar LA GACETA, el organismo técnico de control estatal ordenó, desde el 3 de enero, la sustanciación de 67 juicios de cuentas en contra de responsables del erario de esas administraciones. De ese total, 64 procesos corresponden a comisionados y a secretarios habilitados que se desempeñaron sus cargos en el mandato anterior de esta gestión: 2003-2007. En ese grupo hay 16 delegados rurales que fueron reelectos y que hoy siguen al frente de sus comunas (ver "Los reelectos").
En deuda
El juicio de cuentas es un procedimiento que el ente de contralor encara cuando el titular de una delegación rural no puede justificar los gastos, o cuando sólo entrega comprobantes por un monto parcial de las erogaciones. Tal como explica el vocal Sergio Díaz Ricci, durante ese proceso se puede completar la documentación, con lo que el expediente se da por cerrado, o no. En este último caso, el funcionario electivo debe reintegrar de su patrimonio los recursos injustificados.
En este contexto, cabe precisar que de los juicios de cuentas sustanciados en lo que va de 2008, 38 fueron iniciados porque los delegados comunales o los secretarios habilitados de la gestión anterior no "regularizaron" (ese es el término que emplea el Tribunal de Cuentas) rendiciones de cuentas sobre las cuales se formularon observaciones.
En total, se adeuda a la entidad oficial documentación respaldatoria para justificar gastos por $ 4,8 millones.
Paralelamente, se encararon 26 juicios de responsabilidad contra autoridades de la gestión anterior que adeudan la presentación de los balances bimestrales en los que deben dar cuenta de los ingresos y de los egresos de la administración. En total, el Tribunal de Cuentas reclama 60 rendiciones sobre el uso de los recursos públicos.
Finalmente, hay otros tres procesos administrativos en los que también se reclaman 31 balances bimestrales, pero correspondientes a gestiones comunales que tuvieron lugar durante otras gobernaciones. Concretamente, se exigen ocho balances de Alto Verde y Los Guchea, correspondientes a 1998 y 1999; 11 rendiciones de cuentas de Los Sarmientos y Las Tipas, correspondientes a 1993 y 1994 y 12 balances de la comuna de Tapia, también del bienio 1993 y 1994.
Esto surge de la estadística que conforman las acordadas que dictó el Tribunal de Cuentas en lo que va de este año, referidas a la realidad financiera de las delegaciones del interior.
Según pudo constatar LA GACETA, el organismo técnico de control estatal ordenó, desde el 3 de enero, la sustanciación de 67 juicios de cuentas en contra de responsables del erario de esas administraciones. De ese total, 64 procesos corresponden a comisionados y a secretarios habilitados que se desempeñaron sus cargos en el mandato anterior de esta gestión: 2003-2007. En ese grupo hay 16 delegados rurales que fueron reelectos y que hoy siguen al frente de sus comunas (ver "Los reelectos").
En deuda
El juicio de cuentas es un procedimiento que el ente de contralor encara cuando el titular de una delegación rural no puede justificar los gastos, o cuando sólo entrega comprobantes por un monto parcial de las erogaciones. Tal como explica el vocal Sergio Díaz Ricci, durante ese proceso se puede completar la documentación, con lo que el expediente se da por cerrado, o no. En este último caso, el funcionario electivo debe reintegrar de su patrimonio los recursos injustificados.
En este contexto, cabe precisar que de los juicios de cuentas sustanciados en lo que va de 2008, 38 fueron iniciados porque los delegados comunales o los secretarios habilitados de la gestión anterior no "regularizaron" (ese es el término que emplea el Tribunal de Cuentas) rendiciones de cuentas sobre las cuales se formularon observaciones.
En total, se adeuda a la entidad oficial documentación respaldatoria para justificar gastos por $ 4,8 millones.
Paralelamente, se encararon 26 juicios de responsabilidad contra autoridades de la gestión anterior que adeudan la presentación de los balances bimestrales en los que deben dar cuenta de los ingresos y de los egresos de la administración. En total, el Tribunal de Cuentas reclama 60 rendiciones sobre el uso de los recursos públicos.
Finalmente, hay otros tres procesos administrativos en los que también se reclaman 31 balances bimestrales, pero correspondientes a gestiones comunales que tuvieron lugar durante otras gobernaciones. Concretamente, se exigen ocho balances de Alto Verde y Los Guchea, correspondientes a 1998 y 1999; 11 rendiciones de cuentas de Los Sarmientos y Las Tipas, correspondientes a 1993 y 1994 y 12 balances de la comuna de Tapia, también del bienio 1993 y 1994.








