Allanaron otra vez la sede de Desarrollo Humano

El fiscal Anticorrupción, Esteban Jerez, recibirá hoy nuevos elementos para investigar el presunto desvío de fondos destinados a los comedores de San Pablo, causa por la cual hasta el lunes pasado estuvo detenido el comisionado rural Daniel Castro. El lunes se realizó un nuevo allanamiento en la Secretaría de Desarrollo Humano, de donde se secuestró documentación correspondiente al pago de los beneficios durante 2001 y 2002. También se buscaban comprobantes de 2000, pero no estaban.
El fiscal pretende cruzar datos. Por eso ordenó que una comisión policial, al mando del comisario Jesús Brito, allane la dependencia gubernamental y obtenga las resoluciones por las cuales se otorgaba dinero a cada uno de los comedores y los comprobantes de pago, todo en originales. En el anterior allanamiento, realizado hace tres semanas, se había comprobado la desaparición de documentación, hecho por lo cual fue imputada la secretaria de Desarrollo Humano, Mercedes Benítez.
Con los elementos obtenidos, el fiscal pretende demostrar que el dinero que se enviaba a San Pablo para darles de comer a los chicos necesitados se utilizaba para otros objetivos.

Caución real
El lunes, por orden del juez Alfonso Zottoli, quien subroga a su par Eudoro Albo, Daniel Castro quedó en libertad. Su madre, la legisladora provincial Lilia Ramírez de Castro, esposa del intendente de Lules, Luis Roberto Castro, puso como caución real un Peugeot 206, modelo 2001. El abogado de los Castro, Washington Navarro Dávila, remarcó que el fiscal Jerez nunca efectuó una imputación concreta del delito de Castro. "Fueron planteos deficientes sobre los hechos", señaló. "El juez consideró que hay una vaga línea de investigación, que no está reforzada con pruebas instrumentales, sino con meras conjeturas. Además, Zottoli entiende que hay "orfandad probatoria" en el expediente como para pedir una medida tan grave como la prisión preventiva.