El significado emotivo de las palabras

Como buen profesor de Filosofía del Derecho, el vocal de la Corte Suprema de Justicia René Goane debe recordar aquellas impecables lecciones de Genaro Carrió sobre lenguaje y derecho. En ellas, Carrió advertía sobre los diferentes usos (descriptivo, expresivo, directivo, operativo, etcétera) que puede darse a esa herramienta tan formidable como maleable de que está dotado el ser humano: el lenguaje. Seguramente también sabe -de sobra- que algunas palabras encierran una connotación emotiva, porque previamente se ha generalizado un determinado efecto que se liga con ellas; entonces, al usarlas, provocan ciertas reacciones en los receptores. No en vano, el astuto Lutero solía advertir que, cuando se echan a volar ciertas palabras, ya no hay cómo agarrarlas del ala. A esto hay que sumar que muchos términos adquieren en el lenguaje jurídico una peculiar -y nada inocente- carga semántica.
Por eso, sorprendieron tanto -o no, según cómo se mire- los vocablos que Goane mortíferamente seleccionó para enfatizar más aún su enojado voto en disidencia contra la reciente acordada Nº 363 de la Corte Suprema, que recompuso los salarios del personal del Poder Judicial. Puertas afuera de Tribunales y, a sabiendas de la gravedad que en el Derecho Administrativo -su otra especialidad- asume descalificar por ilegítimo un acto, a ese punzante adjetivo recurrió para tachar los decretos y demás instrumentos de que se valió el Poder Ejecutivo con el fin de asignar parte de los recursos financieros que había solicitado el alto tribual de manera de poder hacer frente al reajuste de los sueldos.
Internamente, Goane tampoco escatimó vocabulario. Tildó de no equitativo y de discriminador el criterio seguido por sus pares (Antonio Gandur, Alberto Brito, Antonio Estofán y Claudia Sbdar) al haber establecido elípticamente que, en el caso de los empleados y de los funcionarios de ley (hasta la categoría de secretarios de Cámara "A"), el aumento en los salarios básicos será del 26% y en el de los magistrados (incluye fiscales, defensores, secretarios y relatores de Corte), sólo del 20%. ¿Puede haber mayor ofensa para un juez que concluir que una decisión suya no se ajusta a la debida equidad, concebida por algunas corrientes filosóficas incluso como sinónimo de aquello que es justo por naturaleza? ¿Y si la conclusión proviene de otro juez?

Por aquí y por allá
La estruendosa disidencia permite dos lecturas. Externamente, puede interpretarse como una saludable afirmación de independencia frente al principal poder político de la Provincia. Más allá de los meandros contables y de que en otras épocas los incrementos presupuestarios para la Corte solían acordarse con el Ejecutivo hasta por teléfono, el mensaje de Goane fue contundente: "somos un poder del Estado y si, por medio de una acordada (la Nº 262/08), pedimos $ 25,8 millones, el PE no puede omitir nuestra solicitud y asignarnos arbitrariamente 4,7 millones y luego, de oficio, $ 5,8 millones, porque de esa forma no disponemos de los créditos suficientes para concretar la actualización salarial". Para el vocal ni siquiera subsana las cosas que el ministro de Economía, Jorge Jiménez, por medio de una simple nota (la Nº 72/ME), se haya comprometido a asegurar la provisión de fondos. Hay una reivindicación detrás del voto de Goane: el Poder Judicial no es una repartición del PE, pese a que esto pareciera subyacer inconscientemente en el lenguaje de los decretos Nº 1.155/3 y 1.369/3 (SH) del Ejecutivo. En ellos, en referencia con el pedido de la Corte, sin ningún cuidado por las formas institucionales, se habla sencillamente del "citado organismo".
Internamente, la cuestión es más compleja. Con habilidad, la mayoría del alto tribunal trató de restañar las heridas, aún sangrantes, que había abierto la acordada Nº 972, del 27 de diciembre del año pasado, por la que la Corte dispuso discrecionalmente recategorizaciones selectivas, con el consiguiente aumento salarial. Por eso, en esta ocasión, los cuatro vocales primero se preocuparon por tranquilizar con un reajuste diferencial del 26% a empleados y funcionarios, que en febrero dejaron en claro que, si se lo proponen, con batucadas, abrazos simbólicos y otras medidas de protesta, pueden alterar la circunspecta vida de los Tribunales. Con pragmatismo, por esta vez, los vocales relegaron a un reparto del 20% al estamento con menor capacidad de movilización exterior (el de los jueces), al que están enganchados los relatores de Corte, que ya habían sido tocados por la varita mágica de la acordada Nº 972.
Con igual olfato político, la mayoría de los vocales también adoptó otra decisión que enfureció a Goane: privó de cualquier reajuste a cuatro funcionarios que, por medio de la acordada Nº 972, ya habían sido elevados a la categoría de secretarios de Corte (6.01), lo que les permitió que sus sueldos básicos saltarán de unos $ 2.500 a $ 4.071.
¡Algo llama la atención! Si bien Goane no firmó la odiosa acordada Nº 972, tampoco la reprochó por no equitativa o discriminatoria. Es más: en líneas generales, la respaldó. El 29 de febrero, lejos de haberse excusado, también rubricó la acordada Nº 92/2008, que derogó sólo un punto de aquella otra y no precisamente los relacionados con beneficios para dos funcionarios vinculados a él por lazos de consanguinidad y de afinidad (uno de ellos integra el cuarteto que ahora quedó excluido de la recomposición).
Sería esperanzador que el emotivo e igualitario llamado de Goane sea para que, por fin, se concreten los líricos enunciados de los artículos 13, inciso 2 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exigen que la designación de funcionarios y empleados se haga luego de procedimientos que "garanticen la igualdad de oportunidades y el acceso de quien resulte más idóneo".