El gobernador puede respirar tranquilo porque se archivó el juicio político que había acunado el trágico mes de noviembre. A Julio Miranda la sucesión de 16 víctimas de la mortalidad infantil lo dejó groggy, aunque no noqueado. La presentación del abogado Daniel Bayo se basó en datos ciertos y en un documento oficial que advertía acerca del problema en 2000, pero la alianza mirandista no desprotegió a su jefe en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Hasta llegar al archivo de la causa se recorrió un camino lleno de contradicciones. Hubo antes dos intentos fallidos, que causaron enojo, fastidio y desconcierto en la Casa de Gobierno. La mayoría que resguarda a Miranda con el automatismo propio de los actos reflejos entró en crisis. La oposición, sin embargo, no se hacía mayores ilusiones con el desenlace porque suponía acertadamente que alguien iba a volver sobre sus pasos. Y ese no era otro que el monterizo Edgardo Rocha, que de hereje pasó a arrepentido. En efecto, él dijo que debía corrérsele traslado de la acusación de Bayo al gobernador para que se defendiera. Así lo predicaba, junto a Germán Alfaro.
El lunes, sin embargo, se abstuvo, y confirmó lo que LA GACETA había anticipado respecto de su conducta final. Alfaro votó junto a la oposición. Rocha, en cambio, recurrió a argumentos endebles para justificar el voto que destrabó el enredo: para qué someter a juicio político a Miranda, si el nuevo gobernador se elegirá el 27 de abril. Esta es una fecha que está asentada en arenas movedizas, ya que una resolución judicial en el ámbito federal puede anularla. Si eso fuera así todo se trasladaría para junio. Además, el adelanto de los comicios no inhibía el análisis de la hipotética responsabilidad de Miranda en el caso. El propio Rocha aceptó que los argumentos de Bayo eran buenos, lo que torna inexplicable su cambio de brusco cambio de parecer. La razón política de fondo fue que debía aliviarse la presión sobre el gobernador. Y las idas y vueltas que hubo para zanjar el problema alargaron las definiciones hasta que bajó la tensión social. Javier Lobo Aragón, representante de Voluntad Objetiva de Servir (VOS), se comportó solidariamente con los mirandistas, pese al sofocón que causó a la ultraortodoxa Teresa Felipe de Heredia, con el viaje intempestivo del viernes anterior. El legislador del Movimiento Independiente (MI) Julio Topa no ayudó al oficialismo con su posición, a diferencia de lo que hizo con el planteo del juez Víctor Pérez. La posibilidad de ejercer el voto de desempate si persistía el empate en 6 votos entre mirandistas y opositores la ponía muy nerviosa. Rocha, con su actitud, evitó que pasara un mal momento. Así se llegó a archivar el tercer pedido de destitución de Miranda, a pocos días de la conclusión de 2002. Se lo deja con las manos libres para que pueda dedicarse a ordenar su sucesión política.
