Las normas deben cumplirse

Resulta algo sobremanera conocido el axioma de que las leyes constituyen reglas de conducta del orden jurídico de una sociedad y, por lo tanto, son obligatorias para todos. Son una consecuencia directa de la convivencia social, y por ello existieron -en diversas formas- desde la remota aparición de los primeros grupos humanos.
Por medio de ellas los Estados modernos aspiran a establecer un sistema de paz social: otorgan a cada persona la posibilidad de remediar la conducta de quien ofenda sus derechos; otorgan al Estado medios para evitar la inconducta de los ciudadanos y otorgan a los ciudadanos las vías para protegerse de la inconducta del Estado.
Entre las pocas enseñanzas inmutables que transmite la historia, se encuentra la de que ninguna de las comunidades puede aspirar a un desenvolvimiento mínimamente ordenado y progresista si no empieza obedeciendo la ley.
Si esto empieza a orillarse, lo único que cabe esperar es el caos y la inseguridad generales. Y por leyes han de entenderse, claro está, no solamente las dictadas por el Congreso de la Nación o por las Legislaturas de las provincias, sino todas las normas que el poder público emita dentro de su esfera. Lo que comprende, obviamente, las ordenanzas de las municipalidades.
Estas apreciaciones resultan de oportuno recuerdo cuando se tiene en cuenta lo que ha ocurrido el lunes último en las instalaciones del ex Mercado de Abasto. Como lo informamos, un grupo de vendedores de frutas y verduras resolvió ocupar esos ámbitos, desdeñando la existencia de la ordenanza municipal que dispone otro destino para ellos.
Los ocupantes afirmaron tener con la Municipalidad un acuerdo que los autoriza. Aquella negó tal acuerdo y efectuó una denuncia a la Policía solicitando el desalojo.
De más está decir que el criterio permisivo que caracteriza a las fiestas y la sobrecarga de tareas de los efectivos policiales determinaron que no se tomara medida alguna todavía, y parece problemático que se lo haga en los próximos días por lo menos.
Tal es la situación en este momento. Hace unos meses nos referimos al tema en dos editoriales ("El ex Mercado de Abasto" y "No resolver sin consultar", en LA GACETA del 25 de octubre y del 11 de noviembre últimos). Dijimos entonces que, en primer lugar, debía respetarse la ordenanza vigente, que fijaba como destino para el ex Mercado el de un centro cultural y comercial.
Y asimismo, tener en cuenta la fuerte oposición planteada a la reinstalación de puesteros por parte de vecinos del barrio, por las autoridades del Mercofrut y por una institución representativa como es el Colegio de Arquitectos de Tucumán.
Señalamos, asimismo, que en temas tan importantes no debían adoptarse decisiones basadas en la presión de los ambulantes.
Como vemos, esa presión se potencia ahora con la ocupación del predio. No es necesario demasiado pesimismo para vaticinar que, como tantas veces ha ocurrido, el argumento del "hecho consumado" tendrá considerable peso.
Creemos que esa instancia no debe admitirse. Puesto que existe una norma, ella debe ser respetada. Las autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en ese sentido, deben tomar todas las medidas necesarias para que vuelvan a quedar libres de ocupantes las instalaciones del ex Mercado de Abasto.
Sería una positiva demostración de que los actos de voluntad de las personas, por encima de los argumentos que estas puedan allegar, no son suficientes para que la ley no se aplique. Admitir otra cosa sería crear un peligroso precedente, que solamente puede generar el desorden y la inseguridad en las relaciones entre el poder público y la comunidad.