El camino hacia la responsabilidad política

Después de una histórica pasividad, la Justicia Electoral ha iniciado una masiva cantidad de juicios por ausentismo de autoridades de mesas de sufragio en las últimas elecciones presidenciales, que podrán derivar inclusive en condenas a prisión. En la Capital Federal el número de causas en trámite supera las 300 y se hallan en preparación otras mil. Lo mismo está ocurriendo en algunas provincias por aplicación del Código Electoral, cuyo incumplimiento ha sido tradicional . El fiscal del fuero, Felipe Di Lello, ha dicho que por esa causa "estamos ante una creciente desvalorización de las cargas públicas que tienen los ciudadanos para con el buen funcionamiento de la democracia y el Estado".
El elevado ausentismo de autoridades de mesas el 28 de octubre contribuyó a que la elección presidencial se desarrollara con extraordinaria irregularidad, hasta el punto de que en el conurbano bonaerense numerosos colegios electorales lograron constituirse con horas de atraso, y hubo que apelar en no pocos casos a personal judicial, dada la imposibilidad de recurrir a la fila de ciudadanos en espera para sufragar. Un informe puntual sobre el área metropolitana señala que, dos días antes de la elección, el 92 % de las autoridades citadas había rechazado la convocatoria.
Debe señalarse que es la Justicia Electoral, y no el Gobierno, la que tiene a su cargo la cobertura y la organización general de los comicios, por lo cual su responsabilidad enfrenta ahora la ineludible obligación de sancionar el comportamiento de las autoridades de mesas que, sin motivos fundados, faltaron a sus deberes cívicos.
Cambios de domicilios no registrados en los padrones fueron los casos más frecuentes; pero no pocos que ciudadanos que sí recibieron sus citaciones concurrieron a votar, pero se desentendieron de sus convocatorias. Seguramente, si en anteriores ocasiones la autoridad judicial hubiera estado activa, ello no habría ocurrido; pero la inconducta prolifera cuando la Justicia es indiferente. La situación descripta, más la carencia de fiscales partidarios en numerosos colegios, permitió el uso de boletas colectoras, así como el robo de boletas reglamentarias en los cuartos oscuros y otras irregularidades que echaron sombras de ilegitimidad sobre los resultados en no pocas circunscripciones y demoraron los cómputos finales.
Las elecciones generales del 28 de octubre sumaron otra característica decepcionante: un ausentismo sin precedentes desde 1928, lo cual evidencia el elevado desinterés de la sociedad en participar de la gestión política por medio de sus representantes.
Esa abstención traduce una indiferencia peligrosa, que se suma a la escasa renovación dirigencial en los partidos, que en nuestro sistema de voto obligatorio tampoco suele tener réplica judicial. Si la clase política elude las sanciones por excesos de gasto electoral con dispensa judicial, el ciudadano, en lugar de ausentarse de los comicios, puede hacer uso de la alternativa de votar en blanco. Contribuye con ello a un castigo que obliga a la renovación de las dirigencias y sanciona los crecientes niveles de nepotismo.
La decisión judicial de aplicar el Código Electoral elige por fin el buen camino, al igual que el flamante foro para la reforma política, en el que no puede faltar el veto a la perduración de la gerontocracia, especialmente en el caso de los grandes partidos en crisis. Son dos firmes pasos de una marcha hacia la transparencia republicana y hacia un eficiente ejercicio democrático en las elecciones parlamentarias del año próximo.