El oficio más antiguo

Entre la honestidad brutal de la joven universitaria que contó cómo se prostituye para pagar sus estudios y la impresionante denuncia de la madre de Marita Verón en el programa de Mirtha Legrand (en el que habló de mafias vinculadas con la trata de personas y acusó al jefe de Policía de minimizar el caso) hay una zona fantasma que muestra la parálisis de la sociedad frente al oficio más antiguo.
Susana Trimarco no tiene dudas. Recorrió el país en busca de su hija, desaparecida hace seis años. Fue a prostíbulos en otras provincias, organizó escraches a lupanares tucumanos, aportó datos a los investigadores, presionó hasta que los medios, la Justicia, la Policía y el poder político se involucraron. Tras haber sido declarada "Heroína de las Américas" en EEUU, Trimarco logró apoyo para inaugurar una fundación para proteger a víctimas del comercio sexual, y consiguió que Tucumán se convirtiera en la primera provincia del país con una división policial dedicada a investigar la trata de personas. A la vez, en el ámbito nacional se legisló sobre el comercio sexual.

Primeras estimaciones
En el último año comenzaron a aparecer cifras, algunas contradictorias. Se dijo que 200 tucumanas son prostituidas en el país, que en el NOA unas 30 jóvenes han sido víctimas de estas redes mafiosas y que en los primeros seis meses la Policía había hallado a 105 personas que estaban desaparecidas (se trataba, en general, de fugas de hogar). También se empezó a establecer parámetros, como que la mayoría de las personas desaparecidas son mujeres de entre 13 y 18 años y que en la capital tucumana funcionan unos 40 prostíbulos.
Sin embargo, ayer todo parecía estar como al principio. Susana Trimarco no confía en el jefe de Policía ni en los equipos de la Brigada de Investigaciones.
La División Trata de Personas, en la que se centraron fuertes expectativas cuando pusieron al frente al comisario Jorge Tobar, sufrió cierto descrédito cuando este mismo oficial presentó un supuesto testigo del caso Verón que desmintió lo que había confesado. Hoy no se sabe si Tobar, que fue reemplazado por el subcomisario Manuel Bernachi, es o no un especialista en este tipo de investigaciones.
El caso tiene varios sospechosos libres; la elevación a juicio está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no se sabe cuándo habrá proceso oral ni si hay suficientes elementos como para que se condene a alguien, ni -fundamentalmente- para que se pueda encontrar a Marita. La fiscala Adriana Reinoso Cuello dice que la causa es compleja y que se torna difícil reconstruirla.
Esto no es todo. La misma ley que acaba de sancionar el Congreso nacional ha sido cuestionada por dirigentes políticas, feministas e intelectuales (como Martha Bianchi o la hermana Martha Pelloni) porque consideran que "se revictimiza a la persona explotada". También la cuestionó en Buenos Aires la Asociación de Mujeres Meretrices, que dice que nadie consultó a las prostitutas para que aporten datos sobre el comercio de que son víctimas. Entre otras cosas, afirman que el tema del consentimiento de las adultas que son explotadas con violencia en prostíbulos es lo que las revictimiza.

Las pornai y las hetairas
Es obvio que no es la misma prostitución la que cuenta la estudiante salteña que la de los prostíbulos. Las propias meretrices afirman que no es lo mismo que trabajen voluntariamente a que sean explotadas por redes de proxenetas. Esto se sabe desde siempre. Los griegos hacían claras distinciones. Desde las pornai, que eran las esclavas del proxeneta, hasta las hetairas, que eran mujeres cultivadas y que llegaban a alcanzar posiciones de poder con sus encantos. Esos grados se mantienen. Una cosa es la prostitución callejera, degradada y ocasional, vinculada con duras condiciones de marginación; otra la regimentada por las mafias; otra la de alto nivel y la independiente. Lo sabe cualquier comunidad, ya se trate de las jineteras en La Habana o de las chicas de las vidrieras en el barrio Rojo de Amsterdam.
En nuestro medio el debate no llegó al fondo, si bien el caso de Marita Verón le da mucha fuerza. No se sabe si la Policía está capacitada para investigar las redes de trata de blancas que operan en el país y que, según un informe de 2006 de la Organización Internacional para las Migraciones, está constituida por grupos familiares que manejan prostíbulos.
No se conoce, tampoco, cuál es el nivel de la prostitución real de Tucumán. No se sabe qué legalidad tienen los locales donde "trabajan" las chicas. De hecho, la Policía recurre a la Ley de Profilaxis para controlar a las trabajadoras sexuales, a una ordenanza municipal para allanar los lupanares y a la discriminatoria Ley de Contravenciones para demorar, por desorden, a mujeres y travestis que ofrecen sus servicios en la calle.
La Policía opera así desde hace décadas, con estas leyes vetustas. Todo está aún por hacerse. Como al principio.