Encrucijada por la anticoncepción

La presión de los legisladores bonaerenses que propician leyes de anticoncepción, la implementación de la educación sexual en las escuelas y la inclusión de la materia Construcción de Ciudadanía, pone en jaque la buena relación que el gobierno provincial de Daniel Scioli intenta tener con los obispos del distrito. “Este es un gobierno pro vida”, expresó el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin.
   La frase, que se interpretó como un rotundo no al aborto, sonó a música celestial en los oídos de los 17 obispos que participaron hace dos semanas de una jornada de trabajo con el mandatario provincial y parte de su gabinete, en la que también demandaron atender la problemática de la inseguridad.
  La afirmación del titular de la cartera sanitaria generó revuelo, tanto que en despachos gubernamentales algunos ministros amagaron con presentar su renuncia. No se llegó a tanto, aunque trascendió que en esa movida quedó golpeada la figura del director de Culto provincial, Enrique Moltoni, a quien legisladores sindicaron como el gestor de esa reunión.
   Sin embargo, el funcionario fue respaldado por Scioli, mientras que una operación programada de antemano, que lo ausentó de su despacho por días, ayudó a descomprimir la situación.
  Al punto que Moltoni obtuvo, poco después, luz verde de la administración platense para avanzar en un proyecto sobre exenciones impositivas -sobre todo del Inmobiliario- a las congregaciones religiosas de esa jurisdicción. Iniciativa que tampoco recibió objeciones de la Agencia de Recaudaciones de Buenos Aires (ARBA).
   En tanto, legisladoras bonaerenses oficialistas acusaron a los obispos bonaerenses de una pretendida intromisión de la Iglesia en cuestiones inherentes al Estado.
   Puntualmente, la diputada kirchnerista Laura Berardo advirtió que los referentes eclesiásticos intentaron condicionar la implementación de la educación sexual en las escuelas y la discusión del proyecto de Ley provincial que prevé difundir en territorio bonaerense la Ley Nacional 26.130 de anticoncepción quirúrgica.
  Razón no le faltaba. Los prelados habían logrado que Scioli interviniera para quitar de la agenda legislativa el tratamiento de ese proyecto que prevé la ligadura de trompas y la vasectomía, prácticas que la Iglesia considera una “verdadera mutilación, altamente irreversible, particularmente para los más pobres”. En cambio, Berardo entiende -según explicó- que la normativa apunta a “garantizar el acceso igualitario a la información sobre la sexualidad, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho al acceso a los distintos métodos anticonceptivos y la profundización de acciones preventivas en términos del cuidado de la salud de la población”.
   Pese a que las críticas apuntan al arzobispo Héctor Aguer (La Plata), quien suele tener posturas más ortodoxas y conservadoras, en ambientes eclesiásticos aseguran que la preocupación por estas cuestiones educativas y de anticoncepción es unánime entre los obispos bonaerenses.
   El prelado platense mantiene, por cierto, una puja verbal con el ministro de Educación, Mario Oporto, por la incorporación a la currícula de la asignatura Construcción de la Ciudadanía.
Aguer aseguró que en esa materia subyace una “carga ideológica, basada en un neomarxismo, que es un peligroso instrumento de ideologización de los adolescentes”. Expresión a la que el responsable de la cartera educativa replicó: “Es una barbaridad, cuando leo eso digo: ‘estamos en el año ‘77, ‘78, en la dictadura’”.
   Educación sexual, anticoncepción quirúrgica y formación ciudadana, cuestiones pendientes de debate público que siguen enfrentando a obispos bonaerenses con legisladores y funcionarios.