En el reino de la discordia

La Constitución es la ley de la concordia. Esta idea del jurista Gustavo Zagrabelsky, que reproduce el politólogo rosarino Hugo Quiroga en "Argentina 1976-2006", merece algunas consideraciones en este mayo que acaba de empezar, cuando se la traslada al Tucumán contemporáneo.
El mismo día que se celebró el Día del Trabajador, pero de mayo de 1853, quedó promulgada la Constitución que terminaba con las luchas entre federales y unitarios. Un religioso de la orden franciscana, fray Mamerto Esquiú, en un célebre sermón pronunciado el 9 de julio del mismo año, en la catedral de Catamarca, llamaba a obedecerla para que cesaran las discordias y las peleas.
La experiencia de sangrientas guerras civiles alumbró un texto basado en ideas claves: régimen republicano de gobierno, autonomías provinciales, justicia independiente y propiedad privada. Sobre este consenso básico, la república despegó. La Constitución de 1853 -con la reforma de 1860- funcionó, pues, como la ley del acuerdo.
En Tucumán, el texto constitucional impuesto por la mayoría alperovichista en 2006 en nada recoge el espíritu de una ley de la concordia. En la antesala de la Corte Suprema de Justicia está esperando turno el fallo de la sala II del fuero contencioso administrativo que declaró inconstitucional el sistema de destitución y de designación de jueces. Los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello apreciaron que el nuevo texto avanzaba sobre la independencia de los jueces. También cayó con ese fallo el mecanismo de reformas constitucionales por medio de enmiendas sancionadas por la propia Legislatura.
El Colegio de Abogados de Tucumán, que impulsó la demanda adversa a la Constitución de 2006, aguarda que el ministro fiscal de la Corte, Luis De Mitri, opine sobre la materia. La institución homóloga del sur, conducida ahora por el ex rugbista de Huirapuca, Alejandro Molinuevo, predica la independencia respecto de los poderes políticos, materia en la que fue deficitaria la directiva desplazada en las urnas.
El Colegio de Abogados domiciliado en Concepción también sufre la privación de recursos que implicó el aplazamiento del pago de los bonos profesionales hasta el momento del dictado de la sentencia. Los letrados de la capital impugnaron judicialmente esa ley, que el Gobierno proyectó para eliminar del mapa a un factor de divergencia con su proyecto de concentración de poder.
La posición mendicante en que se puso al Poder Judicial al privársele de la posibilidad de administrar sus propios fondos, no es otra cosa que consagrar jurídicamente el desequilibrio de poderes. Los jueces quedan atados, entonces, al humor de Alperovich.

Sólo en la letra
Tampoco la Legislatura obra con criterios propios: levanta las manos sin disentir y cierra los ojos ante el aluvión de decretos de necesidad y urgencia (DNU) de Alperovich. La autonomía municipal sólo es nominal: los intendentes cedieron el cobro de tasas al gobernador. La suma de las atribuciones al gobernador. Es la concordia por la fuerza.
Alperovich mantiene controlada la situación institucional, gracias a la Constitución que hizo a su medida, pero está pendiente de lo que pasa fronteras afuera de Tucumán.
"Si a la Nación le va bien, nos irá bien; si le va mal, nos irá mal. No somos una isla". Esto les dijo a los legisladores oficialistas hace algunos días. Durante ese encuentro se habló de crear un colchón político para amortiguar los efectos de una crisis que afecte al gobierno federal. Si la inflación se desboca, la cuestión salarial se replanteará dramáticamente en el ámbito provincial.
El Gobierno estabilizó el frente gremial en el sector público tras arduas negociaciones piloteadas por el ministro político Edmundo Jiménez. El pacto de los gremios aliados a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), que fijó -por ahora- un techo del 19,5% de aumentos, le dio tranquilidad. Un brusco sacudón de los precios echaría por tierra con las ajustadas previsiones del ministro Jorge Jiménez. A los dos Jiménez no les gusta en absoluto el rebrote de la efervescencia sindical.

Entre sutilezas y cruces verbales
La suspensión de la obra pública es un riesgo que Alperovich no tiene interés en afrontar, porque generaría descontento laboral y dañaría su despliegue de hacedor. Ante la retracción de los recursos de origen nacional, que es un sutil intento de enfriar la economía, destinará $ 100 millones de sus reservas para que los planes no se interrumpan. Puede haber otros efectos colaterales que en el Gobierno no prevén, pero confían en la agilidad política de Alperovich, quien ancló definitivamente en el mundo kirchnerista.
Si se llegó a una suerte de clinch, en los forcejeos políticos entre figuras relevantes del oficialismo (Edmundo Jiménez, Osvaldo Jaldo y Sergio Mansilla), los movimientos del tercer Jiménez atraen la atención de más de un miembro del Gobierno.
Roberto Jiménez -de él se trata- pugna por erigirse en el primer ministro de Trabajo de la provincia y en relevar a Jesús Pellasio de la jefatura de la CGT Regional. En un gobierno de pátina peronista, los hombres del sindicalismo procuraron siempre apropiarse de la cartera laboral y de la dirección cegetista. Estas operaciones generaron invariablemente réplicas desde el otro lado. La aparición del polémico Luis D?Elía por Tucumán generará efectos revulsivos en el gremialismo y en la propia Casa de Gobierno. En la puja interna de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) está peleado con Víctor De Gennaro, por su postura crítica respecto del kirchnerismo.
La controversia con los estilos de hacer política ingresó por la puerta grande a través de los enfoques contrapuestos del senador radical Gerardo Morales y del diputado ultrakirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse. Morales acusó abiertamente a Alperovich de repetir el modelo de concentración de poderes del matrimonio Kirchner y de consentir que la Nación no remita $ 1.000 millones por año a la provincia. Esto lo atribuyó a la actitud timorata de Alperovich en la defensa de la coparticipación de impuestos. Para el alperovichista Vargas Aignasse, lo que dijo Morales sonó a herejía y desenfundó la espada para lavar el honor del gobernador. "Tucumán recibe un 4,2% en concepto de coparticipación, superando el 2,8% del régimen histórico", arguyó con tono desafiante. Este cruce de afirmaciones no puede ocultar que la discusión de un nuevo régimen de reparto de fondos que se distribuyen entre las provincias es una materia incumplida desde1994. A nadie perturba esa irregularidad institucional.
La oposición política y social al alperovichismo no toma parte de esas discusiones de naturaleza institucional y prefiere agitar en las calles. Durante el verano, hubo experiencias que tensaron los nervios del Gobierno. La cercanía de la Cumbre del Mercosur alimenta las expectativas de esas franjas de activistas.