El 27 de marzo, Daniel Bejas, a cargo del Juzgado Federal Nº 1, había ordenado que el Instituto de Cardiología SRL retirara los $ 410.000 que estaban depositados en el Banco Nación en el complejo juicio civil que la clínica lleva adelante contra Firstar Bank Milwakke. No obstante, esa resolución no llegó a cumplirse porque el dinero fue retirado por medio de un oficio falso atribuido a Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal (Nº 2), que no entiende en la causa.
En la resolución, Bejas pedía al Instituto de Cardiología que informara a la cuenta de qué entidad bancaria debía se transferido el dinero, y las partes fueron notificadas (por cédula) de esta decisión hasta el 8 de abril.
Bejas, que adoptó la decisión a partir de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, aclaró que no estaba acreditado el cumplimiento -por parte del Instituto de Cardiología- de la garantía que debía prestar por la medida cautelar que el anterior titular del Juzgado, Jorge Parache, dispuso a su favor. La caución había sido fijada primero en $ 20.000 y luego elevada a $ 90.000. Esta última está apelada por la clínica.
El origen de todo es la demanda entablada en 2002 por el Instituto de Cardiología SRL contra el Firstar Bank Milwakke por la que discute el monto de una deuda de alrededor de 200.000 dólares (por la compra de equipos médicos) tras la pesificación que siguió a la salida de la convertibilidad. La clínica pretendía que fuera declarado inconstitucional un decreto presidencial que había excluido a ese tipo de créditos de la pesificación, pese a que otros la habían incluido.
En setiembre de 2002, Parache hizo lugar a la medida cautelar que había solicitado el Instituto de Cardiología para paralizar cualquier posible ejecución de la deuda hasta que hubiera una sentencia de fondo. El entonces juez dispuso que la clínica pagara las cuotas adeudas a razón de un cambio fijado en $ 1,4 por dólar y, como contracautela o garantía, le fijó la suma de $ 20.000.
El instituto procedió a consignar judicialmente $410.000 en el Banco Nación, por entender que eso era lo que adeudaba en función de la relación cambiaria estipulada. Por su parte, el banco demandado, que apeló la resolución (fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones), llevaba adelante en la Capital Federal una ejecución prendaria contra la clínica, por lo que en marzo de 2003 se libró un exhorto al Juzgado de Documentos y Locaciones de la VI Nominación de la provincia para que concretara un secuestro de aparatos médicos.
Posteriormente, el entonces titular del Juzgado Federal Nº 2, Felipe Terán, subrogó transitoriamente a Parache en el Juzgado Nº 1 y, por ende, en la causa. Luego de pedir informes a ambas partes, que discutían (y discuten) el monto en cuestión, Terán ordenó que el Instituto de Cardiología retirara los $ 410.000 depositados. La clínica recurrió la resolución, pero la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia.
Como a Parache lo reemplaza Bejas desde el 1 de junio de 2007, el 27 de marzo, teniendo en cuenta lo que había dispuesto la Cámara Federal, ordenó que el Instituto de Cardiología retirara los $ 410.000. Aparentemente, teniendo esto como referencia, quienes pergeñaron la maniobra fabricaron un oficio atribuido a Racedo, según el cual había una sentencia de fondo favorable al Instituto de Cardiología en la causa desde el 1 de abril y, por ende, correspondía depositar los $ 410.000 en una cuenta del BBVA-Banco Francés, a nombre de Alejandra Mabel Vallejo. Este instrumento trucho, supuestamente librado el 3 de abril y recibido el 8 de ese mes por el Banco Nación, fue, precisamente, lo que posibilitó que el dinero fuera retirado.
En la resolución, Bejas pedía al Instituto de Cardiología que informara a la cuenta de qué entidad bancaria debía se transferido el dinero, y las partes fueron notificadas (por cédula) de esta decisión hasta el 8 de abril.
Bejas, que adoptó la decisión a partir de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, aclaró que no estaba acreditado el cumplimiento -por parte del Instituto de Cardiología- de la garantía que debía prestar por la medida cautelar que el anterior titular del Juzgado, Jorge Parache, dispuso a su favor. La caución había sido fijada primero en $ 20.000 y luego elevada a $ 90.000. Esta última está apelada por la clínica.
El origen de todo es la demanda entablada en 2002 por el Instituto de Cardiología SRL contra el Firstar Bank Milwakke por la que discute el monto de una deuda de alrededor de 200.000 dólares (por la compra de equipos médicos) tras la pesificación que siguió a la salida de la convertibilidad. La clínica pretendía que fuera declarado inconstitucional un decreto presidencial que había excluido a ese tipo de créditos de la pesificación, pese a que otros la habían incluido.
En setiembre de 2002, Parache hizo lugar a la medida cautelar que había solicitado el Instituto de Cardiología para paralizar cualquier posible ejecución de la deuda hasta que hubiera una sentencia de fondo. El entonces juez dispuso que la clínica pagara las cuotas adeudas a razón de un cambio fijado en $ 1,4 por dólar y, como contracautela o garantía, le fijó la suma de $ 20.000.
El instituto procedió a consignar judicialmente $410.000 en el Banco Nación, por entender que eso era lo que adeudaba en función de la relación cambiaria estipulada. Por su parte, el banco demandado, que apeló la resolución (fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones), llevaba adelante en la Capital Federal una ejecución prendaria contra la clínica, por lo que en marzo de 2003 se libró un exhorto al Juzgado de Documentos y Locaciones de la VI Nominación de la provincia para que concretara un secuestro de aparatos médicos.
Posteriormente, el entonces titular del Juzgado Federal Nº 2, Felipe Terán, subrogó transitoriamente a Parache en el Juzgado Nº 1 y, por ende, en la causa. Luego de pedir informes a ambas partes, que discutían (y discuten) el monto en cuestión, Terán ordenó que el Instituto de Cardiología retirara los $ 410.000 depositados. La clínica recurrió la resolución, pero la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia.
Como a Parache lo reemplaza Bejas desde el 1 de junio de 2007, el 27 de marzo, teniendo en cuenta lo que había dispuesto la Cámara Federal, ordenó que el Instituto de Cardiología retirara los $ 410.000. Aparentemente, teniendo esto como referencia, quienes pergeñaron la maniobra fabricaron un oficio atribuido a Racedo, según el cual había una sentencia de fondo favorable al Instituto de Cardiología en la causa desde el 1 de abril y, por ende, correspondía depositar los $ 410.000 en una cuenta del BBVA-Banco Francés, a nombre de Alejandra Mabel Vallejo. Este instrumento trucho, supuestamente librado el 3 de abril y recibido el 8 de ese mes por el Banco Nación, fue, precisamente, lo que posibilitó que el dinero fuera retirado.








