El miedo a que se repitieran los saqueos de hace un año generó anticuerpos en la comunidad. Los comerciantes se armaron; la gente salió con más cuidado; el Gobierno montó un operativo perfectamente aceitado y los mismos piqueteros se cuidaron de hacer una protesta pacífica.
En 2001 había anuncios de que se iban a producir saqueos y nadie hizo nada. Hasta ahora la inteligencia funcionó porque se habló a los punteros de las zonas más densas para negociar un aniversario pacífico, y porque las motivaciones políticas son diferentes. Hace doce meses al peronismo no le interesaba la suerte del Gobierno de Fernando de la Rúa y muchos de sus dirigentes creían que les vendría bien la caída del Gobierno radical. A fin de cuentas, todo el mundo pensaba que 2001 había sido el peor año de sus vidas. Hoy la gente no ve la hora de que 2002 termine.
Lección desechada
El miedo y la experiencia, sin embargo, han enseñado poco a la dirigencia. Por conveniencias políticas, no se investigó a los instigadores de los saqueos. Ahora el ministro de Gobierno, Fernando Juri, y el fiscal Gustavo Estofán dijeron que iban a acusar por sedición o por robo agravado en banda a quienes entraran a saquear negocios. Pero hace un año hubo 600 detenidos luego de los episodios de violencia y no quedó ni un solo puntero procesado. Entonces Estofán dijo que se trataba de "hurto famélico", una calificación menor que no conformó a los comerciantes que quedaron en la nada y sin resarcimiento. Los testigos de entonces contaron que además de hambrientos vieron a aprovechadores y a instigadores manejando a la marea humana. Si la dirigencia se quedó quieta y dejó a las hordas actuar a su antojo, la Justicia fue cómplice por no haber investigado a fondo lo ocurrido en esos días.
Quizá no hubiera evitado el desastre, pero con esta omisión aportó su granito de arena para que nos hundamos más en el pantano. La profundización de los problemas derivó en la crisis sanitaria y social, y en las muertes de niños desnutridos. Los planes sociales, que hace un año habían sido cuestionados por su falta de transparencia, se volvieron una cuestión de Estado, un elemento teóricamente esencial para contener la demanda social.Pero sirvieron más para seguir con el asistencialismo y el reparto político. Esta semana, la pésima organización y la vergonzosa suspensión del censo de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados mostró hasta qué punto los que están manejando estas cuestiones siguen con las mismas mañas.
Hicieron un programa que no fomenta el trabajo, que puede ser falsificado y que permite que se use a la gente con intereses políticos. Las denuncias por coimas y por aprovechamiento de los planes sociales llueven y, sin embargo, los funcionarios sólo siguen esperando que pase la tormenta.Quizá responden a la misma crisis de toda la sociedad, que no sabe cómo reaccionar y que, por ahora, tampoco sabe qué hacer. Porque es obvio que no hay respuestas para un desocupado, como el ex obrero Juan Antonio Chazarreta (quien lleva diez años sin conseguir trabajo), cuando dice que los bolsones y los subsidios no solucionan nada. Desalentado, sólo espera que todos se manden a mudar. Y nadie se da por aludido.
