Ordenaron la libertad del comisionado rural Castro

Daniel Castro, comisionado comunal de San Pablo, pasará la Navidad en su casa, junto a su familia. Ayer a la tarde, el juez Alfonso Zottoli rechazó el pedido de prisión preventiva que formuló el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, en contra del funcionario. El lunes quedaría en libertad, una vez que presente la fianza de $ 10.000.
Castro está acusado de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y peculado, en el marco de una investigación por el supuesto desvío de recursos destinados a comedores infantiles de la comuna."Resolví no hacer lugar al pedido de prisión preventiva porque los elementos no son suficientes", se limitó a comentar el juez Zottoli al confirmar su resolución.
El defensor de Castro, Washington Navarro Dávila, comentó que el juez alude a presuntos errores procesales de la requisitoria del fiscal. "Hay una falta de intimación adecuada del hecho cuando se lo acusa de enriquecimiento ilícito; no se precisa en qué consistió el incremento patrimonial ni en qué período se habría dado", señaló el abogado.
Sobre la acusación por peculado y malversación, Navarro Dávila dijo que falta acreditar los instrumentos que confirmarían que Castro era el responsable de los fondos, que es lo que sostiene la acusación.
El letrado aprovechó para afirmar que Jerez "trabaja con las pruebas escondidas" y que agregó varias cosas que la defensa no conocía y a las que se le negó el acceso.

Una estrategia
Jerez, por su parte, señaló ayer al mediodía que la estrategia de Castro fue desfinanciar los comedores reconocidos por el Gobierno (son cuatro), con la apertura de otros (cinco más) con una imagen altruista, pero sobre los cuales no había control de la Secretaría de Desarrollo Humano.
"El objetivo era desviar fondos hacia fines para los que no estaban destinados. Esto es ilegal, incorrecto e ilegítimo, porque constituye peculado", agregó el fiscal.
Jerez arremetió también contra la secretaria de Desarrollo Humano, Mercedes Benítez, al sostener que hay connivencia con Castro y que hay expedientes "evidentemente armados, con correcciones con líquido corrector que no fueron salvadas". Por ello, le imputó a la funcionaria el delito de sustracción y adulteración de documentos públicos.
El lunes Navarro Dávila deberá presentar documentos que acrediten un bien por $ 10.000 para que Castro salga en libertad.
Ayer a las 19.30, cuando aún no se había confirmado oficialmente la decisión, Castro dijo en comunicación telefónica desde el penal de Villa Urquiza: "sigo confiando en la Justicia y estoy a su disposición".