20 Diciembre 2002 Seguir en 
La Justicia respondió con dureza al ser consultada por el Gobierno sobre la decisión de reducir las penas de unos 200 condenados por distintos delitos. Aunque no es vinculante la opinión de la Corte, cada año se solicita su parecer, que siempre es negativo. "La delicada situación de intranquilidad pública, al extremo de encontrarse en la provincia tropas de Gendarmería, y la situación socioeconómica, sumadas al gravísimo estado sanitario de la población, con desatención de necesidades básicas, hacen inoportuna la decisión de reducir las penas", sostiene la resolución firmada por Héctor Eduardo Area Maidana, Alfredo José Brito, Carlos Alfredo Dato y Antonio Gandur.
Esta situación de pobreza y abandono, según la Corte, "ha causado un desmesurado aumento de la delincuencia, provocando intranquilidad y descreimiento de la sociedad en las instituciones". Cuando el Poder Ejecutivo consultó a la Corte, en años anteriores, la respuesta fue siempre similar: siendo el Poder Judicial el que aplica las penas, a través de sus sentencias, a quienes infligen la ley, no puede surgir de allí una consideración favorable sobre reducciones.
Este argumento, usado también en esta oportunidad, no impidió hasta ahora que el Ejecutivo aplique estos beneficios. Sin embargo, en diciembre pasado, por las presiones recibidas, el Gobierno sólo hizo reducciones de entre el 1% y el 2%, y no como en años anteriores, que llegaban al 7%. El director de Institutos Penales, comisario general (r) Roberto Vallejo, dijo que los pedidos de reducción de penas se efectuaron en base al relevamiento que hicieron, a los largo del año, los alcaides y el Departamento de Criminología (psicólogos y asistentes sociales). "Ellos están con los internos todos los días, y saben quiénes merecen el beneficio", explicó Vallejo.
El funcionario aclaró que las reducciones no contemplan a violadores, pero según fuentes judiciales no es así y hay varios casos en que estos delincuentes resultarían beneficiados.
Vallejo indicó que, además, se solicitaron beneficios especiales para cuatro condenados mayores de 70 años, en virtud justamente de su edad.
Esta situación de pobreza y abandono, según la Corte, "ha causado un desmesurado aumento de la delincuencia, provocando intranquilidad y descreimiento de la sociedad en las instituciones". Cuando el Poder Ejecutivo consultó a la Corte, en años anteriores, la respuesta fue siempre similar: siendo el Poder Judicial el que aplica las penas, a través de sus sentencias, a quienes infligen la ley, no puede surgir de allí una consideración favorable sobre reducciones.
Este argumento, usado también en esta oportunidad, no impidió hasta ahora que el Ejecutivo aplique estos beneficios. Sin embargo, en diciembre pasado, por las presiones recibidas, el Gobierno sólo hizo reducciones de entre el 1% y el 2%, y no como en años anteriores, que llegaban al 7%. El director de Institutos Penales, comisario general (r) Roberto Vallejo, dijo que los pedidos de reducción de penas se efectuaron en base al relevamiento que hicieron, a los largo del año, los alcaides y el Departamento de Criminología (psicólogos y asistentes sociales). "Ellos están con los internos todos los días, y saben quiénes merecen el beneficio", explicó Vallejo.
El funcionario aclaró que las reducciones no contemplan a violadores, pero según fuentes judiciales no es así y hay varios casos en que estos delincuentes resultarían beneficiados.
Vallejo indicó que, además, se solicitaron beneficios especiales para cuatro condenados mayores de 70 años, en virtud justamente de su edad.
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