Lecciones de un año difícil

La manifestación colectiva obligó al ex presidente De la Rúa a renunciar.

20 Diciembre 2002
En medio de una incertidumbre donde aparece nuevamente en juego la paz entre los argentinos, la sociedad conmemora hoy la ominosa jornada de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, bajo una generalizada presión ciudadana que configuró su virtual derrocamiento. Por vez primera, esa manifestación colectiva, que culminó con sangre en diferentes lugares del país, dejó en evidencia la circunstancia inédita de que haya sido el pueblo, con sus distintos sectores sociales, el protagonista de la suprema decisión, con la absoluta abstención de las Fuerzas Armadas, transparentando así los acontecimientos un decisivo cambio histórico para la República.
Si bien las causas inmediatas del colapso político conciernen a la incapacidad del gobierno de la Alianza para dar respuesta a perentorias necesidades del país en el umbral del nuevo siglo, sus raíces fundamentales residen en el fracaso de las dirigencias políticas precedentes que, tras la plena restauración de la democracia, carecieron de responsabilidad y visión para imponer cambios imprescindibles al viejo sistema representativo de partidos.
La conclusión es ahora que mientras la sociedad se fortalece comunitariamente con los valores democráticos, aumenta su descreimiento en los administradores de sus instituciones.
Consecuentemente, las comunidades de todo el país se sienten muy lejos de estar representadas más allá de lo formal y expresan sus voluntades contestatarias al borde de la acción directa, expulsando de calles y plazas a esas oligarquías partidarias refugiadas en sus arcaicos estatutos y costumbres que, durante casi dos décadas, se han resistido a democratizar.
Para mayor hartazgo, el devaluado y poco creíble calendario electoral es precedido por implacables confrontaciones internas de las tradicionales siglas, carentes por demás del ético pudor exigible a un genuino espíritu de asociación doctrinaria. La respuesta caótica, y hasta lógica, que siguió a la crisis del 20 de diciembre de 2001 fue, en consecuencia, un clamor colectivo por el relevo total e inmediato en los poderes públicos -notoriamente usufructuado a veces por ciertos corresponsables del colapso-, que la conciencia social declinó finalmente al advertir que ello no es posible sin vulnerar el esqueleto constitucional de la Nación.
La Argentina, sin la capacidad de sus dirigencias políticas para elaborar consensos básicos, llegó a vivir en un estado de insolvencia múltiple del que no escapa ninguna de las condiciones exigidas por una organización nacional para autogobernarse con eficiencia. A la quiebra económica y financiera siguió la social, a la vez que el orden jurídico no halló en el sistema de justicia la seguridad final propia de su naturaleza. Es por todo ello que el proceso de transición transcurre con un gobierno débil y sin la autoridad necesaria, por sus compromisos con el pasado, aunque paradójicamente asegurado por la difundida convicción pública de que debe seguirse el curso constitucional.
La incapacidad demostrada por el sistema de representación para reconstruir en mediano plazo la República histórica, no será tarea posible por el mero relevo constitucional en las urnas; las cifras estadísticas de esa realidad lo anticipan suficientemente. Sin embargo, la recuperación del principio de autoridad política puede ser consumada en los comicios por una voluntad ciudadana que está demostrando sin descanso el perentorio deseo de ser parte en la gestión pública.
Condición ineludible es desoír las ruidosas convocatorias de las minorías descreídas de las libertades y los derechos ajenos, cuya falta de representatividad mediante el voto les impide ser parte de la articulación entre la sociedad y la política.
El sufragio es la herramienta fundamental para poner fin al estado de frustración, pero a condición de que se lo ejerza con responsabilidad y reflexión, dejando en el pasado cierta indiferencia o ligereza, corresponsable de los recurrentes fracasos.

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