Sorpresiva reforma del régimen audiovisual

El Gobierno ha informado que se propone promover un proyecto de Ley de Radiodifusión para remitirlo al Congreso, con el fin de modernizar el sistema de medios audiovisuales, cuya actual norma (22.285) fue dictada y reglamentada en 1980. El anuncio surge a poco de conocerse una serie de decisiones relacionadas con la prensa, entre ellas la integración de un observatorio con organismos oficiales destinado al análisis de la discriminación en las publicaciones de prensa. A la vez contrasta con el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner prorrogó durante su mandato las licencias de los canales de televisión, aprobando la fusión  de Multicanal y Cablevisión.
   Debe señalarse que desde 1983, tras la restauración constitucional, se presentaron en el Congreso 70 proyectos de ley. Tan sólo uno tuvo despacho de comisión y ninguno llegó a debate, subsistiendo la ley vigente con algunas reformas puntuales, pero cuya aplicación, a cargo del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), tuvo notorias insuficiencias que permitieron bajar considerablemente la calidad promedio en la radiofonía y, especialmente, en la TV.
   “Creo que el tema de la Ley de Radiodifusión está demorado en la Argentina democrática desde hace muchos años”, manifestó recientemente el jefe de Gabinete. Casi simultáneamente la presidenta Cristina Kirchner recibió una propuesta al respecto en una audiencia donde participaron Hebe de Bonafini, legisladores y sindicalistas, además de dirigentes de la organización kirchnerista La Cámpora.
   Por su parte, el nuevo titular del Comfer, Gabriel Mariotto, afirmó al mismo tiempo, durante la presentación del Instituto de Estudios sobre Comunicaciones en el canal estatal: “vamos a estar en tensión permanente para democratizar la comunicación en la Argentina y este es el momento de conseguirlo”.
   Otras manifestaciones de sectores próximos al oficialismo durante los mismos días transitaron por la misma línea, las cuales podrían ser muy bienvenidas, si no fuera porque tras una prolongada indiferencia y utilización del viejo régimen, la iniciativa oficial surge en medio de fuertes reproches al comportamiento de los medios de información ante la crisis del campo. Pero en materia audiovisual no solamente es imperioso actualizar la legislación y agilizar el rol del Comfer, causante por omisión de la degradación de  programaciones, sino igualmente necesario que el Gobierno asuma la responsabilidad de crear una real televisión pública, como pomposamente suele autodefinirse. Es decir, un servicio estatal de televisión autónomo, a semejanza con los de otros países, y que ya tuvo entre nosotros una fallida ley sancionada por el Congreso en noviembre de 1999 como Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR), pero que no llegó a ser reglamentada. Por su parte, el Fondo Nacional de las Artes promovió, en 2005, un “Compromiso ante la ciudadanía” con academias y otras entidades para presionar al Comfer a ejercer en plenitud su función fiscalizadora sobre la programación y los comportamientos de todos los medios audiovisuales.
   Esa necesidad se ha hecho perentoria ante una nueva legislación. Pero esta debe ser analizada mediante un debate amplio que incluya a todos los sectores con intereses públicos y sociales, evitando una politización como la sugerida por los hechos recientes y los mensajes que los han acompañado. Sería lamentable que un proyecto elaborado a la sombra de quienes no toleran discrepancias partiera hacia el Congreso encapsulado y con destino a la voluntad excluyente de la mayoría automática.