La preocupante crisis del federalismo

Es muy probable que, si la Nación contara con una nueva ley de coparticipación federal de impuestos con las provincias, tal como lo dispusieron en 1994 los convencionales reformadores de la Constitución, la actual crisis agraria no se habría producido con tan inquietantes manifestaciones. Tampoco las provincias ofrecerían un panorama fiscal tan contradictorio con el del poder central, del cual dependen en su mayoría para no sufrir severas crisis. Esa situación da lugar a que el federalismo constituya en ellas una ficción del modelo constitucional. El tema en cuestión ha terminado convirtiéndose en la esencia del llamado modelo de cambio, por el cual el poder central trata de dirigir la política nacional.
Si bien el ex presidente Néstor Kirchner anunció al asumir que el nuevo régimen de coparticipación era una de sus preocupaciones, el compromiso nunca se concretó, situación que perdura desde la asunción de su sucesora sin que haya señales en contrario. En ambas cámaras parlamentarias se han sucedido numerosos pedidos de informes y proyectos promoviendo la demorada ley, y el último ha sido anunciado por una coalición opositora, si bien se espera que corra igual suerte que los precedentes con el oficialismo.
Las cuentas provinciales, según la consultora Exante han estado en los últimos años involucionando hacia el rojo. Del resultado financiero total en 2005, con un superávit de 1.800 millones, descendieron en 2007 a 340, esperándose que lo hagan en 2008 a poco más de 40. En ese cuadro de deterioro, el fuerte centralismo responde con ayudas puntuales que condicionan la relación con los gobiernos provinciales no sólo a una dependencia económica, sino a la política, sin la cual una administración opositora no podría subsistir, como esa experiencia inédita del radicalismo K. La siguiente fase de ese alejamiento del modelo constitucional ha sido la situación abusiva de las retenciones a las exportaciones, no sólo a las de origen agrario, que no son coparticipables, dando dado lugar a un poder central rico y a una mayoría de provincias pobres. Esa realidad ahora tan manifiesta recorta el profundo sentido de las autonomías federales y sólo las excepciones están logrando impedir el poder unitario propio de los regímenes militares que se alternaron en el país desde 1930, provocando inseguridad jurídica y también dificultades en las relaciones internacionales.
La constitución histórica determinaba sabiamente la discriminación de fuentes tributarias nacionales y provinciales para asegurar las autonomías, pero los constituyentes de 1994 abandonaron esa regla fundamental y no ha sido posible sancionar una ley de coparticipación. Consecuentemente, se recurrió a parches y remedios temporarios cada vez más perturbadores del modelo institucional y en beneficio del creciente modelo centralista.
Las recientes semanas han puesto a ese modelo en severa crisis, con efectos multiplicadores en la realidad política, por lo que el problema de la recuperación del federalismo mediante la brújula constitucional está demandando un amplio diálogo. En primer término estructurando un sistema de coparticipación que reconozca a las provincias mayor correspondencia fiscal, reteniendo para la Nación los tributos equivalentes a su gasto y asignando a los distritos con menos recursos un fondo de compensaciones integrado por las provincias ricas. Esa autonomía provincial recuperada permitiría igualmente que sus legisladores nacionales restituyeran al Congreso, ajeno actualmente a la responsabilidad que le compete, su calidad republicana, perdida entre el desmedido centralismo presidencial.