La agenda rural, en la cornisa

BUENOS AIRES.- Los máximos dirigentes agrarios que negocian con el Gobierno parecen decir lo mismo sobre las retenciones móviles que detonaron el conflicto, pero algunos, como Luciano Miguens, de la Sociedad Rural, lo hacen con ambigüedad. Por el contrario, en el lado oficial todas las voces coinciden carbónicamente: eso no se toca. En consecuencia, no puede haber seguridad en que la unidad del campo no será afectada. El gran interrogante es si los sectores agrarios se comportarán hasta el final políticamente o lo harán de acuerdo con sus intereses sectoriales. Se están tratando cuestiones específicas, pero ellas tendrán un profundo sentido político, en la medida que se trata de torcerle el brazo al Gobierno, dejando testimonio de que en décadas de dispersión opositora, la gran pluralidad del campo fue capaz de colocar al poder en su lugar. Si esto no ocurre, el hiperpresidencialismo se habrá recuperado y, más aun, demostrará que se puede practicar mejor con mayor experiencia; si no, deberá ampararse en la Constitución, la que hasta ahora ha estado aprovechando poco más que en la retórica.
Cuando se reunían ayer en la primera sesión puntual, la variedad del temario impuso ordenar la agenda, pues para posibilitar el diálogo como tal, no es posible condicionarlo a un punto que pueda impedirlo; es decir, un sí o un no a las retenciones móviles. El milagro consistiría, pues, en una mesa de concesiones y señuelos al campo tan colorida que lo hiciera olvidar el motivo esencial de la crisis: el manejo oficial de sus bolsillos.
Parecido dilema es el que dejó en Washington el ministro de Economía, paradójicamente autor del explosivo rural.
Tanto Martín Lousteau como sus voceros afirmaron que el titular del Fondo Monetario y el del Tesoro le enviaron guiños de apoyo ante el Club de París para concertar el reintegro de los 5.300 millones de dólares que adeuda la Argentina. Pero lo cierto es que Lousteau debe golpear a las puertas de ese club de cinco naciones que ayuda a países en desarrollo para preguntar si hará una excepción en “la norma de Evian”, donde se establece que los acuerdos de esa naturaleza deben ser auditados por el FMI, algo que este no puede disponer. Mucho menos cuando el Fondo lleva ya un año sin poder auscultar la economía argentina por decisión del Gobierno. No porque se le deba plata, sino porque el organismo debe informar periódicamente sobre la economía de sus miembros, condición a la que no ha renunciado nuestro país.
El ministro pidió el favor a Dominique Strauss-Kanh, director del Fondo, pero poco después de hacerlo, declaraba que de ninguna manera se habría de aceptar su auditoría.
La contradictoria singularidad ha sido interpretada como un testimonio de que la economía nacional no está en condiciones de colocarse en exhibición. Especialmente ahora, cuando la caja rosada provocó la crisis por las retenciones agrarias. (De nuestra Sucursal)