El transporte ilegal

La norma de derecho emanada del poder social y encaminada al mantenimiento del orden en las relaciones precisas para la realización del destino humano es una de las acepciones de la palabra ley. También se la define como el precepto dictado por la suprema autoridad, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la Justicia para el bien de los gobernados. Desde nuestra historia muy temprana, los argentinos hemos acuñado expresiones que relativizan o satirizan a quienes elaboran las leyes, a los que deben aplicarla o a quienes la acatan, tales como "hecha la ley, hecha la trampa", "hacete amigo del juez", "para qué vas a pagar impuestos si nadie lo hace" y "vivir truchando o del truchaje", de más reciente cosecha. Desde el "Martín Fierro", pasando por tangos memorables como "Cambalache" ("Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso estafador..."), "Al mundo le falta un tornillo" o "Primer mundo" hasta "El reino del revés" se ha señalado esta adicción argentina a vivir al margen de la ley, a invertir los valores sociales, apoyándose en la astucia y en la picardía. Por esa razón, Borges hablaba de que los argentinos carecemos de conciencia moral y ética.El problema del transporte ilegal de pasajeros en Tucumán está alcanzando la mayoría de edad. La anarquía en el sector es tal que ahora asistimos a la lucha entre remiseros y combis ilegales que se disputan los territorios, como si los comprovincianos fuesen un botín de guerra. En nuestra edición del martes, informábamos sobre el enfrentamiento de estos sectores en Colombres, que parece extenderse en las localidades aledañas, incluyendo la Banda del Río Salí. El servicio de combis habría conseguido la autorización de la Dirección Provincial de Transporte para entregar boletos, como si fuese una empresa de ómnibus, pero carecería de las condiciones básicas para circular en el marco de la ley.
Existe, por otro lado, una federación de cooperativas de transporte de pasajeros, que nuclea a 19 cooperativas de remiseros "truchos" sólo en el interior de la provincia. Como si estar trabajando en una situación ilegal no implicara ningún riesgo de ir a la cárcel o, por lo menos, de recibir una severa sanción, la federación elevó un pedido a la Legislatura con la finalidad de poder desarrollar su actividad legalmente. Peticiona -nada menos- que se modifique la actual Ley de Transporte, posibilitando -por ejemplo- que se preste el servicio con vehículos de hasta 15 años de antigüedad, con la debida inspección técnica. Proponen legislar sobre la materia, estableciendo un basamento jurídico que contemple un equilibrio entre las partes involucradas (entidades, usuarios, erario) y lograr de esta manera "una seguridad jurídica plena". Es decir que, en esta provincia, quien propone seguridad jurídica es aquel que viola la normativa vigente y desea acomodar la ley a su conveniencia.
Este hecho -como tantos otros que suceden en la realidad de este maltrecho Tucumán- está reflejando, por un lado, la ineptitud del Gobierno para hacer cumplir la ley y, lo que es más grave, se favorece el veloz desarrollo del transporte "trucho", que perjudica al servicio legal. Por otro lado, desnuda la ausencia de inversión, en los últimos años, de los empresarios del transporte público de pasajeros, que han contribuido a precarizar el servicio hasta el punto de que obligan al usuario a elegir entre un servicio legal que funciona mal y otro ilegal, en el cual su vida corre riesgo porque carece de seguros.
El transporte ilegal sacó carnet de manejo hace algo más de un lustro. No se hizo nada en concreto por dar una solución definitiva. Se lo dejó crecer hasta el punto en que se ha transformado en un problema social de difícil resolución en el contexto económico que se vive. Se sabe que cuando las bolas de nieve crecen desmesuradamente, después no es posible atajarlas.
Si en esta sociedad los gobernantes tienen miedo de aplicar las leyes; si quienes las transgreden quieren acomodarlas a sus intereses y desafían a la autoridad; si los sospechosos de corrupción en las altas esferas del Gobierno eligen a los jueces que los juzgarán, cabe preguntarse entonces para qué sirven nuestros representantes si no trabajan para la comunidad.