Responsabilidades ante el default

La opción entre honrar los vencimientos de deudas con los organismos internacionales de crédito a costa de las reservas del Banco Central de la República Argentina, o de preservar estas incumpliendo los compromisos mientras no se alcance un acuerdo contingente con el Fondo Monetario Internacional, es una situación altamente política, con trascendencia mayor que las consecuencias sobre el crédito de la Nación. La segunda alternativa ha sido la adoptada por el Gobierno nacional al incumplir el pago de 751,1 millones de dólares al Banco Mundial, dando lugar a un trámite formal de declaración de insolvencia por ese organismo y que podría no ser el único si en enero próximo tampoco se satisface otro vencimiento con el FMI.
Desde el punto de vista interno, la nueva situación no modificará sustancialmente el proceso de lenta recuperación de la economía, pero no ocurrirá lo mismo desde el externo, donde el crédito del país se resentirá ante la incertidumbre, y afectará consecuentemente esas expectativas de recuperación.
"No pagar -ha reconocido el presidente Eduardo Duhalde- es la prueba del fracaso", corroborando la realidad descripta, si bien manifestando que se hacen grandes esfuerzos para alejarse de aquellos riesgos. La voz oficial más precisa en la emergencia ha sido la del ministro de Economía, quien desde hace tiempo sostiene la alternativa de preservar las reservas mientras no haya acuerdo contingente. "Ningún país serio en medio de un proceso eleccionario -ha dicho Roberto Lavagna- se puede dar el lujo de usar reservas, pues ello llevaría al futuro gobierno, y a la gente misma, a sentirse agraviados porque dejamos a la próxima gestión sin nada".
Nuestro proceso preelectoral, por lo demás, sigue asumiendo incertidumbre, además de transcurrir en medio de una crisis política y social que hace difícil precisar las condiciones del ansiado acuerdo.
El colofón de tan severa y comprensible decisión ha sido reiterar que bastará arribar a un entendimiento razonable para satisfacer los atrasos hasta ese momento. En este caso, la utilización de las reservas, según el argumento oficial, se haría sin riesgos políticos mayores.
Los hechos han testimoniado así que nuestras relaciones con los organismos internacionales de crédito están fuertemente condicionadas por una realidad insoslayable y con profundas raíces en un pasado histórico, donde el dato singular ha sido la dureza de las relaciones políticas.
Ello se advierte con toda su gravedad en la soledad donde el Gobierno no logra el apoyo necesario de su partido, dividido por una interna con hostilidad y fragmentación sin precedentes, que le impide clarificar compromisos mínimos para el futuro ante aquellos organismos.
En tal situación, la gestión esencial del Banco Central ha consistido, con éxito, en recuperar reservas en un mercado cambiario muy acotado como consecuencia de una moderada confianza en la operatoria bancaria, conformando un amortiguador de la crisis financiera a la espera de la recuperación del crédito.
No pocos economistas, sin dejar de advertir los riesgos de ese default, han aceptado como mal menor dicha opción oficial al finalizar el año más testimonial de la crisis. Se considera que se trata de un proceso controlable, pero tan sólo en la medida en que se respeten los plazos electorales y el próximo gobierno pueda acordar un rápido acuerdo para acceder a los fondos requeridos por lo adeudado, refinanciando vencimientos que para el año próximo suman 11.200 millones de dólares.
Solamente un desenlace claro de la interna justicialista podría acortar el incierto plazo del acuerdo contingente con el Fondo Monetario, hasta el momento menos preocupante para ese decisivo sector de la clase política, que los intereses facciosos con que está agobiando a la República.