El posmirandismo ha comenzado antes de lo previsto y sus primeras imágenes son lamentables. La última reunión de la comisión de Juicio Político fue una de las expresiones más patentes de la estampida de un oficialismo que no sabe hacia dónde dispara. "Aquí el barco se hunde y el único que tiene salvavidas es el gobernador", soltó uno de los peronistas que no rechazó el pedido de destitución contra Julio Miranda porque también quiere una tabla de salvación.
Tucumán da para todo. Hasta de arteras intenciones pueden surgir acciones correctas. Claro que no hay que ilusionarse. Si hay maderos para todos, el planteo pasará hoy a la historia. El castillo de naipes se cayó y el mandatario ya no tiene cartas para jugar. Tras anunciar que no aspira a ningún cargo electivo en 2003 (como si aún tuviera margen para decidir lo contrario), tuvo que salir a aclarar que, en realidad, quiere seguir haciendo política, aunque sea como presidente del PJ tucumano. Pero ya es tarde para tratar de fingir una pose que le permita retener cierta cuota del poder que se le escapó como arena entre los dedos.
A esta altura, la gestión de Miranda es tan virtual que ni siquiera es dueño de mover funcionarios. Si él dispone que Rodolfo Neme regrese al Instituto de Vivienda pero la decisión, finalmente, debe esperar por el pronunciamiento del ministro de Economía Osvaldo Jaldo, alguien está cobrando el sueldo equivocado en la Casa de Gobierno.
Ante este cuadro de vulnerabilidad concreta, una vez más, la debilidad de la oposición sigue constituyéndose en la fortaleza del jefe de Estado. Basta observar que en FR la Junta de Gobierno eligió político del año al diputado Ricardo Bussi, o que la UCR tuvo ayer una interna de candidatos a presidente, para advertir que la realidad es "algo" que sucede mientras los políticos están en otra parte. Eso sí: no sólo a los partidos se les pueden endilgar que hayan perdido el rumbo. La tibia postura del Colegio de Abogados frente a la embestida judicial contra el fiscal Esteban Jerez contrasta vergonzantemente con las posturas que durante los últimos dos años le valieron un inusitado lugar de reconocimiento en la sociedad. La ausencia del monterizo Mario Racedo en la conducción de esa entidad se hizo, definitivamente, pública y notoria.
La Fiscalía Anticorrupción investigó a Antonio Bussi por los fondos reservados de su gabinete y a los legisladores (menos a uno) por los gastos de bloque. A las erogaciones en publicidad del actual Gobierno a través de la Fundación PIBE y a la compra de las tierras con un supuesto sobreprecio de $ 3,8 millones por parte del Ipvdu (Lomas de Tafí). Al desvío de los ATN y al rescate anticipado de títulos de la deuda pública mediante la "Ley Dinar". A las coimas (presuntas, claro está) para habilitar la reforma constitucional y a los bonos mellizos. A la aparente malversación de los fondos sociales del Posoco y también de los recursos para comedores.
El repaso comprueba que en Tucumán no hay lugar para "la oposición a su graciosa majestad". Una verdadera batalla "anticorrupción" se libra en las instituciones provinciales. Y, tal como Licurgo razonaba respecto de la guerra de Esparta, se puede estar de un lado o del otro. Lo que resulta imperdonable es estar en ambos. O en ninguno.
