Crece la planilla salarial del Estado

No constituye novedad señalar que los gastos de sueldos representan uno de los rubros que sofocan al presupuesto oficial, en todos los niveles, es decir tanto en la órbita de la Nación como en las de las provincias y los municipios. Las autoridades han procedido en ese terreno sin ninguna sensatez, desde muchos años a esta parte.
Han comprometido los recursos públicos a un extremo que imposibilita realizar todas las otras inversiones que la comunidad requiere, ya que un elevadísimo porcentaje de los ingresos del Estado debe destinarse a atender planillas salariales cada vez más abultadas.
Obvio es decir que ese proceso desnaturaliza los fines esenciales de la administración pública. Esta no puede limitar su acción al pago de sueldos, porque la población que abona impuestos supone que su dinero se destinará a inversiones que vayan mucho más allá, y que se transformen en verdaderas impulsoras del crecimiento y del progreso general.
A pesar de este principio elemental, la verdad es que los gobiernos, del más distinto signo, no han hecho nada para detener el desbocado crecimiento de la empleomanía. Así lo muestran con elocuencia las estadísticas. De ese modo, cada vez hay más personas que perciben sueldos públicos y, como decimos al comienzo, costear esas retribuciones ha terminado por convertirse en un problema central y angustioso del Estado.Como no podía ser de otra manera, la crisis económica -en la que estamos inmersos desde hace ya mucho tiempo- ha mostrado los ribetes más agudos de esa cuestión, que en épocas de bonanza podría pasar más o menos inadvertida. No bien se ha hecho patente la necesidad de achicar drásticamente los gastos públicos, quedó claro que en esas erogaciones el rubro de personal tiene un rol de alarmante protagonismo.
Llama la atención, entonces, que dentro de ese cuadro no se otorgue prioridad a la contención de nombramientos, y mucho más en las categorías superiores del escalafón administrativo. Hemos informado acerca de lo que está ocurriendo, en ese sentido, en la administración provincial, que ha prodigado las designaciones a lo largo de estas últimas semanas. Ello hasta ha suscitado planteos del gremio de empleados públicos, que considera que se pasa por encima del Estatuto que regula tales ingresos.
Es imposible justificar que, en estos tiempos en que el Tesoro provincial está aquejado por problemas tan serios, se le agregue todavía esa cantidad de nuevos gastos que no parecen en absoluto necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria estatal, y que más suenan a favores. No es posible pensar que el Presupuesto siga soportando estas sangrías sin que ello le genere muy afligentes situaciones.
Semanas atrás, el ministro de Economía se pronunció en contra de todo nuevo nombramiento, y declaró enfáticamente que no serían autorizados. Pero las informaciones que consignamos demuestran exactamente lo contrario. Esto es, que la administración pública sigue incorporando gente a sus superpoblados cuadros, como si sobraran fondos para costear sueldos.
Nos parece que estamos ante criterios que deben ser sustancialmente modificados sin pérdida de tiempo. No es el Estado una agencia de empleos, y mucho menos puede serlo en situaciones tan atribuladas como las que atravesamos. Corresponde terminar con las incorporaciones de personal, revisar todas las efectuadas últimamente y disponer que la administración se maneje con los empleados y funcionarios que posee, que son más que numerosos.
De otro modo se está creando un cuadro de dificultades ciertas para el inmediato futuro de las finanzas oficiales.