En la Justicia siguen con atención los alcances que tendrá la marcha atrás parcial del Poder Ejecutivo respecto de la ley que autorizaba la disposición de inmuebles de gran valor histórico. Esto tendrá consecuencias jurídicas en las dos acciones de amparo impulsadas ante la Justicia Federal y ante la provincial, en el afán de que las normas sean declaradas inconstitucionales. En la primera de las órbitas, el expediente está avanzado, ya que el fiscal Emilio Ferrer dictaminó a favor de la competencia de la Justicia Federal para entender en la cuestión.
Cuando el gobernador promulgue la nueva norma -que fue sancionada ayer- quedará delimitado el alcance de la derogación (parcial) y, por ende, qué subsiste de las dos normas en cuestión. Esto, a la vez, servirá para saber qué devendrá abstracto (por haber desaparecido la circunstancia que generaba la controversia) de los amparos deducidos -por separado- por la Junta de Estudios Históricos y por el Colegio de Arquitectos ante la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia, por una parte, y por las federaciones Económica de Tucumán y de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, por la otra, ante la Justicia Federal.
En el caso de la segunda de las demandas, recayó en el Juzgado N° 2, a cargo de Mario Racedo, quien solicitó a Ferrer que emitiera su opinión (no vinculante). El miércoles, como aún no se había formalizado el anuncio de que se iba a dar marcha atrás con la cuestión, el fiscal se pronunció. “No obstante que la acción está dirigida contra la Provincia, la presente causa, deducida en los términos del artículo 43 de la Constitución nacional (establece la garantía del amparo), resulta de competencia federal en razón de la materia, al encontrarse involucrado un bien jurídico protegido por la Nación, lo que genera un evidente interés federal”, aseguró.
Ferrer concluyó que los inmuebles no sólo están debajo del paraguas jurídico de dos leyes provinciales (las N° 7.500 y N° 7.535), que establecen un sistema de protección cultural y arquitectónica. “Al formar parte del casco de San Miguel de Tucumán, que fue declarada ciudad histórica por la Ley Nacional 25.275, se encuentran bajo la custodia y conservación del gobierno federal (Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos)”.