En la disputa sobre el patrimonio, un sector de la clase media le acaba de torcer el brazo al gobernador Alperovich, pero queda pendiente una discusión de fondo. Por Nora Lía Jabif - Redacción LA GACETA.
Tras meses de tiras y aflojes con una parte de la ciudadanía (y muy probablemente consigo mismo), José Alperovich ha constatado que sin el apoyo de ese sector de la clase media que define la opinión pública se hace difícil gobernar. La prueba de que el tábano se salió con la suya es la decisión oficial de dar marcha atrás con la venta de los edificios de la Dirección de Rentas, del Siprosa (Mendoza y Rivadavia) y de la ex Brigada de Investigaciones. Amén de las marchas de los viernes que concentraban a los defensores originarios del patrimonio y a opositores diversos, el alperovichismo supo que le habían torcido el brazo cuando hubo que cubrir las vacantes que habían dejado María Blanca Nuri, Jorgelina García Ascárate y Pablo Parolo, tres directores del área de Cultura. En una primera vuelta, al secretario del Ente Tucumán Cultura, Mauricio Guzman, le costó encontrar reemplazantes para las direcciones de Teatro (una de las tentadas antes de la asunción de Luis Giraud habría sido la respetada teatrista Lita Molina, que dijo no) y de Letras (le habrían ofrecido el cargo a Selva Cuenca, con igual respuesta). Con la dirección de Patrimonio la solución estuvo a la mano, porque la reemplazante de Jorgelina García Ascárate, Mercedes Aguirre, es una mujer del riñón alperovichista. Saldada esta cuestión, quedan ahora otras cuestiones pendientes. La primera es definir cuál será el destino de los edificios que han sido reincorporados al patrimonio histórico de la Provincia. Por un lado, el Gobierno necesita espacios para reubicar a distintas reparticiones de la administración pública; por el otro, habrá que ver si los edificios disponibles se adecuan a las necesidades de una administración del siglo XXI, y cuál será el costo de recuperar esos edificios. En relación al edificio de la ex Brigada de Investigaciones, en avenida Sarmiento y Muñecas, la reversa oficial sería casi retórica. Ya se había decidido que allí se construirá el nuevo edificio de la Legislatura provincial (aunque habrá que ver si el proyecto arquitectónico concilia con la avanzada preservacionista del movimiento en defensa del patrimonio. Cabe sin embargo una pregunta que apunta a la discusión conceptual sobre lo que significa para una comunidad la defensa de su patrimonio: durante décadas (de dictadura, y hasta en tiempos democráticos, según consta en numerosas denuncias) la ex Brigada fue sede de torturas y de desapariciones de centenares de personas. En todo el mundo occidental, en esos “espacios del horror” se erigen museos recordatorios de esas tragedias. Ocurre que si por patrimonio se entiende la preservación de la identidad de una comunidad, se entiende que allí confluyen por lo menos dos elementos: el tangible, cuando queda algo en pie, y el simbólico, que no es menos importante, y que remite a la conservación de la memoria. Con una mirada distinta, los defensores del concepto tradicional de patrimonio histórico (el patrimonio tangible, los ladrillos, lo que se hace visible) admiran la apuesta que ha hecho Salta para poner en valor lo que le quedaba de sus edificios coloniales (que son los menos ) y de las construcciones de comienzos del siglo XX, como los que están en disputa en Tucumán. Por cierto, el anterior gobierno salteño absorbió esos edificios para uso museológico o administrativo, y así logró instalarse en la oferta turística internacional como una “marca” de ciudad histórica y amigable. En este último punto, una ventaja de “la linda” es su escala pequeña, sumado a un trabajo sostenido en el tiempo, al que ha colaborado un código de ordenamiento urbano pensado en función de esos fines conservacionistas. El movimiento “Tucumán no se vende” ya anticipó que ahora va por más: quiere que también ingresen en la lista de posesiones a preservar el edificio de la Junta de Clasificaciones, un predio en 24 de Septiembre al 500 en el cual hay una playa de estacionamiento y el edificio de la ex Dirección de Comercio Exterior, en San Martín entre Maipú y Junín. Una mirada no entrenada observa que por lo menos dos de esos espacios carecen de valor histórico y arquitectónico. Si lo que se pretende es frenar eventuales negocios inmobiliarios sospechosos por parte de algunos “favoritos del poder”, lo mejor sería evitar eufemismos, y luchar llamando a las cosas por su nombre.