Tres edificios centenarios no podrán ser demolidos ni vendidos por el Ejecutivo

La derogación de parte de la ley 7.990, norma que motivó la polémica sobre el destino de los inmuebles históricos, fue aprobada ayer por unanimidad en la Legislatura. La medida había sido reclamada por numerosos sectores sociales. Ahora, tres importantes edificios vuelven a estar protegidos por el Estado para que no se los demuela y se bloquea su venta a particulares: la Dirección de Rentas (San Martín y Maipú); el Siprosa (Rivadavia y Mendoza) y la manzana de la Secretaría de Educación (avenida Sarmiento al 800).
"La prudencia y la búsqueda de consenso nos exige esta medida. Devolvimos a la protección del patrimonio arquitectónico e histórico a tres inmuebles que forman parte de la identidad del pueblo tucumano. Esta ley nos obligó a que levantemos la mirada y revaloricemos los edificios que tenemos. No hubo ninguna batalla ni vencedores o vencidos. Es de sabios poder enmendar los hechos", puntualizó Roque Tobías Alvarez.
El presidente de la bancada Tucumán Crece aseveró que es inobjetable que se debe poner en valor las cosas recibidas del pasado, porque hay "cascarones vacíos". Aclaró que se mantiene la libre disponibilidad para una playa de estacionamiento de 24 de Setiembre al 500 y para la Junta de Calificación Docente, de Córdoba al 700, pero no mencionó nada sobre el tercer bien que se mantiene sin amparo: la centenaria ex Dirección de Comercio, de San Martín al 700.
La ley fue interpretada por el oficialista Alberto Conte como un salto superador, y pidió que así se lo interprete al acercar propuestas para hacer más eficiente al Estado. José Alberto Cúneo Vergés los refutó, al indicar que hay tres posiciones distintas: que los inmuebles no se pueden tocar y deben quedar en el Estado; los que opinan que pueden ser arrendados a particulares para su mantenimiento, y los que sugieren que se los venda, con condiciones y limitaciones. "Hubo quienes quisieron organizar marchas en defensa del Gobierno, pero Alperovich no quiso que se hagan. Si insisten con el rechazo a todo, es porque hay intereses sectarios y políticos por detrás. No vayamos a la ?marcha por marcha?, porque los peronistas conocemos cómo movernos", advirtió.
Olijela Rivas reivindicó la norma original de protección de inmuebles (de la cual es autora) y apostó a que, con la derogación de la Ley 7.990, se logre un equilibrio. "El gesto honra al gobernador y marca el camino de la tolerancia", dijo.
Distinta fue la lectura de la oposición. "Siempre es buena la marcha atrás en aras a la convivencia política. Se deben reconocer y enmendar los errores para no causar más confusión. Si nos dijeron ?bosta de paloma? a quienes nos opusimos entonces, esa calificación debería ser ahora para el gobernador José Alperovich, que revierte su posición", señaló Osvaldo Cirnigliaro.
José Cano (UCR) planteó que en este asunto faltó análisis. Pidió que se incluya a la ex Dirección de Comercio en la lista de bienes protegidos, pero no encontró consenso. "Fue la gente, a través de sus marchas, la que le demostró a Alperovich su equivocación. La construcción política necesita de otros ámbitos, más allá de los votos", afirmó.