Seis ejes fueron tomados por las entidades intermedias para justificar la continuidad de las marchas en defensa del patrimonio. Principalmente, fustigaron las declaraciones formuladas por el gobernador, José Alperovich, por el titular del Ente Cultural de Tucumán, Mauricio Guzman, y por el director de Rentas, Pablo Clavarino. En todos los casos, tildaron de falsos a los dichos.
Respecto del mandatario, aclararon que sólo se modificó la Ley 7.990, pero que no fue derogada, como planteó inicialmente Alperovich. En cuanto a Guzman, recordaron que durante el Congreso Argentino de Cultura, realizado en Mar del Plata, firmó un documento para estimular el arte en todas sus formas y proteger el patrimonio tangible e intangible. "Pero ha intentado convencer a la Comisión Provincial de Patrimonio de aceptar la venta de edificios patrimoniales", señala el documento leído durante la marcha.
También expresaron que Clavarino mintió cuando, en declaraciones públicas, sostuvo que el edificio de Rentas debía demolerse, según informes de Defensa Civil. Para replicar las palabras del funcionario tomaron como sustento el informe del Instituto de Estructuras de la UNT: "el edificio presenta deterioros propios de la falta de mantenimiento. En base a lo antes dicho, se considera que el edificio del ex Banco Nación puede ser rehabilitado". En tanto, cuestionaron a los legisladores del oficialismo, porque sancionaron y modificaron una ley a instancias de un pedido del gobernador. "Sean fieles a sus convicciones", reclamó Eduardo Ribotta.
Luego, Ribotta apuntó contra la Justicia, por la demora en resolver un recurso de amparo presentado hace tres meses. "Señores jueces no tengan miedo; fallen en base a la Constitución", afirmó. Finalmente, anunciaron que debido a la Semana Santa, la próxima marcha se hará el miércoles a las 21.