Teniendo en cuenta la materia sobre la cual versa el recurso de casación, el planteo del todavía fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, contra la sentencia que declaró inconstitucionales y nulos varios artículos de la Carta Magna reformada en 2006, ingresará a la sala en lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Todos los trámites vinculados a la notificación de las partes (Colegio de Abogados y Fiscalía de Estado) de la resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que decidió conceder el recurso, se prolongarían hasta el martes. Por ende, se calcula que el expediente sería elevado al alto tribunal al día siguiente, en la víspera de los feriados por Semana Santa.
A la sala en lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema la integran Antonio Gandur, René Goane y Antonio Estofán, pero como este último no puede intervenir, ya que fue fiscal de Estado de la Provincia y actuó en la causa (contestó la demanda del Colegio de Abogados), deberá ser reemplazado por otro vocal del alto tribunal, Alberto José Brito.
Si los tres vocales no alcanzaran al acuerdo necesario para poder pronunciarse, tendrán que integrar el tribunal. Pero en esa hipótesis se dará una circunstancia curiosa: no podrán intervenir Estofán ni el futuro vocal de la Corte Suprema, Sassi Colombres (hoy le prestará acuerdo la Legislatura para que reemplace al renunciante Héctor Eduardo Area Maidana) teniendo en cuenta que, precisamente, hay que resolver un recurso de casación interpuesto por él. Entonces, la Corte Suprema debería ser conformada con dos vocales de las otras dos Salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (la I y la III).
El Código Procesal Civil y Comercial Común de la provincia prevé un plazo de 90 días para que el máximo tribunal de Justicia se pronuncie desde que la causa se encuentre en estado de ser resuelta. No obstante, dada la trascendencia institucional del pronunciamiento, en el alto tribunal prima la idea de que la resolución no debe hacerse esperar.
Todos los trámites vinculados a la notificación de las partes (Colegio de Abogados y Fiscalía de Estado) de la resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que decidió conceder el recurso, se prolongarían hasta el martes. Por ende, se calcula que el expediente sería elevado al alto tribunal al día siguiente, en la víspera de los feriados por Semana Santa.
A la sala en lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema la integran Antonio Gandur, René Goane y Antonio Estofán, pero como este último no puede intervenir, ya que fue fiscal de Estado de la Provincia y actuó en la causa (contestó la demanda del Colegio de Abogados), deberá ser reemplazado por otro vocal del alto tribunal, Alberto José Brito.
Si los tres vocales no alcanzaran al acuerdo necesario para poder pronunciarse, tendrán que integrar el tribunal. Pero en esa hipótesis se dará una circunstancia curiosa: no podrán intervenir Estofán ni el futuro vocal de la Corte Suprema, Sassi Colombres (hoy le prestará acuerdo la Legislatura para que reemplace al renunciante Héctor Eduardo Area Maidana) teniendo en cuenta que, precisamente, hay que resolver un recurso de casación interpuesto por él. Entonces, la Corte Suprema debería ser conformada con dos vocales de las otras dos Salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (la I y la III).
El Código Procesal Civil y Comercial Común de la provincia prevé un plazo de 90 días para que el máximo tribunal de Justicia se pronuncie desde que la causa se encuentre en estado de ser resuelta. No obstante, dada la trascendencia institucional del pronunciamiento, en el alto tribunal prima la idea de que la resolución no debe hacerse esperar.







