Llegará a la Corte un fallo en contra de la Constitución

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia quedó habilitada para tratar una cuestión de fundamental importancia institucional. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo concedió el recurso de casación que el fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, en representación de la parte demandada, había deducido contra la sentencia del tribunal que, a partir de una demanda del Colegio de Abogados, declaró nulos e inconstitucionales varios artículos de la Carta Magna reformada en 2006. Como consecuencia, los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello decidieron elevar la causa a la Corte, adonde, tras las notificaciones de rigor, podría llegar el miércoles.
Aunque Sassi Colombres había deducido un recurso de inconstitucionalidad en forma subsidiaria al de casación, Novillo y Giovanniello concluyeron que en esta oportunidad sólo correspondía que se pronunciaran sobre la admisibilidad del planteo en forma actual (léase el de casación). Si bien decidieron habilitar la vía procesal que permitirá que la Corte intervenga, no se privaron de efectuar dos serias observaciones.
Los camaristas advirtieron que, en su impugnación, Sassi Colombres debía formular una crítica de todos los fundamentos de la sentencia y hacerse cargo -en su expresión de agravios- de la totalidad de las normas en que se apoya el pronunciamiento del 5 de febrero. Los vocales entendieron que el funcionario no lo había hecho, por haberse limitado a atacar la interpretación que el fallo hizo de los artículos 89 y 90 del Código Procesal Constitucional (se refieren a los caracteres de la acción declarativa de inconstitucionalidad). En efecto, el fiscal de Estado cuestionó los alcances de la declaración de nulidad e inconstitucionalidad dictada por Novillo y Giovanniello en la convicción de que, por su generalidad, había desbordado los límites del caso formulado por el Colegio de Abogados, en cuyo marco fue efectuada.
Como consecuencia, los vocales extrajeron dos importantes conclusiones. "Ignoró por completo que la sentencia fundamentó la acción específica de inconstitucionalidad de la reforma constitucional en la aplicación del artículo 3 de la Ley 7.469 (declaró la necesidad de la reforma) y en los artículos 3 y 152 de la Constitución provincial. Por ende, estos otros fundamentos -más específicos y de mayor rango constitucional- han quedado consentidos con todas las implicancias que ello supone en diversos sentidos (legitimación, anulación judicial de reforma inconstitucional, etcétera)", aseveraron.
De esta forma, los camaristas reiteraron que el pronunciamiento fue posible teniendo en miras que la Ley 7.469 establecía la nulidad de las modificaciones, supresiones o incorporaciones de artículos o temas que no hubieran sido especialmente habilitados para que los tratara la Convención Constituyente. Además, reiteraron que los poderes del Estado no pueden adoptar disposiciones contrarias a la Carta Magna ni ejercer otras atribuciones que las que ella les atribuyó.
En segundo lugar, destacaron: "el recurso (formulado por el fiscal de Estado) no desarrolló ningún razonamiento crítico contra la interpretación de la sentencia sobre el sistema de habilitación preconstituyente de la Ley 7.469; de modo que este fundamento específico de la anulación de la incorporación de la enmienda constitucional también ha quedado consentido".
Pese a las observaciones, Novillo y Giovanniello aclararon que todo dependerá de la Corte: "La apreciación de si los agravios del recurrente deben reputarse insuficientes tiene que ser reservada para el juicio final del tribunal superior".