14 Marzo 2008 Seguir en 
El último Indice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional colocó a la Argentina en el 105 lugar sobre un total de 180 naciones, y su directora regional Pfeiffer Silke señaló en esa ocasión y entre otras consideraciones, un alto nivel de informalidad en la gestión pública, una baja institucionalidad y también que las organizaciones de control son muy débiles. De acuerdo con esa encuesta, se registra una asignación de 2,9 puntos en una escala que se inicia con 10. No se trata de una novedad, por cierto pues, desde 1995, cuando se iniciaron esas investigaciones anuales, nuestro país promedió un sostenido descenso en el que se advierte el creciente proceso de corrupción estructural que se produjo en la gestión pública, trasladándose a las relaciones de esta con los sectores privados. Los últimos testimonios han sido la intervención en el Instituto Nacional de Estadística y Censos que impide medir con certeza la realidad económica y social, y el escándalo de la venta delictiva de los autos diplomáticos denunciado por el canciller Jorge Taiana. El de la Cancillería tiene la gravedad de haber puesto en tela de juicio la integridad tradicional del Servicio Exterior de la Nación, cuyo prestigio profesional lo ha mantenido incólume en el juicio público, como en el caso del Indec.
La acumulación de revelaciones sobre esas y otras irregularidades, actualmente bajo investigación judicial, está evidenciando que la Cancillería ha dejado de ser el departamento de Estado con primacía de la conducción diplomática de la Nación, al pasar a desempeñar funciones de significación funcionarios políticos. Ello dio lugar a que la política internacional fuera la de un gobierno o presidente determinado y no tuviera la continuidad necesaria o terminara indefinida como viene aconteciendo en los recientes años. Los destinos de embajadores políticos, más de una veintena en la actualidad, son asignados frecuentemente a quienes el poder presidencial desea premiar o alejar y, como consecuencia de esa reprobable concepción del rol del país en el mundo, se observa en el presente el nuevo avance de un presidencialismo que pretende manejar directamente como lo hace con el resto del gobierno.
Esa corrupción estructural que se manifiesta con la gravedad señalada en el disfraz estadístico y los insólitos hechos denunciados en la Cancillería, cobra una trascendencia internacional que a veces adquiere niveles más preocupantes, pues contribuyen a un pronóstico crítico sobre el futuro del país. En este caso, el nuevo informe anual del Departamento de Estado de EE.UU sobre la vigencia de los derechos humanos en el mundo consigna con respecto a la Argentina que hay corrupción y funcionarios públicos involucrados en prácticas corruptas, así como “instituciones históricamente débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado que tornan difícil erradicar la corrupción de manera sistémica”. No se detiene en esos puntos el informe anual del Departamento de Estado, pues menciona otros casos personales sin excluir el de la valija o el de la ex ministra Felisa Miceli.
La corrupción, parece olvidarse, no sólo consiste en la apropiación ilegal de bienes sino que tiene una significación más profunda cuando consiste en desinstitucionalizar deliberadamente la gestión pública sorteando los cauces constitucionales. Entre ellos, los propios de los poderes republicanos, cuyos controles recíprocos demuestran fallas que sonrojan a la República.
La acumulación de revelaciones sobre esas y otras irregularidades, actualmente bajo investigación judicial, está evidenciando que la Cancillería ha dejado de ser el departamento de Estado con primacía de la conducción diplomática de la Nación, al pasar a desempeñar funciones de significación funcionarios políticos. Ello dio lugar a que la política internacional fuera la de un gobierno o presidente determinado y no tuviera la continuidad necesaria o terminara indefinida como viene aconteciendo en los recientes años. Los destinos de embajadores políticos, más de una veintena en la actualidad, son asignados frecuentemente a quienes el poder presidencial desea premiar o alejar y, como consecuencia de esa reprobable concepción del rol del país en el mundo, se observa en el presente el nuevo avance de un presidencialismo que pretende manejar directamente como lo hace con el resto del gobierno.
Esa corrupción estructural que se manifiesta con la gravedad señalada en el disfraz estadístico y los insólitos hechos denunciados en la Cancillería, cobra una trascendencia internacional que a veces adquiere niveles más preocupantes, pues contribuyen a un pronóstico crítico sobre el futuro del país. En este caso, el nuevo informe anual del Departamento de Estado de EE.UU sobre la vigencia de los derechos humanos en el mundo consigna con respecto a la Argentina que hay corrupción y funcionarios públicos involucrados en prácticas corruptas, así como “instituciones históricamente débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado que tornan difícil erradicar la corrupción de manera sistémica”. No se detiene en esos puntos el informe anual del Departamento de Estado, pues menciona otros casos personales sin excluir el de la valija o el de la ex ministra Felisa Miceli.
La corrupción, parece olvidarse, no sólo consiste en la apropiación ilegal de bienes sino que tiene una significación más profunda cuando consiste en desinstitucionalizar deliberadamente la gestión pública sorteando los cauces constitucionales. Entre ellos, los propios de los poderes republicanos, cuyos controles recíprocos demuestran fallas que sonrojan a la República.







