Las leyes injustas y la tragedia de Antígona

Aunque algunas leyendas (en especial, las más antiguas) discrepan sobre sus orígenes, la forma más corriente con que la tradición recuerda el mito griego de Antígona es como la personificación de quien opone resistencia contra las leyes que considera injustas.
Sus hermanos, Polinices y Eteocles, se habían dado muerte, mutuamente, luchando en bandos opuestos durante la guerra de los "Siete Jefes" contra Tebas. Creonte, tío de ellos, decretó solemnes exequias para Eteocles, pero prohibió bajo pena de muerte que se diera sepultura a Polinices. Lo declaraba traidor por haberse aliado con los caudillos argivos en el ataque contra su patria: su cuerpo debía quedar a merced de los perros y las aves carroñeras.
Antígona repudió la orden del tirano y vertió un puñado de polvo sobre el cadáver de su hermano, gesto ritual que bastaba para cumplir con la obligación religiosa. Argumentó que era un deber sagrado dar sepultura a los muertos, porque ello implicaba cumplir con lo impuesto por los dioses en "las leyes no escritas". Pagaría con su vida por ello.
Unos dos milenios y medio después de que Sófocles (496-406 A.C) escribió la tragedia homónima, reaparecieron en Tucumán muchos elementos de aquella mitología. Estaban los que ponían de manifiesto que hay leyes escritas que no son buenas (ellos, además, eran un puñado), estaban los cuerpos de los edificios centenarios condenados a yacer a la intemperie para ser devorados por la rapiña comercial, estaba el gobernante que acusaba a los que se oponían a su decisión de no querer el bien sino la ruina para Tucumán, y estaban las leyes no escritas, que determinan que el patrimonio cultural e histórico de un pueblo debe preservarse aunque las normas del derecho positivo quieran rifarlo.
La Antígona de Tucumán, en afortunada diferencia a la de Tebas, tuvo un final feliz. El Ejecutivo dio marcha atrás y no venderá inmuebles que el 8 de mayo de 2005 (se promulga la Ley 7.535) habían sido declarados bienes arquitectónicos; que el pasado 20 de diciembre habían sido desprotegidos del amparo de esa norma por muchos de los legisladores que 21 meses antes habían votado todo lo contrario; y que mañana quedarán nuevamente a resguardo, porque los miembros del oficialismo volverán a votar para volver a desdecirse, por segunda vez en menos de dos años. Vuelta y vuelta.
Precisamente, aquí radica la tragedia local.
Hay quienes ponderan la decisión oficial y exigen reconocimiento, porque aducen que la enajenación de los inmuebles podría haberse concretado. A la vez, hacen bandera de la búsqueda de consensos, hecho inédito para esta gestión. Otros anotan el hecho como la primera derrota social del segundo mandato alperovichista. Respecto de esto están quienes analizan que se decidió retroceder frente a las protestas de los viernes, que reunían cada vez a más personas. Otros argumentan que al Gobierno le convenía dejar de tener a la gente en la calle en vísperas de las negociaciones salariales. Y, sobre todo, después de la vergonzosa sesión del Concejo capitalino, que dejó el bolsillo de los vecinos herido en el recinto, y a los vecinos heridos afuera. Finalmente, están los que atribuyen la retirada a pedidos de voceros de la Nación, a encuestas que muestran descontentos crecientes, o a temores a nuevos reveses judiciales.
Pero, cuando se barre la hojarasca del mentidero gubernamental sobre los inmuebles históricos, lo que queda sólo admite una lectura de las ruinas. La institucionalidad está hecha jirones en una Provincia donde la Legislatura tiene un comportamiento de marioneta frente a un Ejecutivo titiritero, que carece de empachos a la hora de avergonzarla con toda clase de contorsiones y genuflexiones, al ritmo de sus caprichos.
Pero hay todavía un segundo nivel de daño en este comportamiento de los poderes políticos. Es, sin más, el vaciamiento de sentido del la palabra oficial. Como el Gobierno hizo aprobar la ley sin abrir diálogo alguno, no planteó la defensa de la norma con argumentos técnicos sino en términos antagónicos. En consecuencia, no se trataba de que debía darse nuevas funciones a esos edificios, garantizando su preservación, porque había estudios que sustentaban la idea. No. Había que vender y punto. Y eso porque, según dijo el gobernador, la Secretaría de Educación "es una vergüenza más que un patrimonio" porque "en la época de la dictadura militar se mataba gente" allí. Luego, las voces oficiales dijeron que el edificio de Rentas se estaba cayendo y que los opositores a la venta de las propiedades no querían que hubiera reactivación económica ni laboral para los tucumanos.
Mañana, cuando traten de borrar con una mano lo que votaron levantando la otra, ¿también ellos estarán legislando para que la provincia no crezca y los tucumanos no tengan trabajo? ¿el edificio de Rentas dejará de venirse abajo? ¿la Secretaría de Educación ya no avergonzará al mandatario? ¿Exactamente cuándo hay que creer lo que dicen? ¿Alguna vez dicen lo que creen?
Las leyes escritas, para peor, se escriben con esas mismas palabras. Por fortuna, al pueblo también le quedan de las otras leyes. Y de las otras palabras.
También les quedan a los tucumanos, y al Gobierno, lecciones señeras. Como la de que los ciudadanos movilizados pueden conseguir lo que buscan. Y como la de que no se pueden doblegar con leyes a quienes tienen la convicción de que su reclamo es justo. Ni a un puñado de ciudadanos en la plaza que defiende los edificios que consideran el patrimonio de su historia. Ni a Antígona, amenazada de muerte, con un puñado de tierra, su tierra, en las manos.