12 Marzo 2008 Seguir en 
Una reciente encuesta de Ibarómetro en la región metropolitana ha revelado que, más que la inseguridad personal, los bajos sueldos y la inflación son las inquietudes que más afectan. En consecuencia, el ministro de Economía, Martín Lousteau, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuentan con imágenes negativas del 46,7% y del 55%. Es decir que 8 de cada 10 encuestados atribuyen al Gobierno la carga censora por las políticas antiinflacionarias.
Colofón de ese análisis es que el líder camionero Hugo Moyano, integrante de dichas políticas, tenga una imagen negativa de 66%. Inflación es palabra maldita y prohibida para los voceros del poder que todavía no han hallado el eufemismo para disimular el error con el Instituto de Estadística y Censos. El problema, del que se puede afirmar sin temor a equivocarse que es el más grave de la actual administración, no es que sus datos estadísticos sobre la realidad económica y social no se correspondan con los de la gente y los resultados económicos en los hechos, sino la falta de credibilidad. El transcurso del tiempo, algo más de un año, ha bastado para que el propio poder político advierta esa realidad y trate de enmendarla metamorfoseando al organismo estatal y eliminando a la flor y nata de sus técnicos; es decir, una maniobra de brujería, pero sin brujas.
A la hora de concertar salarios con la directa intervención presidencial “orientadora”, las partes se ven por todo ello obligadas a fijar convenios por etapas, pero aun en la mayor connivencia, Presidenta - Moyano, deben aceptar que la estadística oficial es una ficción y que, en el mejor de los casos, la diferencia oscila entre 16 y 18 puntos porcentuales con la realidad. Lo mismo ocurre con quienes acuerdan pagos futuros, alquileres o tasas de interés. Más aun, con quienes han pensado en alguna inversión de largo plazo, cercados por una incertidumbre que los paraliza. Y, por último, con los bonos que el Estado coloca y cuya renta se mide de acuerdo con los índices del Indec.
Desde que hace un año el gobierno comenzó su escalada contra el prestigioso organismo, el riesgo país, un parámetro internacional, creció más de 300 puntos y en las últimas semanas ha superado los 500, mientras la polémica entre el ministro Lousteau y el secretario Moreno paraliza el intento del segundo por imponer nuevos patrones de medición. Lo trascendente, afirma el primero, es recuperar la credibilidad.
Profundizando aun más en el problema, se suma por último una realidad más grave: sin información creíble surge un obstáculo insuperable para el control de los gobernantes por la ciudadanía. Una virtual exclusión que sanciona a la sociedad democrática y que puede llegar al punto de hacerla indiferente ante sus responsabilidades políticas, como advirtió la más elevada abstención electoral reciente desde 1928.
No se trata por cierto de una derivación caprichosa del error estadístico reiterado que deja al Estado sin patrones confiables que lo radiografíen, sino de una circunstancia concreta donde ese factor de su identidad veraz no permite observar con seguridad cuál es su situación cultural como comunidad organizada y no como sociedad individualista y desentendida de las responsabilidades colectivas. Hace demasiado tiempo que esa incertidumbre nos agobia y es señal ineludible de decadencia.
Colofón de ese análisis es que el líder camionero Hugo Moyano, integrante de dichas políticas, tenga una imagen negativa de 66%. Inflación es palabra maldita y prohibida para los voceros del poder que todavía no han hallado el eufemismo para disimular el error con el Instituto de Estadística y Censos. El problema, del que se puede afirmar sin temor a equivocarse que es el más grave de la actual administración, no es que sus datos estadísticos sobre la realidad económica y social no se correspondan con los de la gente y los resultados económicos en los hechos, sino la falta de credibilidad. El transcurso del tiempo, algo más de un año, ha bastado para que el propio poder político advierta esa realidad y trate de enmendarla metamorfoseando al organismo estatal y eliminando a la flor y nata de sus técnicos; es decir, una maniobra de brujería, pero sin brujas.
A la hora de concertar salarios con la directa intervención presidencial “orientadora”, las partes se ven por todo ello obligadas a fijar convenios por etapas, pero aun en la mayor connivencia, Presidenta - Moyano, deben aceptar que la estadística oficial es una ficción y que, en el mejor de los casos, la diferencia oscila entre 16 y 18 puntos porcentuales con la realidad. Lo mismo ocurre con quienes acuerdan pagos futuros, alquileres o tasas de interés. Más aun, con quienes han pensado en alguna inversión de largo plazo, cercados por una incertidumbre que los paraliza. Y, por último, con los bonos que el Estado coloca y cuya renta se mide de acuerdo con los índices del Indec.
Desde que hace un año el gobierno comenzó su escalada contra el prestigioso organismo, el riesgo país, un parámetro internacional, creció más de 300 puntos y en las últimas semanas ha superado los 500, mientras la polémica entre el ministro Lousteau y el secretario Moreno paraliza el intento del segundo por imponer nuevos patrones de medición. Lo trascendente, afirma el primero, es recuperar la credibilidad.
Profundizando aun más en el problema, se suma por último una realidad más grave: sin información creíble surge un obstáculo insuperable para el control de los gobernantes por la ciudadanía. Una virtual exclusión que sanciona a la sociedad democrática y que puede llegar al punto de hacerla indiferente ante sus responsabilidades políticas, como advirtió la más elevada abstención electoral reciente desde 1928.
No se trata por cierto de una derivación caprichosa del error estadístico reiterado que deja al Estado sin patrones confiables que lo radiografíen, sino de una circunstancia concreta donde ese factor de su identidad veraz no permite observar con seguridad cuál es su situación cultural como comunidad organizada y no como sociedad individualista y desentendida de las responsabilidades colectivas. Hace demasiado tiempo que esa incertidumbre nos agobia y es señal ineludible de decadencia.







