28 Febrero 2008 Seguir en 
Hace pocos días, dedicamos dos páginas a la realidad de la infraestructura escolar en Tucumán. Se trataba de parte de una investigación conjunta sobre el tema en varias provincias, efectuada por LA GACETA y por las otras publicaciones que integran la Red de Diarios en Periodismo Social. Las notas muestran nítidamente dos caras de la cuestión. Por una parte se incluye, en un cuadro, las inversiones realizadas hasta la fecha. El monto, de $ 20,39 millones, aportados por la Nación y por la Provincia, es por cierto significativo. Se consignan allí 39 escuelas inauguradas hasta 2007 y 57 en ejecución, además de construcciones de aulas, a razón de 46 para nivel inicial; 335 para primaria; 321 para secundaria, por ejemplo. Todo esto se encuentra a la vista. En muchos barrios alejados de la ciudad, así como en localidades del interior, el vecindario ve construir nuevos establecimientos, algunos de notable importancia.
Tal es un aspecto de la realidad cuya trascendencia positiva resulta por cierto indiscutible. Después de varios años de inercia en la materia, la actual administración de la provincia ha encarado la ambiciosa tarea de proporcionar, a la educación pública, las estructuras necesarias para que se desarrolle como corresponde. Pero hay otro costado de la realidad, que nuestra publicación refleja, y que no puede dejarse de considerar. De acuerdo con el secretario general de ATEP, las obras no son suficientes, y “en el interior, la falta de aulas y de escuelas va a ser un problema por la obligatoriedad del secundario”, expresó. Hizo notar también que en muchos establecimientos hay serios inconvenientes en materia de provisión de agua y de estado de las instalaciones sanitarias. En Concepción, casi la mitad de las escuelas públicas necesita arreglos y ampliaciones, y no hay edificios suficientes para la secundaria a pesar de los avances realizados, según el intendente de esa jurisdicción.
Por otro lado, es conocido que el vandalismo se ensaña, con frecuencia, con los establecimientos. Es el caso de la escuela “Delfín Jijena”, detrás del Hipódromo, que fue prácticamente destruida en las vacaciones por falta de seguridad. Esto último no es un tema menor. A cada rato informamos acerca de tal índole de atentados. Se registran también quejas de docentes relativas a las obras. Expresan que falta planificación y que falta consulta al personal responsable de las escuelas. No parece tenerse siempre en cuenta, además, el hecho de que la educación actual requiere no sólo construir aulas, sino a la vez crear nuevos espacios que permitan actividades creativas, integrales, dinámicas “y que tengan que ver con la vida real de los jóvenes”, sometidos actualmente al bombardeo de la tecnología informática.
Al mismo tiempo, se ha hecho notar que, por cuantiosa que sea la inversión, no siempre se distribuye adecuadamente. Mientras el plan nacional “700 escuelas” significará 172 millones para Tucumán y la construcción de 71 locales, otros, existentes en zonas muy pobres, no se verán beneficiados por ese presupuesto. Al parecer, el mantenimiento no está adecuadamente previsto. Y en otro orden, el secretario de la UDT apunta que la sociedad debiera tener mecanismos de control sobre los millonarios fondos invertidos y a invertir: es decir, los gremios docentes, los padres de alumnos y los medios de comunicación requieren acceso amplio a la información respectiva, de modo de lograr la máxima transparencia junto con la democratización de las decisiones. Todo esto, pensamos, merece ser tenido en cuenta dentro de la temática de la infraestructura escolar de la provincia. Ello, a fin de que las significativas sumas dedicadas al rubro, sirvan realmente a los tan loables propósitos que se tienen en mira.
Tal es un aspecto de la realidad cuya trascendencia positiva resulta por cierto indiscutible. Después de varios años de inercia en la materia, la actual administración de la provincia ha encarado la ambiciosa tarea de proporcionar, a la educación pública, las estructuras necesarias para que se desarrolle como corresponde. Pero hay otro costado de la realidad, que nuestra publicación refleja, y que no puede dejarse de considerar. De acuerdo con el secretario general de ATEP, las obras no son suficientes, y “en el interior, la falta de aulas y de escuelas va a ser un problema por la obligatoriedad del secundario”, expresó. Hizo notar también que en muchos establecimientos hay serios inconvenientes en materia de provisión de agua y de estado de las instalaciones sanitarias. En Concepción, casi la mitad de las escuelas públicas necesita arreglos y ampliaciones, y no hay edificios suficientes para la secundaria a pesar de los avances realizados, según el intendente de esa jurisdicción.
Por otro lado, es conocido que el vandalismo se ensaña, con frecuencia, con los establecimientos. Es el caso de la escuela “Delfín Jijena”, detrás del Hipódromo, que fue prácticamente destruida en las vacaciones por falta de seguridad. Esto último no es un tema menor. A cada rato informamos acerca de tal índole de atentados. Se registran también quejas de docentes relativas a las obras. Expresan que falta planificación y que falta consulta al personal responsable de las escuelas. No parece tenerse siempre en cuenta, además, el hecho de que la educación actual requiere no sólo construir aulas, sino a la vez crear nuevos espacios que permitan actividades creativas, integrales, dinámicas “y que tengan que ver con la vida real de los jóvenes”, sometidos actualmente al bombardeo de la tecnología informática.
Al mismo tiempo, se ha hecho notar que, por cuantiosa que sea la inversión, no siempre se distribuye adecuadamente. Mientras el plan nacional “700 escuelas” significará 172 millones para Tucumán y la construcción de 71 locales, otros, existentes en zonas muy pobres, no se verán beneficiados por ese presupuesto. Al parecer, el mantenimiento no está adecuadamente previsto. Y en otro orden, el secretario de la UDT apunta que la sociedad debiera tener mecanismos de control sobre los millonarios fondos invertidos y a invertir: es decir, los gremios docentes, los padres de alumnos y los medios de comunicación requieren acceso amplio a la información respectiva, de modo de lograr la máxima transparencia junto con la democratización de las decisiones. Todo esto, pensamos, merece ser tenido en cuenta dentro de la temática de la infraestructura escolar de la provincia. Ello, a fin de que las significativas sumas dedicadas al rubro, sirvan realmente a los tan loables propósitos que se tienen en mira.







