La Corte no les dio ninguna solución a los magistrados

Los jueces se fueron de la reunión con los vocales de la Corte Suprema de Justicia como habían llegado: con las manos vacías. Los magistrados del alto tribunal admitieron que era necesario un reconocimiento económico acorde con la importante tarea jurisdiccional (léase administrar justicia) que aquellos cumplen. También admitieron que urgía una reestructuración de la pirámide salarial del Poder Judicial, porque esta se había achatado con el correr de los años. No obstante, aclararon que cualquier recomposición quedaba supeditada -en principio- a la disponibilidad de recursos y al eventual aumento de haberes que podría disponer el gobierno provincial, en consonancia con el nacional.
La reunión comenzó puntualmente a las 9.30 y se prolongó durante más de una hora. En representación de la Asociación de Magistrados participaron ocho miembros de la comisión directiva: Marta Jerez de Rivadeneira (presidenta), Marcela Tejeda, Marta Paz de Centurión, Ester Valderrábano de Casas, Graciela Vázquez, Mario Velázquez, María Teresa Torres y Ebe López Piossek. Estos fueron atendidos por cuatro de los cinco vocales de la Corte: Antonio Gandur (presidente), René Mario Goane, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Area Maidana. El único que no participó fue Antonio Estofán (estaba de luto por el fallecimiento de su madre).
Aunque los miembros de la Asociación no fueron a hablar específicamente de la polémica acordada Nº 972, el tema surgió. Uno de los vocales habría manifestado que era imposible derogarla, porque ya tenía principio de ejecutoriedad; como consecuencia, si hubiera un incremento salarial, los beneficiados por la acordada serían excluidos. Otro habría precisado que cualquier resolución respecto de ella era un asunto privativo del alto tribunal. Luego de la reunión, una alta fuente confió a LA GACETA que se siguen barajando todas las alternativas (hoy, posiblemente, Estofán sumará la suya), incluyendo la posibilidad de suspender la ejecución de algunos puntos de la acordada.

Regresó la tensión
La acordada, del 27 de diciembre (el único que no la firmó fue Goane), dispuso jerarquizaciones y aumentos salariales selectivos. Entre los beneficiados figuran ocho profesionales (la mayoría no son abogados) que integran los cuerpos de apoyo que no cumplen tareas jurisdiccionales, a quienes los equipararon a secretarios de Corte con un sueldo básico de $ 4.071.
Aunque ya estaba prevista de antemano, de la asamblea extraordinaria que celebrará hoy, a las 19, la Asociación de Magistrados podría surgir algún documento crítico. Algunos no descartan emitir un pronunciamiento conjunto con el Centro de Funcionarios Judiciales, para que el malestar se hiciera sentir más.
Jerez de Rivadeneira fue clara: "todo lo decidiremos teniendo en cuenta el descontento existente en todos los sectores. Entendemos que hay una desjerarquización de nuestra tarea esencial y específica que consiste en impartir justicia. Esta situación comprende desde los estamentos más bajos, los empleados que se quedan fuera de hora, pasando por los funcionarios y desembocando en el trabajo específico de los magistrados, que, por sus actos, hasta pueden ser sometidos a un proceso de destitución".
Ayer, el presidente de la Corte Suprema recibió una sentida nota de María Teresa Palacio Padilla (ver "Carta dirigida..."), que, como consecuencia de la acordada Nº 972, obtuvo un pequeño encasillamiento, de la función de auditora interna a la de prosecretaria judicial categoría "A".
Como colaboración personal para superar el conflicto y, según afirmó, para posibilitar que la Corte pudiera dejar sin efecto la acordada Nº 972, Palacio Padilla se ofreció a firmar los instrumentos legales o administrativos que fueran necesarios con un solo fin: renunciar a los derechos que adquirió a raíz de aquella acordada.