24 Febrero 2008 Seguir en 
Un grupo de obispos ya deja traslucir cierto malestar por lo que considera una falta de prolijidad del Gobierno respecto a la nominación como embajador ante la Santa Sede de Alberto Iribarne, a quien el Vaticano negó en forma tácita el plácet por su condición de católico divorciado en nueva unión. "No pueden desconocer las condiciones básicas que impone la diplomacia vaticana para aceptar los embajadores. Además de ser un error de tacto en las relaciones bilaterales, es una desprolijidad que (el gobierno) debería rever", dijo un prelado que conoce al detalle los movimientos de la Curia Romana. A modo de comparación, la misma fuente estimó que "si el gobierno enviara a Rusia a un representante argentino, casi seguro elegiría a una persona que sepa ruso o conozca al menos la realidad política de ese país".
La Santa Sede exige, mediante una regla nunca escrita, que el candidato a embajador no tenga una "actitud interreligiosa manifiesta" y que tampoco se encuentre en "situación canónica irregular". En esa segunda objeción la Curia Romana encuadra a Iribarne, un bautizado que tras su divorcio legal vive con una nueva pareja. Un canonista explicó a DyN que la "irregularidad canónica" del ex ministro de Justicia no refiere a su condición de divorciado, sino a que contrajo segundas nupcias o convive con otra persona que no es su "cónyuge legítimo", en virtud de que la Iglesia sostiene la indisolubilidad del matrimonio. A pesar de que el Vaticano no rechazó formalmente la postulación, la demora en la aceptación del plácet -se cursó en diciembre- es, en la práctica interpretada por los Estados como una negativa. Sin embargo, la Casa Rosada reclamó -dijeron fuentes gubernamentales- una respuesta formal y por escrito de la posición de la Santa Sede. Hasta tanto llegue esa comunicación oficial, improbable según estimaciones eclesiásticas, el gobierno mantiene la candidatura de Iribarne. Tal como lo reveló esta semana el jefe de Gabinete, Alberto Fernández: "no vamos a cambiar, estamos esperando que el Vaticano diga lo que va a hacer". El silencio vaticano sumado a la inflexible postura oficial, que ni siquiera baraja nombres para un nuevo postulante, hacen que hoy el cargo siga vacante, y la sede diplomática esté en manos del encargado de negocios, Hugo Gobbi. Un status "imperfecto" que no convence ni en ambientes curiales locales ni romanos. Al punto que echa por tierra la posibilidad remota de una visita del papa Benedicto XVI a la Argentina y Chile a fines de 2008, con motivo de los 30 años de la solución del diferendo limítrofe por el Canal de Beagle. También congela a priori la aceptación por parte del Pontífice, a modo de excepción, de una audiencia conjunta en el palacio apostólico de las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet. La tensión entre el Gobierno y el Vaticano preocupa al Episcopado, aunque no se pronunció sobre el tema, porque se produce en momentos en que la presidenta Cristina Fernández y el cardenal Jorge Bergoglio parecían recomponer la relación de cabotaje.
A casi dos meses de la presentación de Iribarne como candidato a embajador, la resolución del conflicto diplomático no declarado parece estar condicionada a una supresión del Obispado Castrense. Una opción no menos traumática en los papeles, dado que implica denunciar en forma unilateral -mediante la vía legislativa o por un decreto- el tratado bilateral suscripto en 1957. En tanto, los obispos expresan disposición para rever la tarea de contención religiosa de los militares, sobre todo tratando de permitir la incursión de evangélicos en los cuarteles, hoy vedada, siempre y cuanto en Balcarce 50 no se insista en suprimirlo. Un toma y daca, que puede incluir una negociación para forzar la postulación de un nuevo embajador, con alto costo político para las partes.
La Santa Sede exige, mediante una regla nunca escrita, que el candidato a embajador no tenga una "actitud interreligiosa manifiesta" y que tampoco se encuentre en "situación canónica irregular". En esa segunda objeción la Curia Romana encuadra a Iribarne, un bautizado que tras su divorcio legal vive con una nueva pareja. Un canonista explicó a DyN que la "irregularidad canónica" del ex ministro de Justicia no refiere a su condición de divorciado, sino a que contrajo segundas nupcias o convive con otra persona que no es su "cónyuge legítimo", en virtud de que la Iglesia sostiene la indisolubilidad del matrimonio. A pesar de que el Vaticano no rechazó formalmente la postulación, la demora en la aceptación del plácet -se cursó en diciembre- es, en la práctica interpretada por los Estados como una negativa. Sin embargo, la Casa Rosada reclamó -dijeron fuentes gubernamentales- una respuesta formal y por escrito de la posición de la Santa Sede. Hasta tanto llegue esa comunicación oficial, improbable según estimaciones eclesiásticas, el gobierno mantiene la candidatura de Iribarne. Tal como lo reveló esta semana el jefe de Gabinete, Alberto Fernández: "no vamos a cambiar, estamos esperando que el Vaticano diga lo que va a hacer". El silencio vaticano sumado a la inflexible postura oficial, que ni siquiera baraja nombres para un nuevo postulante, hacen que hoy el cargo siga vacante, y la sede diplomática esté en manos del encargado de negocios, Hugo Gobbi. Un status "imperfecto" que no convence ni en ambientes curiales locales ni romanos. Al punto que echa por tierra la posibilidad remota de una visita del papa Benedicto XVI a la Argentina y Chile a fines de 2008, con motivo de los 30 años de la solución del diferendo limítrofe por el Canal de Beagle. También congela a priori la aceptación por parte del Pontífice, a modo de excepción, de una audiencia conjunta en el palacio apostólico de las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet. La tensión entre el Gobierno y el Vaticano preocupa al Episcopado, aunque no se pronunció sobre el tema, porque se produce en momentos en que la presidenta Cristina Fernández y el cardenal Jorge Bergoglio parecían recomponer la relación de cabotaje.
A casi dos meses de la presentación de Iribarne como candidato a embajador, la resolución del conflicto diplomático no declarado parece estar condicionada a una supresión del Obispado Castrense. Una opción no menos traumática en los papeles, dado que implica denunciar en forma unilateral -mediante la vía legislativa o por un decreto- el tratado bilateral suscripto en 1957. En tanto, los obispos expresan disposición para rever la tarea de contención religiosa de los militares, sobre todo tratando de permitir la incursión de evangélicos en los cuarteles, hoy vedada, siempre y cuanto en Balcarce 50 no se insista en suprimirlo. Un toma y daca, que puede incluir una negociación para forzar la postulación de un nuevo embajador, con alto costo político para las partes.







