Política de Estado para prevenir las inundaciones

Consta a todos que este verano figurará entre los más lluviosos de los últimos años. Es conocido también el dramático cortejo de sus consecuencias. En nuestras ediciones, hemos informado bastante acerca de la tragedia de las inundaciones, que dejaron miles de damnificados en el sur tucumano. se sabe además que existe el riesgo de que las precipitaciones continúea.
El gobernador José Alperovich expresó que se hicieron “fuertes inversiones” en infraestructura hídrica, y que de todas maneras se exhiben avances en ese terreno, ya que, a pesar de que las lluvias han aumentado en intensidad, “hay menos afectados”. Anunció que el mes venidero se procederá a licitar 22 obras de esta índole, con una inversión de $ 30 millones , y que una parte de ellas se ejecutará “en las zonas en que siempre hay inundaciones”.
No puede discutirse que asiste razón al mandatario, al afirmar que se han llevado a cabo trabajos de significación.
También es cierto que las nuevas obras que tanto anticipa han de tener positiva incidencia, en cuanto a evitar que los habitantes sufran graves perjuicios en sus viviendas, ganados y cultivos.
Piénsese, por ejemplo, que en Santa Ana y en Río Chico, la última tormenta afectó alrededor de 5.000 familias, en estos momentos solamente divisan un horizonte de devastación en las áreas donde habitaban y trabajaban.
Pero, de cualquier manera, no puede negarse que el problema de los anegamientos en la provincia de Tucumán lleva ya incontables años de vigencia.
En nuestro territorio, la época estival es la de las lluvias, y con mucha frecuencia las mismas derivan en desbordes de ríos y cursos de agua, con el correspondiente desastre para los ribereños y para las poblaciones cercanas. A lo largo de esos años, es verdad que se han construido obras tendientes a evitar los referidos perjuicios. Pero parece evidente que las mismas no han tenido la envergadura necesaria como para constituir una efectiva protección contra la furia de la naturaleza.
Vistas así las cosas, pensamos que es hora de implementar un planteamiento integral sobre la cuestión.
En primer lugar, establecer exactamente los trabajos que deben llevarse a cabo, en todo el territorio, para evitar el daño de las correntadas.
Y, en segundo lugar, tomarse las medidas para llevar a la práctica aquella planificación, de manera que se ejecute en totalidad, con el orden de prioridades establecido por años de nefastas experiencias.
En pocas palabras, hablamos de encarar esta problemática no con trabajos parciales, por importantes que los mismos sean, sino con una visión panorámica y abarcadora del asunto en toda su dimensión.
Sin duda, un criterio de esta índole requerirá, para aplicarse, fondos de monto muy elevado. Pero el poder público tiene obligación de gestionarlos, como única manera de lograr que terminen definitivamente las situaciones de desastre que el verano nos depara con tanta frecuencia.
Como lo hemos propuesto para otros temas, es necesaria también aquí una verdadera política de Estado, en materia de obras de prevención de las inundaciones. Un plan de trabajos públicos adecuadamente orquestado, que se lleve a cabo metódicamente, con independencia de quienes ocupen los cargos gubernativos. No se trata de un gasto, sino de una inversión que implica un enorme beneficio común.