Urgentes demandas de la Corte Suprema

Después de medio siglo de que no se realizara la ceremonia de inicio del año judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reanudado la tradicional costumbre de anunciar su agenda ante un múltiple y heterogéneo auditorio de la vida pública, cuya trascendencia fue condicente con las manifestaciones del único orador, el presidente del máximo tribunal doctor Ricardo Lorenzetti, personalidad testimonial del perfil recuperador con que se observa a la institución judicial suprema.
   “Afianzar la justicia es afianzar el Poder Judicial como poder del Estado, pensado para que exista un sistema de pesos y contrapesos”, dijo el orador después de advertir que el acto, si bien sería solemne, no estaría vacío de contenido.
   Y, efectivamente, sirvió para abordar realidades con toda la crudeza, acerca de aquellas causas por las cuales la administración de justicia no marcha acorde con los cambios que el discurso político declama.
   Por lo pronto, Lorenzetti señaló que “la independencia es autonomía presupuestaria” una condición muy alejada de la realidad, pues al presupuesto asignado a la Justicia en la ley fiscal por el Congreso debe agregársele su administración por la Jefatura del Gabinete. Por añadidura, los 2.300 millones solicitados para el actual ejercicio, fueron reducidos en 600 millones, mientras el 90% del total está destinados al pago de salarios. No sólo en la Justicia nacional sino igualmente en las provincias, el problema presupuestario tiene parecido cariz.
   Pero el temario de Lorenzetti avanzó consecuentemente al afirmar: “es la consolidación de un poder judicial fuerte, autónomo e independiente, capaz de defender los derechos y las garantías de los ciudadanos y de ponerle límites a los otros poderes”, adelantando además que se profundizará la realización de audiencias públicas, haciendo más transparente a la Justicia. También deberá resolverse la gran cantidad de vacantes cuyas designaciones están pendientes en número sin precedentes, próximo a finalizar el régimen de subrogancias y cuando el Congreso todavía no ha sancionado una ley para cubrirlas.
   Los reclamos que se consignaron en este inicio de año no fueron los únicos. Desde que Lorenzetti asumió la presidencia, secundado por los restantes miembros del tribunal son varias  las demandas. Especialmente en orden a la comunicación pública, y no sólo por la relación con los medios, sino por el propósito de viabilizar el sistema informático.
   “La prensa y el sistema judicial deben transitar una senda común para garantizar la libertad de expresión, la comunicación con la sociedad y una labor independiente de presiones partidarias o sectoriales”, había manifestado el titular de la Corte en un seminario con la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas antes de la feria judicial. Con ese concepto se cumple debidamente con el derecho a la libertad de prensa que no sólo es la de informar, sino la del acceso a las fuentes de información. Un derecho que desde hace años está retaceado por la resistencia de las más elevadas autoridades políticas a la relación y el diálogo, pretendiendo sustituir el principio constitucional con el mensaje envasado o a la distancia, a cuyo contenido es difícil acceder por la carencia de un régimen legal. Qué duda cabe de que los mensajes y los propósitos de la Corte Suprema son hoy los más representativos del espíritu republicano y requieren adecuadas respuestas de los poderes políticos.