Filípica en la Corte Suprema
Lorenzetti explicó que el alto tribunal quiere ser independiente, pero advirtió que no lo logrará mientras no pueda administrar su propio presupuesto. Se necesitan más jueces. Por Angel Anaya - Columnista.
21 Febrero 2008 Seguir en 
Buenos Aires.- El abrumador torrente especulativo provocado por la renuncia formal de Fidel Castro a mandar en Cuba, dejó medio oculto el acto con el que la Corte Suprema de Justicia, después de medio siglo de interrupción, inauguró el nuevo año judicial. Allí estaba todo el país, aunque por parte del gobierno tan sólo el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien llegó tarde. El discurso del presidente Ricardo Lorenzetti fue para explicar, con frases muy concretas, que el máximo tribunal trata de ser independiente, pero que no lo logrará mientras el jefe del Gabinete sea quien administre su presupuesto que, además, tan solo le alcanza para cubrir un poco más que los sueldos.Y es así, aunque parezca una fantasía. Alberto Fernández tiene superpoderes para redistribuir las asignaciones presupuestarias del Congreso y, por añadidura, para manejar la caja de los jueces.
“La independencia judicial es la autonomía presupuestaria y significa afianzar el Poder Judicial como poder del Estado“; es decir, no como poder del Gobierno de turno.
Después, la cartilla de Lorenzetti siguió con una serie de demandas, entre las que no faltó el manifiesto retraso en la nominación de jueces que, con el exiguo y manipulado presupuesto, ha hecho de la Justicia una noria medieval.
No es la primera vez que el presidente de la Corte tiene gestos de independencia, pero sí que lo haya hecho en un acto oficial ante el heterogéneo auditorio que también contó con Hebe de Bonafini.
Superpoderes
La filípica de Lorenzetti no fue la única que amortiguó en el sector oficial el petardo Castro. También la Oficina Anticorrupción (OA), uno de los contados organismos de control que conservan independencia del Gobierno, informó que investiga el otorgamiento de subsidios por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner.
Ese mutismo, señaló la OA, “vulnera el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho humano fundamental, no una concesión graciosa otorgada por el Estado a sus ciudadanos”.
Oídos sordos
Se trata de casi un millón de subsidios y de quienes como el Centro de Implementación de Políticas Públicas y el Crecimiento (Cippec) y diversos medios, no tuvieron respuesta a pesar del decreto sobre acceso a la información para el Poder Ejecutivo -1172/03 -, que no fue reglamentado.
Ese agujero negro en materia de información pública se amplía a todos los organismos estatales, si se advierte que el proyecto de Ley de Acceso a la Información caducó en 2005 por su bloqueo en el Senado por la entonces titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senadora Fernández de Kirchner -hoy presidenta de la Nación-.
La resistencia a informar guarda una estrecha relación con el superpoder que faculta al jefe del Gabinete a modificar las partidas presupuestarias.
Pero la investigación de la OA que indaga subsidios sociales, camina fatalmente hacia la Justicia diagnosticada por Lorenzetti. (De nuestra Sucursal)







