21 Febrero 2008 Seguir en 
Es conocido que el permanente incumplimiento de las normas legales equivale, en la práctica, a su tácita derogación. Al mismo tiempo, la inobservancia demuestra que no funcionan los mecanismos que el poder público debe arbitrar para obtener su acatamiento. Alarma advertir en el ámbito municipal de San Miguel de Tucumán la frecuencia con que se repite la referida situación. En teoría, están vigentes numerosas ordenanzas, pero a diario vemos que se las ignora sin consecuencia alguna.
Está prohibido operar un celular mientras se conduce un vehículo, pero puede apreciarse que casi todo conductor habla por su teléfono cuando se le ocurre. Está prohibido lavar automotores en la vía pública; pero en la plaza Urquiza se realiza a diario, y se desarrolla como actividad comercial corriente sobre varias cuadras de la avenida Wenceslao Posse. Está prohibida la venta ambulante en el microcentro, pero quienes cruzan la plaza Independencia deben abrirse paso entre la mercancía expuesta sobre las veredas y sobre los bancos del paseo. Está prohibido atravesar la calzada desde otro punto que no sea la esquina, pero es común y aceptado que el cruce se haga a mitad de cuadra.
Es sabido que el automovilista que gira debe dar prioridad a quien en ese momento va cruzando; pero bien sabemos que en la gran mayoría de los casos el conductor lanza su auto sobre el peatón sin contemplaciones. La mano del tránsito parece inexistente para los cadetes que guían motos o bicicletas, como tampoco rigen para ellos las indicaciones del semáforo. El uso del casco por parte del motociclista es raro pero mucho más lo es en el caso de los acompañantes, y ningún agente de tránsito detiene a los irresponsables que, en estos vehículos, cargan niños en la parte posterior del asiento. Quien toma taxis debe enfrentarse con puertas que no se cierran con seguridad, ventanillas que no se descorren y asientos destartalados, además de soportar conductores prácticamente semidesnudos como cosa común. Está prohibido el ingreso de vehículos de tracción a sangre dentro de las cuatro avenidas; pero a diario los vemos circular sin problemas. El estacionamiento en doble fila está vedado; pero, por las noches, es común frente a plaza Urquiza, o en la esquina de Santa Fe y Maipú. Y durante el año lectivo, frente a los colegios.
La enumeración de casos ilustrativos podría seguir a lo largo de varios renglones y, por cierto, extenderse mucho más allá de la jurisdicción municipal. En las rutas, por ejemplo, la Ley Nacional de Tránsito obliga a circular con las luces encendidas, tanto de día como de noche; pero es un requisito que muy pocos conductores cumplen.
En síntesis, la única norma que parece observarse realmente en Tucumán es la prohibición de fumar en lugares cerrados. De las restantes, un conjunto más que apreciable tiene solamente existencia en el papel. Los encargados de controlar su cumplimiento no se molestan en hacerlo efectivo, y por ello no labran las actas de infracción, ni intiman a los responsables al cese de esta. Pensamos que semejante estado de cosas debiera recibir la urgente atención del Estado, manifestada en la inmediata adopción de las medidas enderezadas a corregir ese cuadro de permanente desacato a leyes y a ordenanzas. Las normas no obedecen a finalidades caprichosas. Han sido dictadas para hacer posible una ciudad limpia y ordenada, donde su vecindario pueda convivir. Si el poder público se lo propusiera, quedaría claro para la comunidad que nadie puede considerarse exento de cumplir las normas vigentes. Pero sólo podrá lograrse ese resultado con la aplicación de fuertes sanciones pecuniarias a los infractores en todos los casos. La experiencia indica que no hay otro camino.
Está prohibido operar un celular mientras se conduce un vehículo, pero puede apreciarse que casi todo conductor habla por su teléfono cuando se le ocurre. Está prohibido lavar automotores en la vía pública; pero en la plaza Urquiza se realiza a diario, y se desarrolla como actividad comercial corriente sobre varias cuadras de la avenida Wenceslao Posse. Está prohibida la venta ambulante en el microcentro, pero quienes cruzan la plaza Independencia deben abrirse paso entre la mercancía expuesta sobre las veredas y sobre los bancos del paseo. Está prohibido atravesar la calzada desde otro punto que no sea la esquina, pero es común y aceptado que el cruce se haga a mitad de cuadra.
Es sabido que el automovilista que gira debe dar prioridad a quien en ese momento va cruzando; pero bien sabemos que en la gran mayoría de los casos el conductor lanza su auto sobre el peatón sin contemplaciones. La mano del tránsito parece inexistente para los cadetes que guían motos o bicicletas, como tampoco rigen para ellos las indicaciones del semáforo. El uso del casco por parte del motociclista es raro pero mucho más lo es en el caso de los acompañantes, y ningún agente de tránsito detiene a los irresponsables que, en estos vehículos, cargan niños en la parte posterior del asiento. Quien toma taxis debe enfrentarse con puertas que no se cierran con seguridad, ventanillas que no se descorren y asientos destartalados, además de soportar conductores prácticamente semidesnudos como cosa común. Está prohibido el ingreso de vehículos de tracción a sangre dentro de las cuatro avenidas; pero a diario los vemos circular sin problemas. El estacionamiento en doble fila está vedado; pero, por las noches, es común frente a plaza Urquiza, o en la esquina de Santa Fe y Maipú. Y durante el año lectivo, frente a los colegios.
La enumeración de casos ilustrativos podría seguir a lo largo de varios renglones y, por cierto, extenderse mucho más allá de la jurisdicción municipal. En las rutas, por ejemplo, la Ley Nacional de Tránsito obliga a circular con las luces encendidas, tanto de día como de noche; pero es un requisito que muy pocos conductores cumplen.
En síntesis, la única norma que parece observarse realmente en Tucumán es la prohibición de fumar en lugares cerrados. De las restantes, un conjunto más que apreciable tiene solamente existencia en el papel. Los encargados de controlar su cumplimiento no se molestan en hacerlo efectivo, y por ello no labran las actas de infracción, ni intiman a los responsables al cese de esta. Pensamos que semejante estado de cosas debiera recibir la urgente atención del Estado, manifestada en la inmediata adopción de las medidas enderezadas a corregir ese cuadro de permanente desacato a leyes y a ordenanzas. Las normas no obedecen a finalidades caprichosas. Han sido dictadas para hacer posible una ciudad limpia y ordenada, donde su vecindario pueda convivir. Si el poder público se lo propusiera, quedaría claro para la comunidad que nadie puede considerarse exento de cumplir las normas vigentes. Pero sólo podrá lograrse ese resultado con la aplicación de fuertes sanciones pecuniarias a los infractores en todos los casos. La experiencia indica que no hay otro camino.







