Por unanimidad, los jueces de la Sala II de la Cámara Penal (Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena y Jorge Duhari) rechazaron el 19 de diciembre un recurso de reposición interpuesto por Rodolfo Baza, el abogado a cargo de la defensa del gobernador, José Alperovich.
Se trata de un recurso que puede interponer la persona directamente ante el órgano que dictó el acto por el cual se sintió menoscabado en sus derechos, para que el órgano administrativo modifique, reemplace o deje sin efecto dicho acto. Lo que pretendía el letrado del gobernador era impugnar un fallo del 19 de octubre de 2007, mediante el que la Sala II de la Cámara Penal dispuso el traslado de la querella y la imposición de una fecha para una audiencia de conciliación (puesto que la injuria reviste un delito de acción privada).
El abogado había cuestionado que el querellante (Ariel García) haya omitido en la demanda consignar el domicilio, la firma y los datos personales de los testigos aportados (los radicales José Cano y Juan Robles y los peronistas Fernando Juri Debo y Fernando Juri). También, que la sala no haya llevado adelante una investigación sumaria preliminar impuesta para el caso de una querella dirigida contra un magistrado sujeto a juicio político o de destitución.
En cuanto a la primera objeción, los vocales concluyeron que "la identidad del querellante no se halla atada a su domicilio real y basta con la designación de un domicilio legal para dar por satisfecho el recaudo legal, puesto que del contenido de la querella presentada, es de público y notorio las condiciones personales del querellante, tratándose del presidente de la convención radical".
En tanto, para replicar la segunda observación del letrado del gobernador, la Sala II calificó de desacertado el fundamento. "En los delitos de acción privada, para la realización de esta sólo es posible por la iniciativa y el impulso procesal del ofendido, en cuya cabeza se ha puesto la titularidad del ejercicio de la acción penal; eliminándose la etapa de la investigación preparatoria y de mérito, con la activación directa del plenario con la querella particular", se sostiene en el fallo.
Se trata de un recurso que puede interponer la persona directamente ante el órgano que dictó el acto por el cual se sintió menoscabado en sus derechos, para que el órgano administrativo modifique, reemplace o deje sin efecto dicho acto. Lo que pretendía el letrado del gobernador era impugnar un fallo del 19 de octubre de 2007, mediante el que la Sala II de la Cámara Penal dispuso el traslado de la querella y la imposición de una fecha para una audiencia de conciliación (puesto que la injuria reviste un delito de acción privada).
El abogado había cuestionado que el querellante (Ariel García) haya omitido en la demanda consignar el domicilio, la firma y los datos personales de los testigos aportados (los radicales José Cano y Juan Robles y los peronistas Fernando Juri Debo y Fernando Juri). También, que la sala no haya llevado adelante una investigación sumaria preliminar impuesta para el caso de una querella dirigida contra un magistrado sujeto a juicio político o de destitución.
En cuanto a la primera objeción, los vocales concluyeron que "la identidad del querellante no se halla atada a su domicilio real y basta con la designación de un domicilio legal para dar por satisfecho el recaudo legal, puesto que del contenido de la querella presentada, es de público y notorio las condiciones personales del querellante, tratándose del presidente de la convención radical".
En tanto, para replicar la segunda observación del letrado del gobernador, la Sala II calificó de desacertado el fundamento. "En los delitos de acción privada, para la realización de esta sólo es posible por la iniciativa y el impulso procesal del ofendido, en cuya cabeza se ha puesto la titularidad del ejercicio de la acción penal; eliminándose la etapa de la investigación preparatoria y de mérito, con la activación directa del plenario con la querella particular", se sostiene en el fallo.








