Poco después de las 10, lo que parecía una rutinaria mañana de verano en la Legislatura, se convirtió en un alboroto. Llamadas desde y hacia Casa de Gobierno a la espera de instrucciones y hasta versiones de convocatoria a sesión multiplicaron la sensación de confusión en el oficialismo. El motivo no guardaba relación con el estrago causado por la tormenta de las horas previas, sino con un oficio judicial que ingresó, por Mesa de Entradas, a las 9.50.
Mediante la diligencia, firmada por el presidente de la Sala II de la Cámara Penal, Emilio Herrera Molina, se solicitaba a los legisladores la "articulación del procedimiento constitucional" de juicio político en contra del gobernador, José Alperovich.
El escrito fue girado de inmediato a la comisión de Juicio Político, que preside Sisto Terán. Con la misma celeridad con la que se analizó la cuestión, se convocó a reunión. A las 11.40, ocho miembros oficialistas de la comisión (cuenta con 12 integrantes) se reunieron para responder al oficio. Poco antes de las 15.30, el pedido del juez Herrera Molina fue rechazado inlimine. "La petición formulada no tenía ninguna entidad política ni jurídica", argumentó Terán.
La pretensión judicial se fundaba, según el oficio de la Sala II de la Cámara Penal (además de Herrera Molina la integran los vocales Alberto Piedrabuena y Jorge Duhari), en la necesidad de que avanzara una causa por presuntas injurias (desacreditar o deshonrar a otro), iniciada en diciembre de 2006 por el dirigente radical Ariel García. Este promovió una querella criminal contra Alperovich, luego de que el mandatario provincial lo involucrara como uno de los ñoquis de la Legislatura. Como Alperovich goza de privilegios procesales por su cargo, el propio García había solicitado que se notificara a la Legislatura de la demanda y se remitieran copias de la querella a la comisión de Juicio Político.
El fallo de la Sala II de la Cámara Penal, firmado por unanimidad el 19 de diciembre, tenía como finalidad que el gobernador fuera despojado de su inmunidad, para lo cual debería antes ser destituido. "No sé a quién se le puede ocurrir, ni ebrio ni dormido, semejante pretensión con un planteo tan vago", bramó el presidente del bloque Tucumán Crece, Roque Tobías Alvarez.
Mediante la diligencia, firmada por el presidente de la Sala II de la Cámara Penal, Emilio Herrera Molina, se solicitaba a los legisladores la "articulación del procedimiento constitucional" de juicio político en contra del gobernador, José Alperovich.
El escrito fue girado de inmediato a la comisión de Juicio Político, que preside Sisto Terán. Con la misma celeridad con la que se analizó la cuestión, se convocó a reunión. A las 11.40, ocho miembros oficialistas de la comisión (cuenta con 12 integrantes) se reunieron para responder al oficio. Poco antes de las 15.30, el pedido del juez Herrera Molina fue rechazado inlimine. "La petición formulada no tenía ninguna entidad política ni jurídica", argumentó Terán.
La pretensión judicial se fundaba, según el oficio de la Sala II de la Cámara Penal (además de Herrera Molina la integran los vocales Alberto Piedrabuena y Jorge Duhari), en la necesidad de que avanzara una causa por presuntas injurias (desacreditar o deshonrar a otro), iniciada en diciembre de 2006 por el dirigente radical Ariel García. Este promovió una querella criminal contra Alperovich, luego de que el mandatario provincial lo involucrara como uno de los ñoquis de la Legislatura. Como Alperovich goza de privilegios procesales por su cargo, el propio García había solicitado que se notificara a la Legislatura de la demanda y se remitieran copias de la querella a la comisión de Juicio Político.
El fallo de la Sala II de la Cámara Penal, firmado por unanimidad el 19 de diciembre, tenía como finalidad que el gobernador fuera despojado de su inmunidad, para lo cual debería antes ser destituido. "No sé a quién se le puede ocurrir, ni ebrio ni dormido, semejante pretensión con un planteo tan vago", bramó el presidente del bloque Tucumán Crece, Roque Tobías Alvarez.








