Funciona una aduana interna en la venta de 0 km, afirman

Expertos tributaristas criticaron la decisión del Gobierno de iniciar acciones penales a los tucumanos que patentaron sus autos en otras provincias.
El gobernador, José Alperovich, anunció que la provincia denunciará a más de 2.600 propietarios de vehículos que viven en Tucumán, pero que registraron sus unidades en otras provincias. "Para hacer el cambio de patentamiento tienen que haber hecho el cambio de domicilio; y está certificado que esas personas votaron en Tucumán", dijo el mandatario en esa ocasión.
Consultado al respecto, el abogado Daniel Moeremans afirmó que los dueños de automotores que patentaron sus unidades en otras provincias no incurren en un delito, aunque pueden ser responsables de un incumplimiento tributario. "Los automotores que circulan permanentemente en Tucumán y tributan en otra localidad sólo pueden ser considerados como responsables de una infracción", dijo Moeremans.
Al respecto, el economista José Bercoff agregó: "no se puede castigar penalmente a una persona que ejerce su derecho como consumidor de comprar un auto donde le conviene". El profesor de teoría monetaria de la UNT también sostuvo que es preocupante que el Gobierno use los padrones electorales con fines recaudatorios. "Es un Estado policiaco que hace uso de cualquier información para recaudar", recalcó Bercoff, y advirtió que una medida de este tipo puede desalentar la participación cívica.
Respecto de los motivos que impulsan a los tucumanos a patentar sus vehículos en otras regiones, Moeremans apuntó contra la fuerte presión fiscal del Gobierno provincial. "En Tucumán, el impuesto automotor es del 2% sobre el valor total de la unidad, mientras que en otras provincias es del 1% o el 1,5%", explicó.
A este tributo hay que sumarle un impuesto al sello del 3% sobre el valor total del automotor, en el caso de los vehículos cero kilómetros que son inscriptos en los registros provinciales. Este gravamen es consecuencia de un decreto creado por el Poder Ejecutivo provincial y establece que los automóviles comprados en concesionarias oficiales están exentos del pago del impuesto, pero no los adquiridos en otro tipo de comercio. "Esta medida tenía la finalidad de que la gente compre autos en Tucumán, pero es inconstitucional, ya que genera una aduana interna en la provincia", recalcó Moeremans, quien tiene una causa pendiente contra la DGR por esta imposición. Explicó que el decreto que impone el impuesto del 3% genera barreras aduaneras entre las provincias y afecta a los consumidores porque les encarece el valor de un vehículo que pudieran adquirir más barato en una concesionaria foránea o en una local no oficial que cuente con mejores ofertas de precio, de modelos, de stock, o con la que pueda negociar mejor su automóvil usado.
"Cualquier persona que quiera comprar un auto en otra provincia puede hacerlo, pero al patentarlo acá deberá pagar un 3% más. No conozco que haya un impuesto parecido en otras partes del país, me parece que es un invento tucumano", destacó el letrado. Agregó que se trata de un tributo que atenta contra la libertad de comercio y favorece el interés económico de unas pocas empresas de la provincia dedicadas al rubro. "Esos impuestos distorsivos vuelven a Tucumán una provincia cara y provocan que los tucumanos paguen sobreprecios. Además, desalienta las inversiones y el consumo", dijo.
Sobre este punto coincidió Bercoff, que señaló que es preocupante la presión fiscal en la provincia y la arbitrariedad del Gobierno a la hora de imponer tributos. Según explicó el economista, las claves para un sistema tributario saludable son alícuotas bajas que sean aplicadas por igual a todos los contribuyentes.
"En Tucumán, el Estado elige quién va a ganar dinero y quién no. Un claro ejemplo de esto es el impuesto del 3% sobre los automotores que favorece a las concesionarias oficiales", dijo Bercoff. Agregó que la arbitrariedad del Gobierno es una señal negativa para el mercado y los inversores.