La asamblea de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados resolvió rechazar la ley que difiere el pago de los bonos profesionales para el momento del dictado de la sentencia y decidió iniciar una acción judicial de inconstitucionalidad contra la polémica ley. Las intervenciones giraron en torno de los motivos por los cuales el Gobierno impulsó la norma en cuestión; según entienden los letrados, se trata de una vendetta contra el Colegio de Abogados por el fallo de la Justicia en contra de algunos artículos de la Constitución reformada en 2006.
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