Sugieren que el Gobierno ejecuta una vendetta

Los abogados rechazaron con firmeza la ley que autoriza diferir para el momento previo al dictado de la sentencia el pago de los aportes previsionales (y de los bonos profesionales) que los letrados tradicionalmente abonaban al iniciar un proceso judicial. El viernes, durante la concurrida asamblea extraordinaria de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán (celebrada en la sede de avenida 2 de Abril 380, primer piso) los participantes decidieron -por unanimidad- seguir depositando voluntariamente los bonos como lo venían haciendo, pese a lo dispuesto por la norma sancionada en diciembre por la Legislatura.
La medida aprobada, con aplausos, fue fruto de una propuesta de Francisco García Posse, secretario del Colegio de Abogados. "Como no hay ningún poder que nos diga cómo y cuándo pagar, propongo que se mantenga como aporte inicial, con carácter voluntario, a cuenta de lo que haya que pagar al finalizar el proceso", argumentó.
Otra de las mociones aprobadas por unanimidad fue la de iniciar una acción judicial de inconstitucionalidad contra la polémica ley. Preventivamente, se pedirá a la Justicia que disponga una medida de no innovar que impida el cumplimiento de la norma hasta que no sea resuelta la cuestión de fondo.
Para sustentar su posición, los abogados invocarán el artículo 125 de la Constitución nacional, reformada en 1994. Muchos de los letrados que hablaron durante la asamblea advirtieron que ese artículo garantiza la existencia de instituciones previsionales. En efecto, en el capítulo dedicado a los gobiernos de las provincias, la disposición establece: "Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales".

Fuerte golpe a las finanzas
Según interpretaron los abogados, no es concebible que una norma de jerarquía constitucional en el orden nacional prescriba la existencia de una institución y, en forma paralela, una ley provincial prive de los recursos con los que subsiste una entidad dedicada a la seguridad social. Esta perspectiva se desglosa de que, aun cuando no hay estadísticas formales, los letrados coincidieron en que la mayoría de los juicios no termina en sentencia, por lo que no serían pagados los bonos y la Caja no recaudaría.
Precisamente, la asamblea fue convocada para analizar qué medidas iban a tomar frente al desfinanciamiento que, entienden, sufrirá la Caja como consecuencia de la ley sancionada. Esta afectaría los ingresos con los que antes se podían cubrir los gastos administrativos mensuales de funcionamiento, de manera de no disponer de las reservas de la institución.
Asimismo, la polémica ley aprobada por impulso del oficialismo impacta en la liquidez necesaria para cubrir otras prestaciones; por ejemplo, para que los profesionales puedan disponer de una obra social, o de otros beneficios (por nacimiento de hijos, por casamiento, por fallecimiento o por incapacidad transitoria, etcétera). Por este motivo, se contrataron los servicios de Horacio Romagnoli, un actuario especializado que evaluó el impacto que tendría la ley sobre los fondos de la institución. Si bien aclaró que un análisis completo implicaría más tiempo, Romagnoli adelantó que aunque el dinero no ingrese como lo venía haciendo, el sistema previsional no entrará en déficit, ya que hay superávit. De todos modos, advirtió que la Caja quedará en situación precaria hacia el futuro. Por ello, invitó a buscar otra fuente de ingresos. "La tranquilidad no tiene que ser inacción", explicó (Ver "Según el informe...").

Fuertes alegatos
La acción judicial será promovida por la comisión directiva de la Caja (la preside Agustín Arca), a partir de la moción de Juan Abraham Mussi. "La ley no tiene fundamento jurídico, sino el de una vendetta contra el Colegio de Abogados, que sólo pugnó porque se respetara el orden jurídico y la independencia de los poderes", justificó Mussi. La referencia es a la acción promovida por el Colegio, por la que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulos e inconstitucionales varios artículos de la Carta Magna reformada en 2006. De igual modo opinó Jorge Penna Bores. Los directivos habían pedido silencio "para poder aprovechar las enseñanzas de Romagnoli". "¿Qué enseñanzas? Queremos saber cómo luchamos contra este desbaratamiento del derecho. No me vengan con números; explíquenme por qué viene esto. ¿Por la presentación del Colegio? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros esta pelea con (el gobernador José) Alperovich?", preguntó.
Penna Bores propuso formular una acción penal por supuesta defraudación contra los legisladores que sancionaron la norma y, en especial, contra los que son abogados; también sugirió que el Colegio los sancione "de por vida". La moción, finalmente, no prosperó.