17 Febrero 2008 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Como en todos los grupos que deciden cosas hay halcones y palomas, el gobierno nacional intentará sumar voluntades en la ciudad de Gualeguaychú para que en una futura asamblea se decida “democráticamente” el levantamiento de los cortes. Palabras más, palabras menos, éste fue el pícaro comentario que le hizo a DyN una fuente gubernamental, tras la reunión (tensa y extensa) que el jueves mantuvieron los representantes de los asambleístas con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, encuentro que dejó mucha tela para cortar.
“Aun si la Presidenta nos lo pidiera, no podríamos decir que sí, ya que es algo que se decidió en conjunto y nosotros se lo tendremos que plantear a la asamblea para que vuelva a expresarse”, dijo uno de los asistentes antes de entrar al encuentro presidencial. Como en este punto está la clave del problema, la decisión sería hacer una campaña casa por casa en Gualeguaychú, para convencer a los menos radicalizados para que participen y volteen la decisión de corte que ya lleva casi 15 meses. La misma Presidenta se los dijo bocajarro a sus visitantes, para que no quedaran dudas: “estoy en contra de los cortes” y a la vez le dijo que “no” a cada una de las propuestas que le hicieron para tensar más la cuerda.
Para el interlocutor, este procedimiento, que los sindicalistas conocen muy bien aunque con métodos más violentos, ya que su especialidad es el copamiento de las asambleas para torcer la voluntad de quienes allí debaten, es una alternativa válida, “sobre todo porque en Gualeguaychú ganamos por más de 35 puntos de ventaja”. La idea es convencer con argumentos a esos votantes, para que a la hora de levantar la mano sean más que los pocos que habitualmente manejan la situación.
Sin embargo, el punto central de todo este galimatías es el espacio que el Estado ha cedido en la materia, debido a una situación de afinidad ideológica de los actuales gobernantes, quienes dicen creer en la “democracia” asambleística en todos los ámbitos. En contrapartida, puertas adentro, el Gobierno conserva la matriz del anterior, un estilo muy cerrado de conducción del país, sin reuniones de gabinete, ni debates en serio en el Congreso.
Dicen también en su entorno que la Presidenta no se atrevió a ordenar el cese de los cortes para evitarse un “no” que mengüe su don de mando, pero ocurre que en todos lados los gobernantes tienen la potestad de ordenar y para evitar las arbitrariedades disponen del anclaje de la Ley, ya que todo lo que imponen debe estar sujeto a derecho y allí no hay escapatoria para nadie, ni autoridad que se erosione. Probablemente, la orden no se dio, no por lo que se ha dicho, sino para no tener que llegar a la última instancia de la cadena legal, el desalojo de la ruta ordenado por un juez, que le traiga más dolores de cabeza al Ejecutivo, sobre todo a la hora de explicarle la situación a ciertos aliados que seguramente no entenderían razones y calificarían el hecho como de “represión salvaje”.
El caso de Gualeguaychú no resulta algo aislado, ya que se asimila muy bien a otras manifestaciones que copan calles y rutas en todo el país o a las llamadas organizaciones sociales que avanzan contra los derechos y el patrimonio de otros ciudadanos, todas manifestaciones que el Gobierno viene tolerando de antaño, con suerte diversa, aunque muchas de ellas desafían y hasta degradan la investidura presidencial o, como este caso, se comprometan las relaciones exteriores de la Argentina, por otra parte no demasiado lúcidas durante los últimos tiempos.
En este rubro hay que incluir la falta de tacto para comunicar el nombre del futuro embajador en el Vaticano, Alberto Iribarne, a quien se lo ha rechazado más por las formas de esa comunicación que por ser divorciado, el modo en que se manejó la crisis con los EE.UU., tras el episodio de la valija y hasta la próxima visita de Cristina a Venezuela (“agendada, pero no confirmada”, dicen aquí), que acaba de anunciar unilateralmente Hugo Chávez, para firmar acuerdos de un canje de alimentos por petróleo cerrado esta última semana por Julio De Vido. O es una pillería de Chávez para meter baza en el acercamiento con los Estados Unidos o es algo que acordó el ministro de Planificación, sin la venia del canciller.
Falta de coordinación
Para dar una referencia más acabada de los desaguisados de la política exterior (o de la falta de coordinación que muestra el Gobierno) basta como muestra el botón de la llegada del presidente de Guinea Ecuatorial, quien vino a hacer negocios petroleros con el mismo De Vido, mientras que alguien aquí decidió martirizar a la Presidenta con una agenda oficial que la puso en el centro de la escena y que la obligó a levantar el dedo admonitorio para señalarle públicamente al visitante que en la Argentina se conoce su nulo apego por los derechos humanos.
En paralelo, en el Congreso, apenas se logró reunir un número muy pequeño de legisladores oficialistas para brindarle honores, a quienes se sumó un solo radical, quien no se privó de decirle en la cara al guineano lo irritante que resultaba su presencia. Por la noche, en el Palacio San Martín hubo una cena formal, con caras muy largas y hasta con la ausencia del esposo de la Presidenta, tal como el protocolo lo exigía.
Todo fue muy mal planeado y peor ejecutado, con la posibilidad de que los acuerdos firmados no se pongan en marcha jamás, tras un vodevil que se podía haber resuelto bajo el carácter de “visita no oficial”, visita que la Presidenta justificó diciendo que el africano también había ido a Brasil a ver al presidente Lula.
El caso de Gualeguaychú y la visita del presidente de Guinea tuvieron como punto en común la coherencia de la Casa Rosada, que subordina en toda ocasión la política real a cuestiones ideológicas. La prueba está en que Cristina hace siempre todo lo que puede para no quedar mal ante ciertos sectores que apoyan a rajatabla sus concepciones sobre derechos humanos (o viceversa), aunque en lo interno, estas premisas hayan derivado en políticas laxas en materia de seguridad, que hoy están dejando a buena parte de la población a merced de los delincuentes.
Al respecto, algún defensor de la cita “los ejemplos vienen de arriba para abajo” bien podría señalar que la falta de respeto hacia las autoridades constituidas, que incluye una importante dosis de anomia jamás reencauzada, junto a un garantismo in crescendo por parte de la Justicia, ha contribuido a potenciar la inseguridad en la Argentina.
Es verdad que el caldo de cultivo del problema ha sido la situación social, el hambre y la falta de educación en que se ha sumido a la juventud, demolida por la desesperanza y la droga, situación que no se revierte, sino más bien que está desmadrada, pese a los indicadores económicos refulgentes que se muestran a diario, pero también es cierto que las personas tienen cada vez más temor, porque la vida cada vez vale menos y que poco se hace por acotar el problema.
La manifestación más patente de este preocupante fenómeno es el Conurbano, aunque toda la provincia de Buenos Aires está en terapia intensiva en materia de seguridad desde hace varios años, ya que la administración Solá-Arslanian poco consiguió al respecto. Sin embargo, lo grave del tema ha servido durante los últimos días para un propósito subalterno, digno de las bajezas de la política: la operación para marcarle la cancha a Daniel Scioli, a partir de los tiros por elevación que ha recibido desde las críticas que se le hacen a su secretario de Seguridad, Carlos Stornelli a quien las usinas del kirchnerismo dan por renunciado.
Es inevitable no emparentar esta movida contra Scioli, a quien se lo acusa también de haber nombrado segundas líneas “noventistas”, con el cerco que se le está imponiendo al gobernador, para mantenerlo cada día más sometido al poder central, en un cuadro en el que él tampoco ayuda, ya que su modo de gobernar se asemeja más al de un director técnico de fútbol “motivador” (el mismo Scioli reconoce que ésta es su característica más saliente) que aún está en campaña (crítica recurrente de Jorge Macri), que al de un ejecutivo con don de mando, que tiene que tomar decisiones en caliente.
En materia partidaria, otra de las tenazas de la misma pinza, los asesores del gobernador explican lo inexplicable cuando dicen que Scioli conseguirá finalmente un puesto relevante dentro de la estructura orgánica del PJ que está armando Néstor Kirchner, como si un lugar en el Consejo o en la Mesa de Conducción pudiera torcer las directivas que saldrán del pequeño círculo que manejará el partido, con elecciones o sin ellas.
Pedido desesperado
En este punto, Roberto Lavagna acaba de ser enfático a la hora de pedir “democracia” interna, ya que huele que será relegado a un mero sillón formal, después de que se lo utilizó en una operación que dejó por el suelo su imagen. Aunque no se jugó por solicitar elecciones, quiso marcar ciertos principios cuando dijo que eso significaba “espacio para los disensos”. Sin embargo, en el kirchnerismo literalmente “se mueren” porque haya comicios internos, para que la masa de afiliados convalide por abrumadora mayoría al ex presidente y para que nadie tenga derecho a dudar. Es lo que hace que Francisco de Narváez dude si prestarse al juego o quedarse afuera.
Para salir del ojo de la tormenta, y quizás porque ha mirado las barbas de Scioli arder, Mauricio Macri optó por bajar totalmente el perfil y le ha dado orden a toda su tropa de evitar confrontar con el gobierno central, quizás como un resabio de la reunión que tuvo hace unos días con Alberto Fernández, pero también por prudencia, para no irritar al león. Aunque desde el Congreso, muchos senadores kirchneristas ya han afirmado que se opondrán de plano a resignar fondos en provecho de la Capital, él dice que seguirá peleando por la transferencia de recursos para solventar la Policía, aunque mientras tanto ha mandado un proyecto a la Legislatura para que el distrito tenga una fuerza de seguridad propia.
En relación al futuro de Daniel Scioli, algunos observadores más desapasionados entienden que el propósito de aislamiento y control, que ejercen Florencio Randazzo desde Interior, Alberto Ballestrini, su vicegobernador, y los intendentes más afines al kirchnerismo (no el de Pinamar, desde ya, a quien parece que nadie lo conoce) será implacable de aquí en más y que el gobernador bonaerense deberá acostumbrarse a convivir con esa marcación hombre a hombre o dar un paso al costado. (DyN)
“Aun si la Presidenta nos lo pidiera, no podríamos decir que sí, ya que es algo que se decidió en conjunto y nosotros se lo tendremos que plantear a la asamblea para que vuelva a expresarse”, dijo uno de los asistentes antes de entrar al encuentro presidencial. Como en este punto está la clave del problema, la decisión sería hacer una campaña casa por casa en Gualeguaychú, para convencer a los menos radicalizados para que participen y volteen la decisión de corte que ya lleva casi 15 meses. La misma Presidenta se los dijo bocajarro a sus visitantes, para que no quedaran dudas: “estoy en contra de los cortes” y a la vez le dijo que “no” a cada una de las propuestas que le hicieron para tensar más la cuerda.
Para el interlocutor, este procedimiento, que los sindicalistas conocen muy bien aunque con métodos más violentos, ya que su especialidad es el copamiento de las asambleas para torcer la voluntad de quienes allí debaten, es una alternativa válida, “sobre todo porque en Gualeguaychú ganamos por más de 35 puntos de ventaja”. La idea es convencer con argumentos a esos votantes, para que a la hora de levantar la mano sean más que los pocos que habitualmente manejan la situación.
Sin embargo, el punto central de todo este galimatías es el espacio que el Estado ha cedido en la materia, debido a una situación de afinidad ideológica de los actuales gobernantes, quienes dicen creer en la “democracia” asambleística en todos los ámbitos. En contrapartida, puertas adentro, el Gobierno conserva la matriz del anterior, un estilo muy cerrado de conducción del país, sin reuniones de gabinete, ni debates en serio en el Congreso.
Dicen también en su entorno que la Presidenta no se atrevió a ordenar el cese de los cortes para evitarse un “no” que mengüe su don de mando, pero ocurre que en todos lados los gobernantes tienen la potestad de ordenar y para evitar las arbitrariedades disponen del anclaje de la Ley, ya que todo lo que imponen debe estar sujeto a derecho y allí no hay escapatoria para nadie, ni autoridad que se erosione. Probablemente, la orden no se dio, no por lo que se ha dicho, sino para no tener que llegar a la última instancia de la cadena legal, el desalojo de la ruta ordenado por un juez, que le traiga más dolores de cabeza al Ejecutivo, sobre todo a la hora de explicarle la situación a ciertos aliados que seguramente no entenderían razones y calificarían el hecho como de “represión salvaje”.
El caso de Gualeguaychú no resulta algo aislado, ya que se asimila muy bien a otras manifestaciones que copan calles y rutas en todo el país o a las llamadas organizaciones sociales que avanzan contra los derechos y el patrimonio de otros ciudadanos, todas manifestaciones que el Gobierno viene tolerando de antaño, con suerte diversa, aunque muchas de ellas desafían y hasta degradan la investidura presidencial o, como este caso, se comprometan las relaciones exteriores de la Argentina, por otra parte no demasiado lúcidas durante los últimos tiempos.
En este rubro hay que incluir la falta de tacto para comunicar el nombre del futuro embajador en el Vaticano, Alberto Iribarne, a quien se lo ha rechazado más por las formas de esa comunicación que por ser divorciado, el modo en que se manejó la crisis con los EE.UU., tras el episodio de la valija y hasta la próxima visita de Cristina a Venezuela (“agendada, pero no confirmada”, dicen aquí), que acaba de anunciar unilateralmente Hugo Chávez, para firmar acuerdos de un canje de alimentos por petróleo cerrado esta última semana por Julio De Vido. O es una pillería de Chávez para meter baza en el acercamiento con los Estados Unidos o es algo que acordó el ministro de Planificación, sin la venia del canciller.
Falta de coordinación
Para dar una referencia más acabada de los desaguisados de la política exterior (o de la falta de coordinación que muestra el Gobierno) basta como muestra el botón de la llegada del presidente de Guinea Ecuatorial, quien vino a hacer negocios petroleros con el mismo De Vido, mientras que alguien aquí decidió martirizar a la Presidenta con una agenda oficial que la puso en el centro de la escena y que la obligó a levantar el dedo admonitorio para señalarle públicamente al visitante que en la Argentina se conoce su nulo apego por los derechos humanos.
En paralelo, en el Congreso, apenas se logró reunir un número muy pequeño de legisladores oficialistas para brindarle honores, a quienes se sumó un solo radical, quien no se privó de decirle en la cara al guineano lo irritante que resultaba su presencia. Por la noche, en el Palacio San Martín hubo una cena formal, con caras muy largas y hasta con la ausencia del esposo de la Presidenta, tal como el protocolo lo exigía.
Todo fue muy mal planeado y peor ejecutado, con la posibilidad de que los acuerdos firmados no se pongan en marcha jamás, tras un vodevil que se podía haber resuelto bajo el carácter de “visita no oficial”, visita que la Presidenta justificó diciendo que el africano también había ido a Brasil a ver al presidente Lula.
El caso de Gualeguaychú y la visita del presidente de Guinea tuvieron como punto en común la coherencia de la Casa Rosada, que subordina en toda ocasión la política real a cuestiones ideológicas. La prueba está en que Cristina hace siempre todo lo que puede para no quedar mal ante ciertos sectores que apoyan a rajatabla sus concepciones sobre derechos humanos (o viceversa), aunque en lo interno, estas premisas hayan derivado en políticas laxas en materia de seguridad, que hoy están dejando a buena parte de la población a merced de los delincuentes.
Al respecto, algún defensor de la cita “los ejemplos vienen de arriba para abajo” bien podría señalar que la falta de respeto hacia las autoridades constituidas, que incluye una importante dosis de anomia jamás reencauzada, junto a un garantismo in crescendo por parte de la Justicia, ha contribuido a potenciar la inseguridad en la Argentina.
Es verdad que el caldo de cultivo del problema ha sido la situación social, el hambre y la falta de educación en que se ha sumido a la juventud, demolida por la desesperanza y la droga, situación que no se revierte, sino más bien que está desmadrada, pese a los indicadores económicos refulgentes que se muestran a diario, pero también es cierto que las personas tienen cada vez más temor, porque la vida cada vez vale menos y que poco se hace por acotar el problema.
La manifestación más patente de este preocupante fenómeno es el Conurbano, aunque toda la provincia de Buenos Aires está en terapia intensiva en materia de seguridad desde hace varios años, ya que la administración Solá-Arslanian poco consiguió al respecto. Sin embargo, lo grave del tema ha servido durante los últimos días para un propósito subalterno, digno de las bajezas de la política: la operación para marcarle la cancha a Daniel Scioli, a partir de los tiros por elevación que ha recibido desde las críticas que se le hacen a su secretario de Seguridad, Carlos Stornelli a quien las usinas del kirchnerismo dan por renunciado.
Es inevitable no emparentar esta movida contra Scioli, a quien se lo acusa también de haber nombrado segundas líneas “noventistas”, con el cerco que se le está imponiendo al gobernador, para mantenerlo cada día más sometido al poder central, en un cuadro en el que él tampoco ayuda, ya que su modo de gobernar se asemeja más al de un director técnico de fútbol “motivador” (el mismo Scioli reconoce que ésta es su característica más saliente) que aún está en campaña (crítica recurrente de Jorge Macri), que al de un ejecutivo con don de mando, que tiene que tomar decisiones en caliente.
En materia partidaria, otra de las tenazas de la misma pinza, los asesores del gobernador explican lo inexplicable cuando dicen que Scioli conseguirá finalmente un puesto relevante dentro de la estructura orgánica del PJ que está armando Néstor Kirchner, como si un lugar en el Consejo o en la Mesa de Conducción pudiera torcer las directivas que saldrán del pequeño círculo que manejará el partido, con elecciones o sin ellas.
Pedido desesperado
En este punto, Roberto Lavagna acaba de ser enfático a la hora de pedir “democracia” interna, ya que huele que será relegado a un mero sillón formal, después de que se lo utilizó en una operación que dejó por el suelo su imagen. Aunque no se jugó por solicitar elecciones, quiso marcar ciertos principios cuando dijo que eso significaba “espacio para los disensos”. Sin embargo, en el kirchnerismo literalmente “se mueren” porque haya comicios internos, para que la masa de afiliados convalide por abrumadora mayoría al ex presidente y para que nadie tenga derecho a dudar. Es lo que hace que Francisco de Narváez dude si prestarse al juego o quedarse afuera.
Para salir del ojo de la tormenta, y quizás porque ha mirado las barbas de Scioli arder, Mauricio Macri optó por bajar totalmente el perfil y le ha dado orden a toda su tropa de evitar confrontar con el gobierno central, quizás como un resabio de la reunión que tuvo hace unos días con Alberto Fernández, pero también por prudencia, para no irritar al león. Aunque desde el Congreso, muchos senadores kirchneristas ya han afirmado que se opondrán de plano a resignar fondos en provecho de la Capital, él dice que seguirá peleando por la transferencia de recursos para solventar la Policía, aunque mientras tanto ha mandado un proyecto a la Legislatura para que el distrito tenga una fuerza de seguridad propia.
En relación al futuro de Daniel Scioli, algunos observadores más desapasionados entienden que el propósito de aislamiento y control, que ejercen Florencio Randazzo desde Interior, Alberto Ballestrini, su vicegobernador, y los intendentes más afines al kirchnerismo (no el de Pinamar, desde ya, a quien parece que nadie lo conoce) será implacable de aquí en más y que el gobernador bonaerense deberá acostumbrarse a convivir con esa marcación hombre a hombre o dar un paso al costado. (DyN)







