Sale off, liquidación de inmuebles oficiales

Memoria: edificio de un alto contenido simbólico, la dependencia de la Dirección General de Rentas (Maipú esquina San Martín), se encuadra dentro de las edificaciones que tenían que ser incorporadas a nuestro patrimonio arquitectónico.

No bien empezó el siglo XXI, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo realizó un relevamiento de edificios públicos y describió con el texto precedente la importancia que tenía para el Gobierno el edificio de Rentas. La descripción pasaría como una simple anécdota de la gestión de Julio Miranda si ese informe, que describe el estado y las dimensiones de 75 propiedades oficiales, no hubiera sido firmado por el entonces ministro de Economía, José Alperovich. Un año después de ese relevamiento, el Poder Ejecutivo acelera sus intenciones de desprenderse de los inmuebles, sin tomar en cuenta el valor histórico y arquitectónico de los edificios. Por esas cosas de la vida, la Casa de Gobierno no fue incluida en el Sistema Alternativo de Pago de Infraestructura Pública, una ley vigente desde 2001.
La norma (7.142), exceptuaba del sistema a los inmuebles destinados a establecimientos educativos, de salud y de seguridad, salvo que el proyecto contemplara obras que reemplazaran esos inmuebles y con el mismo fin. Pero en el artículo cuarto inciso b también se exceptuaba a aquellos edificios que hayan sido o que sean declarados por autoridad nacional, provincial o municipal parte del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural o que contribuyan a preservar el medio ambiente.
La crisis socioeconómica de fines de 2001 desplomó el sueño mirandista de enajenar bienes y de construir un Centro Cívico en la zona del parque 9 de Julio. Allí serían emplazadas las dependencias administrativas donde los tucumanos habitualmente hacen gestiones (por ejemplo, el Registro Civil, Catastro, el Registro Inmobiliario, entre tantas otras). Aquel proyecto no había surgido de la inspiración del entonces gobernador sino que fue alimentado por la Secretaría General de la Gobernación (en ese momento a cargo del actual legislador José Cúneo Vergés) y financiado por el Ministerio de Economía (conducido por Alperovich). El Centro Cívico de la Administración Pública, un proyecto encuadrado en el marco del proceso de modernización del Estado, sigue siendo hasta ahora una materia pendiente y de difícil concreción.

Ambición latente
Con el período posconvertibilidad y con un país en el sendero del crecimiento económico, Alperovich retomó aquella ambición mirandista de enajenar los bienes oficiales que, a criterio de la actual conducción política, no le sirven al Estado sencillamente porque están vetustos y a punto de desplomarse.
La primigenia ley de Activo por Activo fue modificada en 13 oportunidades. De esa manera se fue incluyendo inmuebles que -en definitiva- constituyen el legado de los antepasados para la actual y las futuras generaciones. Ese es el argumento que esgrimen distintas organizaciones intermedias durante las tradicionales marchas de los viernes y que fueron denominadas "Tucumán, no se vende".
Hoy, la gestión alperovichista puede gozar de los réditos generados por la venta de algunas propiedades oficiales. Haciendo un rápido ejercicio mental, hasta ahora, el Gobierno vendió a particulares las 1.168 hectáreas en la localidad de Overa Pozo (al grupo Los Balcanes de propiedad del empresario Jorge Rocchia Ferro) en casi $ 10 millones. También se desprendió de la sucursal Buenos Aires del ex Banco de la Provincia de Tucumán (BPT), en plena City porteña. Por esa propiedad, recibió del grupo Roggio unos $ 4,5 millones. En orden de importancia también enajenó la vieja plaza de estacionamiento de la casa central del ex BPT. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pagó cerca de $ 4 millones por un terreno donde se construirá la sucursal Tucumán del organismo federal.
Por el Activo por Activo, la actual gestión de gobierno recaudó no menos de $ 20 millones que fueron a parar a una cuenta especial, creada como decía la norma original. Con gran parte de los fondos acumulados, el Poder Ejecutivo está a punto de adquirir maquinarias pesadas que serán distribuidas en distintas reparticiones que dependen de la Secretaría de Obras Públicas. Se trata de una suma cercana a los $ 17,5 millones con los que se adquirirán topadoras, retroexcabadoras y palas mecánicas, entre otras maquinarias.
Como una topadora, el Gobierno avanza en su rol de Estado inmobiliario. Puso en liquidación propiedades que los expertos consideran las últimas joyas de la abuela. Lo malo sería de que se trate de una liquidación de temporada. Paralelamente, está a punto de inaugurar un moderno edificio para Rentas que, con todos los chiches, invirtió no menos de $ 10 millones. Ayer, la Legislatura le dio el visto bueno para avanzar con la expropiación del ex Hotel Corona, donde se instalarían reparticiones públicas, y que tendría un costo para el Estado no inferior a los $ 2,5 millones.
"El Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias a fin de que dicho casco urbano sea debidamente señalizado con sus referencias históricas, de ubicación y de todos aquellos testimonios arquitectónicos que justifiquen esta declaración", señala el artículo 2 de la Ley Nacional 25.275 que, en julio de 2000, declaró como ciudad histórica al casco urbano original de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Hasta ahora, la comisión de Tasación, integrada por profesionales y por funcionarios, no pudo avanzar con la determinación del valor de los edificios que constituyen el patrimonio arquitectónico. Tal vez esa tarea le resulte difícil, sencillamente porque el valor de los inmuebles trasciende lo estrictamente material del dominio, como lo enunciaron hace siete años los especialistas que relevaron las últimas joyas del Estado.