14 Febrero 2008 Seguir en 
El propósito del ex presidente Néstor Kirchner de reorganizar el Partido Justicialista, intervenido por decisión judicial hace más de dos años, le ha impuesto finalmente la necesidad de promover una reforma política que ponga fin al desorden partidario evidenciado en las últimas elecciones.
Las primeras manifestaciones que siguieron a esos anuncios están suscitando confusión en la medida en que sugieren un proyecto reformador del sistema de organizaciones políticas bajo pautas limitativas del número de agrupaciones y sus funcionamientos. La llamada “operación clamor” en el seno del oficialismo promoviendo inclusive la nominación como jefe del partido al propio Kirchner, comprende una serie de alternativas entre las que no figura alusión alguna al diálogo previo con otros sectores, etapa ineludible de una reforma de esa naturaleza.
Una reforma partidaria y electoral exige el procedimiento político elegido precisamente por el ex presidente a poco de asumir en 2003 para “ser parte de una reforma histórica”, cuando el Ministerio del Interior convocó a las diferentes dirigencias partidarias con un ambicioso temario de modernización democrática y pluralista, incluyendo a expertos. La iniciativa preveía elaborar uno o varios proyectos para la decisión del Congreso y un período de audiencias para delinearlos. Sin embargo, las subsiguientes etapas no se concretaron y la “reforma histórica” prometida se desvaneció.
Cuando se produjo aquella frustrada convocatoria se vivía un clima de diálogo entre las dirigencias políticas, pero los propósitos trasversalistas del kirchnerismo, que prefirió la prolongada intervención de su partido originario, terminaron con toda relación de trabajo en común. De ese modo no parece posible una discusión preparatoria conjunta sobre las coincidencias básicas que deberían producirse antes de remitir al Congreso las iniciativas reformadoras del sistema representativo. Es obvio, por lo demás, que en el Poder Legislativo opera una mayoría automática donde, a partir de la decisión del ex presidente de reorganizar al PJ se están produciendo públicas adhesiones a ese proyecto fuertemente personalista, en el que la pauta más insistente es reducir el número de partidos con el fin de que sean únicamente dos grandes sectores la expresión representativa del pluralismo democrático.
La reforma política, si alcanza lo más trascendente del sistema representativo, no debe dejar de promover la reafiliación de los partidos, cuyos viejos padrones no han sido actualizados desde la restauración democrática de 1983. Las internas abiertas obligatorias, anuladas hace un año, son otra exigencia ineludible por ser los partidos cauces obligados para la nominación de candidaturas. Tampoco deben ignorarse otras cuestiones tan fundamentales como la renovación de las dirigencias ni la apertura a la ciudadanía independiente para la selección de candidatos a cargos públicos. En la crisis política e institucional del país ha tenido considerable gravitación la inobservancia de esas reglas, que hizo de los partidos claustros herméticos y aparatos manipuladores de los grandes problemas públicos, y frustró las imprescindibles políticas de Estado. Esas condiciones mínimas de una reforma política hacen muy inquietantes los comentarios oficialistas sin el marco de un diálogo pluralista que un Congreso concesivo de superpoderes a sus promotores no parece dispuesto a practicar. La modernización del sistema representativo y de sus organizaciones intermedias, los partidos, mejor sugiere en los anuncios de sus adictos otro avance de la visión personalista que reduce la independencia de los poderes republicanos y asegura la continuidad en la gestión del Estado.
Las primeras manifestaciones que siguieron a esos anuncios están suscitando confusión en la medida en que sugieren un proyecto reformador del sistema de organizaciones políticas bajo pautas limitativas del número de agrupaciones y sus funcionamientos. La llamada “operación clamor” en el seno del oficialismo promoviendo inclusive la nominación como jefe del partido al propio Kirchner, comprende una serie de alternativas entre las que no figura alusión alguna al diálogo previo con otros sectores, etapa ineludible de una reforma de esa naturaleza.
Una reforma partidaria y electoral exige el procedimiento político elegido precisamente por el ex presidente a poco de asumir en 2003 para “ser parte de una reforma histórica”, cuando el Ministerio del Interior convocó a las diferentes dirigencias partidarias con un ambicioso temario de modernización democrática y pluralista, incluyendo a expertos. La iniciativa preveía elaborar uno o varios proyectos para la decisión del Congreso y un período de audiencias para delinearlos. Sin embargo, las subsiguientes etapas no se concretaron y la “reforma histórica” prometida se desvaneció.
Cuando se produjo aquella frustrada convocatoria se vivía un clima de diálogo entre las dirigencias políticas, pero los propósitos trasversalistas del kirchnerismo, que prefirió la prolongada intervención de su partido originario, terminaron con toda relación de trabajo en común. De ese modo no parece posible una discusión preparatoria conjunta sobre las coincidencias básicas que deberían producirse antes de remitir al Congreso las iniciativas reformadoras del sistema representativo. Es obvio, por lo demás, que en el Poder Legislativo opera una mayoría automática donde, a partir de la decisión del ex presidente de reorganizar al PJ se están produciendo públicas adhesiones a ese proyecto fuertemente personalista, en el que la pauta más insistente es reducir el número de partidos con el fin de que sean únicamente dos grandes sectores la expresión representativa del pluralismo democrático.
La reforma política, si alcanza lo más trascendente del sistema representativo, no debe dejar de promover la reafiliación de los partidos, cuyos viejos padrones no han sido actualizados desde la restauración democrática de 1983. Las internas abiertas obligatorias, anuladas hace un año, son otra exigencia ineludible por ser los partidos cauces obligados para la nominación de candidaturas. Tampoco deben ignorarse otras cuestiones tan fundamentales como la renovación de las dirigencias ni la apertura a la ciudadanía independiente para la selección de candidatos a cargos públicos. En la crisis política e institucional del país ha tenido considerable gravitación la inobservancia de esas reglas, que hizo de los partidos claustros herméticos y aparatos manipuladores de los grandes problemas públicos, y frustró las imprescindibles políticas de Estado. Esas condiciones mínimas de una reforma política hacen muy inquietantes los comentarios oficialistas sin el marco de un diálogo pluralista que un Congreso concesivo de superpoderes a sus promotores no parece dispuesto a practicar. La modernización del sistema representativo y de sus organizaciones intermedias, los partidos, mejor sugiere en los anuncios de sus adictos otro avance de la visión personalista que reduce la independencia de los poderes republicanos y asegura la continuidad en la gestión del Estado.
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