En el escrito por medio del que pidió que sea desestimada la denuncia formulada por el abogado Manuel Oscar Pérez (solicitó su destitución), José Antonio Barrozo, vocal de la Sala VI de la Cámara del Trabajo, efectuó una importante aclaración. "La ley aplicable al caso es la 6.374, vigente al momento del hecho, y no la posterior, la 7.977, promulgada por el Poder Ejecutivo el 21 de diciembre", destacó.
La precisión tiende a bloquear que la actuación en marcha sea concretada según los parámetros por medio de los que la Legislatura flexibilizó las condiciones para someter a un juez inferior a un proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la causal de incumplimiento de los deberes o retardo en los pronunciamientos.
El propio Barrozo destacó el cambio sustancial que se produjo. "La importancia de esta diferenciación consiste en que la primera ley (por la 6.374) exige que el retardo en el dictado de los pronunciamientos sea reiterado, lo que ha sido suprimido por la segunda (por la Ley 7.977)", dijo. En efecto, la nueva norma ya no exige la repetición, sino simplemente un incumplimiento o un simple retardo injustificado.
En relación con su situación, el vocal insistió: "no sólo no ha existido mora en el dictado de una sentencia por parte del suscripto sino que, para la formación del proceso de remoción, conforme la legislación a que está sometido mi caso, no basta con un mero retardo sino que debe ser reiterado".
Barrozo pedirá hoy la suspensión de términos hasta que no quede claro si la comisión de Juicio Político de la Legislatura cumplirá la función acusadora en los procesos ante el Jurado, lo que declaró inconstitucional la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
La precisión tiende a bloquear que la actuación en marcha sea concretada según los parámetros por medio de los que la Legislatura flexibilizó las condiciones para someter a un juez inferior a un proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la causal de incumplimiento de los deberes o retardo en los pronunciamientos.
El propio Barrozo destacó el cambio sustancial que se produjo. "La importancia de esta diferenciación consiste en que la primera ley (por la 6.374) exige que el retardo en el dictado de los pronunciamientos sea reiterado, lo que ha sido suprimido por la segunda (por la Ley 7.977)", dijo. En efecto, la nueva norma ya no exige la repetición, sino simplemente un incumplimiento o un simple retardo injustificado.
En relación con su situación, el vocal insistió: "no sólo no ha existido mora en el dictado de una sentencia por parte del suscripto sino que, para la formación del proceso de remoción, conforme la legislación a que está sometido mi caso, no basta con un mero retardo sino que debe ser reiterado".
Barrozo pedirá hoy la suspensión de términos hasta que no quede claro si la comisión de Juicio Político de la Legislatura cumplirá la función acusadora en los procesos ante el Jurado, lo que declaró inconstitucional la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.









