"Esta sentencia causará mucho debate político y académico"

Sigue cosechando elogios la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que, como concluyó que la Convención Constituyente se había extralimitado en sus facultades, declaró inconstitucionales varios artículos de la propia Carta Magna reformada en 2006. Desde Buenos Aires, sumó el suyo María Angélica Gelli, una de las más prestigiosas estudiosas del Derecho Constitucional. "Es muy interesante y, por cierto, merece varias lecturas y un estudio minucioso de los temas que analiza. Generará mucho debate académico y político, porque lo que decidió es trascendente", aseguró a LA GACETA.
Tres son las notas destacables del pronunciamiento, según la autora de "Constitución nacional comentada y concordada". "En primer lugar, la legitimación que le reconoció al Colegio de Abogados para articular la demanda, porque la fundó en el interés público de un órgano inherente a la administración de Justicia. Eso sin contar que, cualquiera que hubiera sido el resultado, ya era loable que el Colegio haya tenido un rol activo en una cuestión de tanta trascendencia", justificó.
En segundo lugar, la profesora de la Universidad de Buenos Aires puso énfasis en el control ejercido sobre el proceso de reforma constitucional. "Los jueces (Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello) fueron minuciosos en exigir el cumplimiento estricto del mandato de la ley (7.469) que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución; norma que es el antecedente insoslayable que habilitó los cambios, y que marcó los alcances y límites que tenía la Convención Constituyente", precisó.
Premiada con un Kónex en 2006, Gelli insistió: "como los camaristas consideraron que se había violado el procedimiento de la reforma, entendieron que varias disposiciones de la Constitución devinieron inválidas. En un país como el nuestro, acostumbrado a vivir al margen de la ley o de tergiversarla en su aplicación, es importante que se vele por su estricta observancia".

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En tercer lugar y de modo muy particular, la catedrática celebró que se haya declarado inconstitucional la parte del artículo 101, inciso 5, en la medida en la que faculta al Poder Ejecutivo a organizar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). "Fue una delegación en blanco que se hizo al gobernador y sin establecer ninguna pauta para que organice el CAM. Aunque la Ley 7.469 incluyó el CAM para favorecer la eficacia e independencia judicial, la delegación concretada por la Convención no va en ese sentido ni puede cumplir ese cometido. Las observaciones de los camaristas fueron muy atinadas. El CAM tiene sentido si no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, porque si lo hace significa que todo el poder para designar a los jueces radica en una persona: el gobernador", aseveró.
Galli vaticinó que es probable que la última palabra la tenga la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. "Es una cuestión típica de las provincias; es difícil que, eventualmente, la Corte federal habilite su tratamiento", dijo.
Una sola duda le suscita el fallo. "Es la impugnación de la posibilidad de que haya reformas constitucionales mediante enmiendas legislativas. Aunque los camaristas también invocan que en esto la Convención se extralimitó, hay que ver si (los vocales) no avanzaron sobre el contenido específico de la reforma en este tema", reconoció la tratadista.